Guía para tratar el consumo de drogas

Colombia ya no es sólo un país productor sino consumidor. La tendencia de las políticas públicas ha sido el control de la oferta de drogas.

Que Colombia ya no es sólo un país productor sino consumidor y que la tendencia de las políticas públicas ha sido el control de la oferta de drogas, criminalizando a los usuarios y con “limitadas” respuestas en la mitigación del problema, son las consideraciones que tuvieron en cuenta el Gobierno y el Congreso para impulsar la Ley 1566 de 2012, que convirtió el consumo de sustancias ilícitas en un asunto de salud pública.

El pasado lunes el Ministerio de Salud hizo pública una cartilla dirigida a usuarios, familias, instituciones, profesionales de la salud e investigadores y que pretende explicar cuáles son las obligaciones del sistema de salud y los derechos de los consumidores de drogas.

Uno de los grandes avances de la ley es que “le pide al sistema de salud, y a los médicos, que le ofrezca al consumidor respuestas distintas a la abstención. Por ejemplo, abre paso a que el sistema implemente la reducción de riesgo y daño en personas que consumen de forma recreativa y que no tienen problemas derivados de su consumo y se preocupan por su salud”, dice Julián Quintero, director de la Corporación Acción Técnica Social, que ha diseñado junto al Estado procesos de prevención.

Sin embargo, el desafío más importante de la ley es convertirse en una realidad. Primero, que sea reglamentada por el Congreso y, luego, que no quede como un simple instrumento de los usuarios para garantizar legalmente el acceso a consultas o tratamientos especializados frente a las EPS. Esta ley demanda del Estado la inversión de grandes recursos en prevención, mitigación y capacidad de respuesta. Es decir, robustecer la institucionalidad para la prevención y la atención, a cambio de la interdicción y persecución enmarcadas en la guerra contra las drogas.

La ley asegura un abordaje integral que pasa por la articulación de entidades como el Sena, el Ministerio de Trabajo y la sociedad civil, en una salida que, más allá del derecho a la salud, promete trabajo y educación . “Yo quisiera ver con qué facilidad se va a aplicar esto en lo local para articular las instituciones. Los consumidores de drogas tienen los mismos problemas del grueso de la sociedad, pero agudizados por el estigma; más si son habitantes de calle. ¿Cómo se van a diseñar rutas para personas consumidoras y para población tan vulnerable como la que está en la calle?”, se pregunta Susana Fergusson, el cerebro detrás de políticas como los centros de escucha para usuarios de drogas.

Otro de los interrogantes que abre la aplicación de esta ley es si proyectos alternativos en mitigación, como el uso de cannabis medicinal para reducir riesgos asociados al consumo de bazuco u otras sustancias, serán validados por el Estado. “Si una persona que consume bazuco se estabiliza con marihuana y puede emprender un proyecto de vida, ¿no es eso, terapéuticamente, un éxito? Probablemente, así hoy no esté legalmente validado como una opción en salud, es mejor que adormecerlos o bajarles a la intensidad cerebral con medicamentos sin garantía de éxito y con peores secuelas que los canabinoides. Cuando esta ley se reglamente vamos a saber si es posible”, concluye Fergusson.

Son muchas las puertas de debate que se abren con esta ley. El tiempo apremia, pues el consumo sigue escalando. El Ministerio de Salud sabe que gran parte de los cerca de 235.000 colombianos que tienen dependencia al bazuco, la cocaína o la marihuana y los 63.000 consumidores abusivos de alguna de esas sustancias son un problema de salud pública.

csegura@elespectador.com

@CamiloSeguraA

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