'La prioridad la tiene la comunidad'

Jhenifer Mojica, subdirectora de tierras del Incoder. / Archivo

¿En qué sentido va la sentencia de la Corte Constitucional ?

Nos ordena que, en un plazo no superior a tres meses, resolvamos la solicitud de titulación colectiva que planteó la comunidad de Orika. Nos pide que resolvamos de fondo si hay lugar o no a la titulación colectiva. Igualmente nos ordena que suspendamos cualquier tipo de reconocimientos de derechos o actuación que estemos adelantando en las Islas del Rosario. Es decir, les da prioridad a los derechos de los afros sobre las islas y que mientras esto no se resuelva no podemos reconocer otros derechos. También nos pide que adelantemos procesos de consulta previa a la comunidad negra de Orika, cuando se adelanten actuaciones que la afecten de manera directa.

Eso afecta a personas que han establecido allí lujosas fincas…

En las islas hay una serie de procesos de arrendamiento que el Incoder ha establecido desde 2007. Esos contratos fueron una fórmula adoptada en su momento para poder ejecutar una decisión del Incora en los años 80, cuando se determinó que las islas del Rosario son baldías de la Nación. Esta declaratoria hace que el Instituto tenga que intervenir las islas para recuperarlas, pero establece los contratos de arrendamiento. Hoy tenemos 102 contratos de arrendamiento con particulares, que antes alegaban ser propietarios. Estos contratos son la mayoría de ocupaciones de propiedad privada. Sin embargo, tenemos nuevas solicitudes de arrendamiento en curso, que son las que hay que suspender hasta tanto resolvamos titular o no al consejo comunitario.

¿Y cuáles son las condiciones de esos contratos?

Estábamos haciendo un proceso de revisión y ajuste de los contratos, pues encontramos que las condiciones establecidas eran muy blandas para los arrendatarios, tanto en el canon de arrendamiento, que se fijó según el avalúo catastral y no comercial, como debería ser, como en las condiciones de uso y aprovechamiento conforme al medio ambiente. Esa suavidad en las condiciones de los contratos ha dado lugar a que se presenten muchos abusos de algunos de los propietarios, como por ejemplo que adelantan obras que alteran el ecosistema, dañando el arrecife coralino.

¿Y ahora qué va a pasar con quienes tienen predios allá?

Los que tenían contratos de arrendamiento vigentes continúan así. Lo que sí se ordena es suspender las prórrogas.

¿Existe posibilidad de que se declare parque nacional?

Se tiende hacia esa categoría de protección. En el ejercicio de construcción del modelo de desarrollo sostenible de las islas, que es un ejercicio que lidera el Ministerio de Ambiente pero en el que participamos varias entidades, se tiende más hacia el tema de la conservación. Precisamente porque las islas están en un proceso de degradación ambiental enorme y una de las causales tiene que ver con las ocupaciones, usos y aprovechamiento de las islas. Y aunque no se está diciendo que va a ser un parque, sí se debe pensar en un modelo que paulatinamente apunte a la restauración y conservación de las islas.