La promesa que Santos no les cumplió a los afro

El proyecto de ley de igualdad de oportunidades fue archivado en el Congreso y en la práctica la Ley Antidiscriminación no es tan efectiva para las víctimas.

El 21 de mayo de 2011, durante la conmemoración del Día Nacional de la Afrocolombianidad, Juan Manuel Santos anunció que presentaría al Congreso un proyecto de ley de igualdad de oportunidades para la población afrocolombiana.
El proyecto incluía facilidades para que los afro accedieran a la educación superior con más cupos, becas y créditos, e incentivos a los partidos políticos que inscribieran en sus listas un porcentaje exclusivo para esta población.
“Queremos que Colombia sea un país libre de cualquier tipo de discriminación, y queremos garantizar un trato igualitario para los afrocolombianos y para todas las comunidades”, afirmó el mandatario.

Sin embargo, dos años después, el proyecto que prometía remediar la discriminación histórica que ha sufrido esta minoría étnica, se vino abajo.
De acuerdo a Dani Ramírez, coordinadora de Género de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrodescendientes, el Ministerio del Interior ordenó que le dieran pare de trámite al proyecto porque tenía dificultades para hacer efectivos los derechos de los afro. Según la líder, además de lo planteado por el Mininterior, “ni siquiera se aseguraban los recursos para poner en marcha el proyecto”.

César Rodríguez, director del Observatorio de Discriminación Racial de Dejusticia, cuenta que el proyecto “lo dejaron languidecer en el Congreso y no hubo voluntad política para ir más allá de la propuesta”.
Por su parte Dora Maturana, abogada del Movimiento Nacional Afrocolombiano Cimarrón, señala que además el proyecto no recogía las verdaderas necesidades de los afro, y si la ley hubiese quedado como estaba, “seguiríamos con el mismo esquema de discriminación de hace tantos años”.

Por ello, el Movimiento Nacional Afrocolombiano Cimarrón presentó una nueva propuesta a la Presidencia de la República y al Ministerio del Interior. El documento incluye la solicitud de $50 mil millones para la reestructuración y fortalecimiento del fondo especial afrocolombiano de créditos educativos para la educación superior, así como la formulación de un plan de estudios afrocolombianos y la creación de la dirección de etnoeducación y estudios afrocolombianos en el Ministerio de Educación.

¿Qué se ha logrado?

Desde noviembre de 2011, los afrocolombianos cuentan con la Ley Antidiscriminación, la cual contempla que las personas que incurran en actos de discriminación por razones de raza, etnia, nacionalidad, sexo y orientación sexual serán sancionados con penas de uno a tres años y multas económicas que oscilan entre 10 y 15 salarios mínimos.

Sin embargo, esta norma también tiene sus disidentes. El pasado 25 de febrero, en un concepto enviado a la Corte Constitucional, el procurador general Alejandro Ordóñez solicitó que se tumbe la ley por considerar que viola los derechos a la libre expresión y la libertad religiosa, de personas que declaren o actúen de acuerdo a sus convicciones religiosas, ideológicas o políticas.
Si bien el episodio del procurador generó malestar y el 16 de mayo la Corte Constitucional se declaró inhibida para estudiar la demanda, argumentando que la acción no fue presentada con argumentos fuertes y contundentes, las barreras para que esta norma beneficie a los afrocolombianos van más allá.

Según la abogada DoraMaturana, aunque la ley está vigente, ha habido muy pocas denuncias y ni siquiera una sentencia condenatoria por discriminación racial. Lo más grave, dice, es que la norma no ha sido bien difundida y “las víctimas no saben a quién acudir. Van a la Fiscalía y no pasa nada porque el organismo no sabe cómo actuar”.

De acuerdo a César Rodríguez, “el sistema penal colombiano y los fiscales no están entrenados para calificar ese tipo de delitos y esto va en contra de la aplicación efectiva de la ley”.

Los escenarios de la discriminación

Hace dos años Dani Ramírez llegó de Buenaventura a Bogotá para estudiar una maestría en Estudios de Género y no duda en afirmar que esta la ciudad es “el peor lugar para un negro”. Asegura que “en el momento en el que pisé esta capital comencé a sentirme negra y entendí qué era el racismo. Me ven y no creen que soy una mujer dedicada a la academia, dicen que ‘ahí viene otra cocinera, otra trabajadora doméstica’. Ser mujer y negra es todavía peor. De nosotras sólo creen que bailamos y cocinamos bueno y que pueden explotarnos porque somos más fuertes”.

Según Ramírez, la situación es todavía más difícil en la universidad: “Los negros tenemos que demostrar que sabemos más, leer más y trabajar el doble para que nos crean que somos capaces”.

En lo mismo coincide Aidén José Salgado, responsable del tema afro en la Universidad Distrital, quien sostiene que la educación superior también es discriminatoria con la población afrocolombiana: “Por un lado, en los contenidos curriculares no se concibe por ningún lado nuestro aporte, hay un leguaje racista por parte de los profesores, hay muy pocos afro en las universidades privadas y la cátedra de afrocolombianidad, que se decretó en 1998, está en el papel pero en la realidad muy pocas instituciones la imparten”. “Está muy bien que se promuevan las normas, pero no es suficiente. Yo no necesito que me

pongan más días de conmemoración, necesito que se me garantice vivir en igualdad de derechos, como cualquier otra mujer en Colombia”, concluye Dani Ramírez.