Medicamentos, un pasado sin regulación

Ya está listo el borrador de una nueva política de precios. Se tendrán en cuenta las referencias de diecisiete países, entre ellos EE.UU., Reino Unido y Australia, para fijar los valores de los monopólicos.

La queja ha sido reiterada. Colombia paga por algunos medicamentos más que Australia, Canadá, España, Estados Unidos, Inglaterra, Italia y Francia. La firma Econometría S.A. ha dicho que en nuestro país algunos fármacos son hasta 240% más costosos que en otras naciones. Y la Federación Médica Colombiana lo ratificó en su último informe: en el mercado colombiano existen productos con valores mucho más altos que en España. Un ejemplo es el rituximab, de Roche, que aquí tiene fijado un precio máximo de venta de $5’242.245, mientras en el país europeo tiene un precio de referencia equivalente a $3’000.664.

El Gobierno conoce esta realidad, porque sus mismos funcionarios son los que fijan esos valores máximos de ventas, a través de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos, que está conformada por los ministros de Salud y Comercio y un representante de la Presidencia. El Gobierno ha reconocido que es consciente de ello y para esto planea entregarle al país una nueva política de regulación de precios de medicamento y dispositivos médicos a finales de abril. Ya está listo el borrador y hasta el próximo jueves las partes interesadas podrán hacer sus observaciones.

En el documento sobresale una propuesta: por primera vez los valores de los fármacos monopólicos y cuasimonopólicos serán fijados por la Comisión teniendo como referencia los precios de diecisiete países: Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, Panamá, Perú, Uruguay, España, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá, Francia, Noruega, Alemania y Portugal. Naciones que fueron elegidas “de acuerdo con criterios de integración comercial, proximidad geográfica con Colombia, similitud en el grado de intervención económica general, pertenencia a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y disponibilidad de información”.

¿Cómo llegó Colombia hasta este escenario en el que a pesar de ser el mismo Gobierno el que fija los precios máximos de venta de los medicamentos monopólicos y cuasimonopólicos, se establecen valores más altos que los de países como España?

La respuesta está en una serie de decisiones tomadas desde 2003, cuando Diego Palacio llegó al Ministerio de Protección Social. A partir de ese momento comenzó una “política pública de favorecimiento a las farmacéuticas y desregulación de precios de medicamentos”, según ha denunciado la Federación Médica.

Bajo el mandato de Palacio se expidió la circular 04 de 2006 que permitió, por ejemplo, establecer un régimen general de “libertad vigilada” para todos los medicamentos que se comercializaban en el país (esta clasificación le permite al laboratorio establecer el precio del fármaco bajo la condición de estar informando periódicamente sus operaciones comerciales).

Es decir, con esta decisión del pasado gobierno se liberaron los precios de los productos que tenían una regulación más directa por parte del Estado, o porque estaban bajo la clasificación de “libertad regulada” (cuando una empresa ha tenido una falta, la Comisión podía sancionarla estableciendo unos precios máximos por un tiempo determinado) o de “control directo” (la Comisión es la única que puede fijar el precio máximo de venta).

Cuando llegó la administración de Juan Manuel Santos, se encontró con este escenario: una desregulación desmedida del mercado farmacéutico, liderada por el mismo Gobierno. Entonces, luego de varias resoluciones que fijaron Valores Máximos de Recobro (VMR), se expidió la circular 04 de 2012 que llevó 163 principios activos de mayor impacto en recobros al FOSYGA a régimen de control directo y les fijó Precios Máximos de Venta (PMV). El problema, como lo ha reiterado la Federación Médica, es que muchos de esos valores máximos que se fijaron (como en el caso del rituximab) siguen siendo más altos en Colombia que en países como España. La Federación calcula que esto ocurre en el 90% de los casos.

Fuentes cercanas al Gobierno han dicho que la tarea de volver a regular el sector de los medicamentos se ha hecho paulatinamente, teniendo en cuenta que la era de Palacio dejó unas reglas de juego liberales y blandas en este mercado. Para contrarrestarlo saldrá la nueva política, que ya está en borrador. En un primer análisis la Federación Médica dice que no se trata de “una gran regulación de precios”, sino de “unos ajustes al régimen de control directo”.

El director del Observatorio del Medicamento de la Federación, Óscar Andia, asegura que este borrador parece eliminar el régimen de libertad regulada (porque no la menciona) y además elimina el espíritu del régimen de “control directo universal y automático”, que establecía que todos los fármacos con menos de tres oferentes en el mercado, que podían abusar de su posición monopólica, entraban de manera automática al control de precios de la Comisión. En 2006, también durante la era de Diego Palacio en el Ministerio, salió una circular que dejó casi sin piso esta figura, ya que ponía unas exigencias “muy complejas” para que un medicamento entrara a ser de control directo y universal.

 

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