ICBF en el ojo del huracán

Al perder el control de los centros de reclusión para menores, la emblemática institución dejó ver que esa podría no ser su única debilidad. El Partido Verde pide explicaciones sobre contratación.

No es un buen momento para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, una de las instituciones más emblemáticas de Colombia y también una de las más poderosas, con un presupuesto de contratación que ronda los 3,1 billones de pesos.

La semana pasada el Gobierno decidió quitarle la administración de los centros de reclusión y resocialización de menores infractores para encargárselos al Ministerio de Justicia. Y, mientras se da esta transición, la representante a la Cámara Ángela María Robledo anunció un debate para revisar las irregularidades “que se vienen presentando en la contratación de alimentos”.

La decisión del Gobierno de quitarle el control de los centros para jóvenes infractores estuvo precedida de una serie de escándalos públicos. El pasado 13 de agosto, cien adolescentes se fugaron del Centro Valle de Lili, en Cali. Al ser cuestionado por el hecho, el ICBF explicó que la seguridad del centro no es responsabilidad de esta institución sino de la Policía y, en respuesta, el coronel Eliécer Gutiérrez aseguró que su tarea era la vigilancia externa y no el control interno del centro.

Pocos días más tarde, el 21 de agosto, se conoció la noticia de un menor que apareció ahorcado en su dormitorio en el mismo centro de reeducación. Y el 2 de septiembre la ciudad se escandalizó con este titular en los periódicos: “Internos abusaron de menor recluido en el centro de adolescentes Buen Pastor”.

Los mismos problemas de Cali se han observado en otras ciudades, señales de que no se trata de un problema regional. En Pereira, en el Centro de Reeducación y Resocialización Marceliano Ossa, cerca de cien jóvenes se declararon en huelga de hambre hace unos meses en protesta por el hacinamiento, y en Bogotá 30 menores de la Fundación Niños de los Andes protagonizaron una fuga de película a finales de mayo.

La directora del ICBF, María Elvira Forero, ha sido enfática al señalar a la Policía y no a sus funcionarios como los responsables del desorden en la seguridad. Francia Elena López, subdirectora de responsabilidad penal del ICBF (ver entrevista), recuerda que no era función de la institución “determinar el número de agentes de policía ni la estrategia de seguridad”.

Debate de control político

Mientras el Gobierno busca llevar sus promesas de seguridad a los centros de reclusión, la representante Ángela María Robledo no se cansa de insistir en que el problema es más hondo: “El ICBF parece más una gran empresa contratista que una institución garante de los derechos de la infancia, la vejez y la familia. Pareciera que la misión del ICBF es contratar, contratar y contratar y no garantizar, alimentar y proteger a la población más pobre y vulnerable”.

Si bien el debate aún no tiene asignada una fecha, Robledo ha dicho que el ICBF tendrá que explicar con claridad por qué en los últimos cuatro años la contratación con la empresa Cooprosperar, asociada al exsenador Efraín Torrado y su familia, ascendió a $55.577 millones de pesos, pese a las repetidas denuncias de ineficiencia.

La pregunta es si el ICBF podrá demostrar su transparencia durante estos últimos ocho años o pasará a la lista de entidades cuestionadas por sus malos manejos. Y, por otra parte, si un cambio administrativo de los centros de reclusión es la medicina contra la violencia y el crimen entre los jóvenes colombianos.

ICBF: “Unos 300 jóvenes infractores están en lista de espera”

Francia Elena López, subdirectora de responsabilidad penal del ICBF, explicó cuál es la situación de estos centros.

¿Cuáles son las razones que han generado las revueltas?
Los jóvenes obviamente, al estar cumpliendo una medida de la privación de la libertad, quieren huir, evadir esas medidas, y esto se da por unas razones personales no por una deficiencia del servicio.

¿Quiénes son los responsables de esto?
La responsabilidad de la seguridad es de la Policía Nacional, pero hay un vacío en las normas porque no determinaron cómo hacerlo. Nuestro trabajo es determinar el modelo pedagógico de atención a los menores

¿Y cuál es la responsabilidad de los entes territoriales?
Hemos dicho que hay una ausencia de recursos por parte de éstos. Los municipios y las gobernaciones son los responsables de mantener la seguridad ciudadana, pero tampoco la ley es clara al determinar cuál es su competencia.

¿Qué está pasando en Cali, Medellín y Bogotá, donde es más grave la situación?
Es donde están los centros más grandes llegan jóvenes de otros municipios y a veces hasta de otros departamentos, y eso crea dificultades. También hay que reconocer que la oferta institucional se ha tornado insuficiente. Eso no significa que estemos ingresando a los centros más jóvenes de la capacidad asignada, pero los problemas de espacio sí han llevado a que tengamos una lista de espera de unos 300 menores que deben cumplir una medida.

¿La medida tomada por el Gobierno no se puede interpretar entonces como una falta de resultados del ICBF en el tema?
Insisto en que la competencia del ICBF es garantizar y restablecer los derechos de los niños. La responsabilidad no es atender la seguridad de los centros ni mantener los cupos para la atención de los menores.

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