Palacino pide ser "reparado" con $1.500 millones

Pide indemnización por perjuicios causados desde que se intervino la EPS en 2011.

Hasta mayo de 2011, cuando fue separado de su cargo como presidente de la EPS Saludcoop, Carlos Gustavo Palacino tenía un salario mensual de $91’000.000 y recibía también un aporte adicional (que en los documentos oficiales aparece como “8% de aporte patronal fondo mutuo”) de $7’280.000.

Dos años y siete meses después la EPS sigue en manos de la Superintendencia de Salud, que decidió intervenirla por “la falta de confiabilidad en sus manejos contables”, y Palacino pretende recuperar el dinero que ha dejado de ganar a través de una demanda contra la Supersalud, que acaba de ser admitida por el Consejo de Estado.

Sus pretensiones son esencialmente dos: que se le restituyan $1.500 millones que representan “todos los dineros que hubiese recibido por sus servicios como presidente y representante legal de Saludcoop” y que se levante inmediatamente la intervención.

Sobre la primera, se señala que el pago de esa cifra llevaría a una “reparación integral tanto por perjuicios materiales como morales”. En la demanda, que firma su abogado Hernán Gonzalo Jiménez, se detallan, mes a mes, las sumas que Palacino habría recibido si siguiera al frente de la EPS (ver facsímil).

El cálculo va sólo desde mayo de 2011 (momento de la intervención) hasta julio de 2012 y el total exacto es $1.498’278.600. Sin embargo, en la demanda se aclara que el Tribunal deberá ordenar la restitución de los dineros no sólo hasta julio de 2012, sino hasta la fecha en que se dé el fallo.

La segunda pretensión —de que se levante la intervención, se le restituya a Palacino su condición de representante legal y se les devuelva a sus dueños Saludcoop “en el estado en que se encontraba”— está basada en dos argumentos: uno, que “se violó el debido proceso” y dos, que las deudas que la EPS tenía con los prestadores de salud no obedecían a su “desorden contable”, como lo ha sostenido la Supersalud, sino a las deudas que el mismo Estado tenía con la EPS, por cuenta de los recobros que no le había cancelado.

“No se entiende cómo la Superintendencia exige el cumplimiento de las disposiciones legales de la EPS en cuanto al pago de los servicios prestados a los proveedores en la atención en salud del No Pos (medicamentos y procedimientos no incluidos en el plan de beneficios), cuando el Estado no paga a tiempo las solicitudes de recobros”, se lee en el documento.

El superintendente de Salud, Gustavo Morales, desmiente este argumento. “Eso no es cierto y la prueba de ello es que la mayoría de las EPS (a las que el Gobierno también les debe) no han tenido los problemas de malos manejos que sí enfrentó Saludcoop. Para enfrentar ese hueco financiero lo que se necesitaba era tener un manejo prudente de las provisiones y de las reservas, cosa que ellos no hicieron. Saludcoop se puso a hacer maniobras financieras y por eso mis antecesores tuvieron que intervenirlo”.

Morales sostiene, además, que “la Superintendencia está convencida de que no hubo ninguna violación al debido proceso y así lo manifestará en el proceso contencioso”. Sobre la solicitud de Palacino de que la entidad que él dirige lo “repare” con, mínimo, $1.500 millones , sostiene que “esa pretensión parte de la premisa de que la remoción del cargo fue ilegal, y como no fue ilegal, no se le debe nada”.

Al tiempo que Carlos Palacino demandaba a la Supersalud, el Consejo se Estado admitía una nueva demanda por el mismo caso. En esta ocasión eran algunas de las cooperativas que conformaban el grupo empresarial Saludcoop (del que hace parte la EPS Saludcoop, la única intervenida), las que pedían que la intervención fuera levantada.

La Equidad Seguros Generales, la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional de Colombia y la Fundación Universitaria Juan N. Corpas piden que Saludcoop vuelva a manos de sus dueños originales y que se deshagan las medidas adoptadas en el proceso de posesión. Argumentan que ellos, a pesar de hacer parte del grupo empresarial y de los afectados, no fueron notificados, por lo que no pudieron ejercer “su derecho a la defensa”.

Sobre esta segunda demanda, esta es la posición de Gustavo Morales: “la Supersalud viene evaluando con mucho rigor la posibilidad de hacer un levantamiento ordenado y controlado de la intervención, que ya va a completar tres años. Pero si el sector cooperativo prefiere que esa decisión la tomen los jueces, podemos sentarnos a esperar a que eso suceda”.

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