Políticas ambientales, al banquillo

¿Qué les falta a nuestras instituciones para encaminar el país hacia el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible? Cuatro expertos en el tema responden.

Autoridades mejor direccionadas

Cecilia Rodríguez, directora Corporación Bioparque y exministra de Medio Ambiente

Las corporaciones autónomas regionales, así como Cormagdalena, tienen consejos directivos con presencia de representantes del presidente y el ministro, de alcaldes y el gobernador, miembros de ONG, del sector privado y, en algunas, grupos étnicos. En general se comportan como una vaca rozagante rodeada por pirañitas, cada una metiéndole mordisquitos regularmente. Esto por supuesto desvía a las autoridades ambientales de los objetivos de conservación ambiental y desarrollo sostenible.

Es urgente que los directores de las CAR tengan planes que atiendan los objetivos de conservación y desarrollo sostenible y no se dejen llevar por los pedidos de burocracia y contratos de miembros de los consejos directivos. Cada alcalde necesita una órbita en su municipio, que debe ser necesaria, pero desvía a la corporación de sus objetivos. Considero que en los consejos directivos está la génesis de los problemas ambientales del país; si se diseñan mejor avanzaremos.

Apoyo a los investigadores

Margarita Marino, directora ejecutiva del Congreso de Ciencias Ambientales y exdirectora del Inderena

El país cuenta con unas de las estructuras institucionales más completas del mundo, resultado de muchas reformas efectuadas en las últimas décadas, por eso sé que el problema no es de las instituciones. Lo que preocupa es la relación de éstas con la política general de desarrollo y, sobre todo, la autonomía institucional del Ministerio del Medio Ambiente. Otro punto débil es la coordinación interinstitucional, que hace que las decisiones del ministerio se vean disminuidas y muchas veces atacadas por las decisiones políticas de otros sectores menos interesados en la defensa de lo público, como es el caso de la minería y la construcción de nuevas vías.

El desarrollo de la gobernabilidad ambiental depende de muchos factores, pero fundamentalmente del apoyo que se le entregue a los investigadores; los institutos, científicos y técnicos, el Ministerio y las redes universitarias dedicadas a temas ambientales.

El Gobierno debe fortalecer los lazos con la comunidad ambientalista y las organizaciones de base, y además afianzar la relación con los entes territoriales que en muchos casos obedecen más a intereses políticos y regionales que a los intereses ambientales.

Se requieren instituciones fuertes

Guillermo Ruda, economista, profesor universitario.

La política ambiental tiene una profunda debilidad institucional. Nuestro Ministerio trata de resurgir de las cenizas en que quedó después de la administración Uribe, con la tercera parte del presupuesto (0,24% del PGN) y nula capacidad de regular la creciente actividad productiva. Frente a esta debilidad, las corporaciones autónomas regionales, con importantes recursos generados por los municipios y por el sector productivo, marchan como ruedas sueltas. Esta situación acrecienta el riesgo de descarrilamiento de locomotoras como la minera, que tienen impactos irreversibles sobre el medio ambiente. No sólo por la fragilidad de la autoridad ambiental, sino también por la ausencia de una institucionalidad minera capaz de regular tanto a los informales como a las grandes empresas, obligándolos a acatar mínimas normas administrativas, fiscales y ambientales. En el año 2002 había un millón de hectáreas con títulos mineros. Hoy son más de 5 millones 100 mil hectáreas tituladas; y la autoridad minera, violando todo criterio de transparencia, mantiene en secreto el destino de otras 3 millones 300 hectáreas, con títulos ya otorgados pero que todavía no aparecen en el catastro minero. Todo esto ha sido orientado por una autoridad minera debilitada y sin recursos financieros. ¿Seguirá el mismo camino la Agencia Nacional de Minería? Difícil saberlo, ya que su directora no sabe/no responde qué es el desarrollo sostenible.

El medio ambiente como prioridad

Wendy Arenas, directora ejecutiva de Alisos y del proyecto Amazonas 2030.

Aunque desde 1993 el medio ambiente tiene en Colombia un rango ministerial, esto no ha implicado grandes cambios. Sin fuertes dientes o herramientas penales o sancionatorias han dejado el sector debilitado en el control y seguimiento. Las reformas de la era Uribe sin lugar a dudas dejaron el sector debilitado. Un sector ambiental debe jugar en igualdad de condiciones, entiéndase en términos de recursos y marcos regulatorios, que los sectores de desarrollo convencional. De igual manera, el puesto 12 entre 16 ministerios le ha restado fuerza en la agenda política. Una parte importante de su funcionamiento ha dependido de la cooperación internacional, dejando a merced de las políticas de los países cooperantes temas tan estratégicos como la generación de información o la política internacional en esta materia.

Primero, que el Estado entienda que lo ambiental no es un tema “blando”. La protección del medio ambiente es un tema estratégico en la agenda nacional e internacional, hoy en día un tema de seguridad nacional. En este sentido, el Gobierno debe hacer las reformas que le generen mayores ingresos al sector y le den herramientas para garantizar que, por ejemplo la conservación ambiental dependa de las políticas nacionales y no sólo de las voluntades internacionales. Igualmente, generar las herramientas jurídicas que le asignen capacidad de penalización, seguimiento y control real y efectivo.

 

últimas noticias

Seat regresa más fuerte

Destinos recomendados para ver las estrellas