El olvido de los acueductos rurales

La Defensoría del Pueblo advierte sobre las dificultades que afrontan los acueductos comunitarios en todo el país debido a la baja calidad del líquido y al poco apoyo del Estado.

Este es uno de los 11.200 acueductos comunitarios (Sincelejo)que se estima tiene el país. / Archivo
Este es uno de los 11.200 acueductos comunitarios (Sincelejo)que se estima tiene el país. / Archivo

Que cerca de doce millones de colombianos puedan tener acceso al agua en zonas rurales se debe en buena parte a la labor de los acueductos comunitarios. De lo contrario todavía estarían esperando que los acueductos municipales extendieran sus redes para prestarles el servicio, pues, según cifras del DANE, mientras la cobertura del servicio de acueducto en la zona urbana es del 96%, para la zona rural es apenas del 56,3%. Aunque poco se ha hablado del tema, se estima que en las zonas en las que el Estado tiene limitaciones para garantizar el derecho al agua, vive el 24% de la población.

Sin embargo, un reciente informe de la Defensoría del Pueblo, que conoció El Espectador, revela que las dificultades para potabilizar el agua debido a la falta de infraestructura y de recursos, además de las dificultades administrativas y operativas y la falta de una legislación propia para estos sistemas, son sólo algunas de las limitaciones que tienen los cerca de 11.200 acueductos comunitarios en el país (sólo en las áreas rurales de Bogotá hay 38). La cifra, sin embargo, podría ser mucho mayor debido a que los datos no se actualizan constantemente.

En cuanto a la calidad, un informe del Instituto Nacional de Salud (INS) señala que es evidente la diferencia en la calidad del agua que se suministra en las zonas urbanas y las rurales del país. Mientras en el resto del país el riesgo de contraer alguna enfermedad relacionada con el consumo de agua es medio (ver gráfico), en las zonas rurales es alto. Es más, según Gerardo Nava, director del grupo de Salud Ambiental del INS, en algunas zonas la calidad del agua es tan baja que es inviable sanitariamente.

Sumado a esto, según el DANE, mientras en las zonas urbanas la cobertura es del 90%, en la zona rural no supera el 15%. Sin embargo, , el informe de la Defensoría reconoce “la capacidad de las comunidades para prestar el servicio y su organización a través de los años para construir alternativas para abastecer de agua a la población”.

Aunque a primera vista la llegada de acueductos privados podría ser la solución, los asociados a este tipo de sistemas le apuestan a seguir prestando el servicio. Así lo resume Javier Márquez, investigador de la Corporación Penca de Sábila, que apoya el proceso de la Red Nacional de Acueductos Comunitarios: “En la ruralidad los acueductos comunitarios están garantizando el derecho al agua. Fortalecer ese esquema descentralizado es la mejor manera de garantizar agua de calidad para todos”. Además subraya la importancia de que sean las propias comunidades las que continúen con el servicio.

“No nos interesa que sean organizaciones rentables, no hay intereses económicos. Buscamos llevar agua a todos los pobladores”, señala Janio Zúñiga, miembro de uno de los acueductos comunitarios de Cauca. Por ejemplo, actualmente en Nariño una familia puede pagar menos de $50.000 al año por el agua, y los recursos se invierten en el mantenimiento.

Otro de los desafíos, explica Márquez, es que el Gobierno reconozca una nueva legislación para este servicio: “No es lo mismo potabilizar el agua en La Guajira que en Nariño, por lo que no se puede trabajar con los mismos patrones. El Gobierno debería poner atención a este tema porque los acueductos comunitarios no son empresas, son instituciones de economía solidaria, gestores comunitarios”.

Al respecto, la Defensoría es enfática: “Es necesaria una legislación construida conjuntamente, que se ajuste a las particularidades, necesidades y fortalezas de estos prestadores”. Además recomienda al Estado apoyar el mejoramiento de la infraestructura y que se estudie la posibilidad de incluir incentivos para que las comunidades sigan prestando el servicio con mejor calidad. La respuesta del viceministro de Agua, Iván Mustafá, es que este año se invertirán $100.000 millones en el programa de acueductos rurales y que la idea es aumentar el acompañamiento.

Danilo Urrea, investigador de la corporación Censat Agua Viva, asegura que los acueductos comunitarios tienen una alto potencial: “Han trabajado históricamente con la inasistencia del Estado y han logrado mantener condiciones de vida en zonas de muchas dificultades. Además realizan un ejercicio de protección territorial y del ciclo hidrológico”.