Reversazo sobre el aborto

El Partido Conservador intenta volver a penalizar la práctica del aborto en casos como violación, riesgo de muerte para la mujer y malformaciones incompatibles con la vida.

El 10 de mayo de 2006 la Corte Constitucional de Colombia falló a favor de la despenalización del aborto en tres casos especiales. Desde ese día las mujeres colombianas tienen la posibilidad de abortar si su embarazo es producto de una violación o incesto; si el feto tiene malformaciones graves incompatibles con la vida extrauterina o si su vida corre riesgo.

Tan sólo cinco años después del trascendental avance constitucional, un grupo de congresistas conservadores decidieron cerrar filas en la Comisión Primera del Senado para revivir un debate que se creía clausurado. Gracias al apoyo de parlamentarios del PIN y a la división que generó el tema en el Partido de la U, donde se otorgó la libertad de conciencia para votar, los prohibicionistas tomaron un segundo aire. Hoy se reabre el debate. Pero ni las cifras de salud pública ni los argumentos jurídicos parecen favorecer a quienes quieren retroceder al año 1936, cuando el aborto fue totalmente restringido en el país.

Hasta 2010, 966 mujeres se habían visto beneficiadas por el nuevo derecho. De ellas, 149 salvaron su vida, 446 evitaron continuar con un embarazo donde el bebé no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir y 209 que fueron víctimas de violación no se vieron obligadas a hacerse cargo de un destino impuesto a la fuerza. En 162 casos, el Ministerio de la Protección Social no obtuvo datos específicos.

En un país como Colombia, donde cada año se realizan alrededor de 314.334 abortos clandestinos, ofrecer un camino legal bajo el control médico a las mujeres inmersas en alguna de las tres circunstancias señaladas por la Corte sin duda ha representado una importante medida de salud pública. En un comunicado de prensa, divulgado ayer, la Federación Médica Colombiana ratificó que “es amenazante contra la salud y la vida de las mujeres afectadas en las tres situaciones penalizar nuevamente el aborto”.

Desde una perspectiva jurídica, para el abogado Humberto de la Calle Lombana, “la aprobación de esta iniciativa no sólo viola la libertad esencial de las mujeres, sino que afecta profundamente el régimen constitucional de 1991, pues se pierde el carácter aconfesional del Estado”. Señaló que “mientras la sentencia de la Corte creó un espacio de libertad, esta iniciativa pretende imponer una conducta a esas personas en circunstancias desgraciadas”.

El senador Hernán Andrade, uno de los promotores de la iniciativa, señaló como una casualidad que “los proaborto ya han nacido”.

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