'Quien contamine, tiene que pagar'

Un proyecto de ley busca imponer fuertes multas a quienes causen daños ambientales, que pueden ser de hasta $2.500 millones.

Entre los problemas que tendrán especial atención están el mal manejo de basuras y el vertimiento de residuos a ríos.
Entre los problemas que tendrán especial atención están el mal manejo de basuras y el vertimiento de residuos a ríos.

De ahora en adelante el que contamine el medio ambiente tendrá que pagar. Eso es lo que busca el proyecto que modificaría la Ley 1333 de 2009 y que fue radicado ayer en el Congreso por el presidente del Partido Conservador, el senador Efraín Cepeda, con el aval del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

El principal propósito, según Cepeda, es que se reparen los daños causados a través de multas. Una parte de ellas serán destinadas al presupuesto de la Fiscalía General de la Nación, para fortalecer la investigación de las infracciones. Otra parte de esos recursos deberán ser utilizados en programas de reparación del ecosistema y “servir de estímulo para que el causante mejore su gestión ambiental”.

Además, promueve la creación de unas unidades de denuncia a violaciones al medio ambiente y de una línea telefónica gratuita, en la que los colombianos podrán informar sobre cualquier delito relacionado. También se establecerán unidades de reacción inmediata que acudirán al sitio para verificar el daño causado y así poder abrir una investigación.

Entre las infracciones que tendrán especial vigilancia por parte de esas unidades están el tráfico de biodiversidad y la explotación minera ilegal.

Las sanciones impuestas a empresas o personas podrán ser suspendidas en caso de que demuestren haber tomado medidas urgentes para reparar el daño. Sin embargo, esa suspensión no será mayor a un año.

Entre las sanciones están: multas hasta por cinco mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (cerca de $2.500 millones); cierre temporal o definitivo, total o parcial del establecimiento, edificación, instalaciones o servicios; revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro; y demolición de obra a costa del infractor.

“Lo que queremos es que cada ciudadano se convierta en un vigía ambiental y que paguen los que, por razones económicas, están secando humedales y riachuelos. No podemos permitir que para el beneficio de unos pocos todos resultemos perjudicados”, aseguró Cepeda.

De acuerdo con el Minambiente, este proyecto, a diferencia del Manual de Compensaciones que se presentó en agosto pasado, “pretende actualizar la normativa de sanciones y multas a delitos ambientales, como el vertimiento de residuos a los ríos o el mal manejo de las basuras”. El manual, que comenzará a regir el próximo año, procura subsanar los daños a la biodiversidad ocasionados por empresas que exploten recursos naturales o construyan infraestructura vial.

 

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