Jueces que desangraron el sistema de salud

La historia de una cartagenera que tuvo el aval de tres juzgados para realizarse cirugías estéticas por casi $80 millones con plata del Estado.

El Gobierno ha reiterado que las decisiones equivocadas de jueces, que le exigieron al Estado financiar procedimientos excesivos de pacientes, contribuyeron a la crisis de la salud.  / 123rf
El Gobierno ha reiterado que las decisiones equivocadas de jueces, que le exigieron al Estado financiar procedimientos excesivos de pacientes, contribuyeron a la crisis de la salud. / 123rf

Por decisión de tres jueces de Cartagena, a Luz María*, quien trabaja en un juzgado de esa ciudad, se le han realizado con dineros del Estado una serie de cirugías plásticas y otros procedimientos que suman cerca de $79’000.000. Ese dinero —que fue invertido en servicios y fármacos no cubiertos por el plan de beneficios de salud porque tienen “fines estéticos”, como lo concluyó el Ministerio de Salud— equivale a la vacunación de 16.000 niños contra la polio, o a 4.166 citologías (que permitirían la detección temprana de cáncer de cuello uterino), 20.000 tratamientos con medicación oral en diabéticos, 40 cateterismos cardiacos, tres cirugías de corazón (bypass aortocoronarios), o el manejo hospitalario de 400 niños con enfermedad diarreica aguda.

Decisiones como las tomadas por estos tres jueces (de los juzgados Octavo Civil Municipal, Décimo Civil Municipal y Primero Civil del Circuito de Cartagena) han contribuido a la crisis de la salud. Estos excesos para unos pocos, con el amparo de la justicia, han sido decisivos en el hueco financiero que hoy atraviesa el sistema. El mismo presidente Juan Manuel Santos se refirió al tema el pasado fin de semana: “Hay que determinar cuáles son los derechos que tienen los colombianos frente a la salud. Terminar con que la salud la determinen o la impongan los jueces. Este es un debate muy importante”.

La primera decisión judicial que favoreció a Luz María tiene fecha de mayo de 2007. En ese momento un juez, en respuesta a una acción de tutela, obligó a la EPS Sura a realizarle un bypass gástrico. Según el médico cirujano Ricardo Lancheros, aunque esta cirugía para adelgazar no está contemplada en el plan de beneficios, en ocasiones es realmente necesaria para “contribuir al normal desempeño de vida del paciente. Sin embargo, cada caso debe analizarse individualmente”. Pero la decisión iba más allá: indicaba el nombre del cirujano que debía atender a la paciente (de nombre Gabriel Monterrosa Robinson), un médico que no pertenecía a la red de prestadores de la EPS Sura.

Y vinieron más decisiones cuestionables: en respuesta a una segunda acción de tutela (de julio de 2010) un juez obligó a la EPS a practicarle a Luz María otra serie de procedimientos que, a juicio del Minsalud, eran netamente “estéticos” (entre ellos la reconstrucción de mama bilateral, prótesis, lipectomía de cintura y gluteoplastia). Y nuevamente aparecía el nombre de Gabriel Monterrosa Robinson, como único cirujano que debía tratar a la paciente.

La historia continúa con las exigencias del médico a la EPS: le pide el pago anticipado de $17’000.000 para realizar la cirugía, “suma extraordinaria, dado que según referenciación con médico local, el valor por este procedimiento no excede los $5’000.000. El valor total de la cotización, incluyendo gastos de la clínica, asciende a $37’000.000”, reza un informe de la EPS. El médico cirujano Ricardo Lancheros asegura que “la mayoría de estas cirugías son de carácter estético”, pero insiste en que “no podría juzgar sin conocer los detalles del caso”. Entre las exigencias del juez están los procedimientos “lifting branquial, lifting crural y lifting axilar”, para eliminar la piel sobrante después de la pérdida de peso, y una gluteoplastia, para aumento de tamaño.

La EPS impugnó el fallo argumentando que “la mamoplastia y la gluteoplastia con colocación de prótesis solo persiguen un fin estético” y que el médico no pertenecía a la red de la EPS Sura, pero el fallo de segunda instancia confirma la decisión y señala que “las órdenes de cirugía deberán ser expedidas conforme lo ordene el médico tratante Gabriel Monterrosa Robinson, atendiendo a la evolución de la paciente, con el fin de no poner en riesgo la salud y vida de la actora...”.

Dice la EPS que “estaba dispuesta a cumplir” cuando el cirujano Monterrosa “presentó una propuesta de honorarios muy diferente a la tarifa de otros cirujanos en estos mismos procedimientos”. Y entonces aparece un incidente de desacato y una orden de arresto a Gina Corena, directora administrativa de EPS Sura Cartagena. Finalmente se logra un acuerdo con Monterrosa para que acepte operar con un anticipo del 50% de los $17’000.000. Y aquí va la historia.

Una de las propuestas que contempla la reforma a la salud, que el Gobierno radicaría el miércoles en el Congreso, es la ampliación del plan de beneficios, al que entrarían muchos de los medicamentos y procedimientos a los que hoy sólo pueden acceder los colombianos a través de la tutela. Así, se espera que la intermediación de los jueces sea mínima.

 

 

*Nombre cambiado

 

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