Salud de maestros podría pasar a EPS

La ministra de Educación aseguró que se mantienen los privilegios del régimen especial, pero se abrirá una licitación para determinar quién administrará el sistema. El déficit del Fondo del Magisterio supera los $280.000 millones.

A finales de este año los profesores cambiarán de régimen de salud y podrían pasar a las Empresas Promotoras de Salud (EPS). La red de ocho instituciones que hoy suplen el servicio terminará su contrato. Para que los maestros no pierdan sus beneficios, la ministra de Educación, María Fernanda Campo, anunció que abrirá una licitación pública. Todavía no sabe quiénes serán los oferentes ni cuándo será abierta. Está segura, eso sí, de que los 330.000 profesores en Colombia no perderán sus ventajas en salud. “Pueden tener la certeza —dijo Campo, entusiasta— de que no serán incluidos en la Ley 100. Garantizamos a los educadores y sus familias el régimen de salud especial”.

Pese a las palabras de la ministra, Senén Niño, presidente de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), no está tan seguro. “Le hemos explicado hasta el cansancio al ministerio —afirma— que no es verdad que vayamos a mantener nuestro régimen. Por una razón sencilla: las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) tienen la característica especial de valorar y calificar la invalidez y evaluar la posibilidad de pensionar a un maestro. Las EPS no pueden meterse en eso”.

Gracias al régimen actual, los profesores tienen acceso especial (como los militares y los trabajadores de Ecopetrol) a los servicios de salud y de riesgo profesional en un mismo lugar, a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Su plan de beneficios es más amplio que el POS que cobija al régimen contributivo y subsidiado, al que tienen derecho el resto de los colombianos. Mientras en el régimen contributivo por cada colombiano el sistema paga a una EPS unos $480.000 anuales, por cada maestro se pagan $903.280 y en el caso de un empleado de Ecopetrol esa cifra sube a $2’800.000.

Con un concepto de la Superintendencia de Salud en mano, el Ministerio tomó la decisión. “Llevamos 20 años con las IPS —señala el presidente de Fecode— y de la noche a la mañana nos trasladan porque la superintendencia dice que las IPS no pueden subcontratar redes de servicio”. El Gobierno, asegura Niño, quiere meterlos paulatinamente en “el régimen de copagos y carencias” que utiliza cualquier ciudadano.

La ministra Campo afirmó que en una mesa de diálogo había llegado a un acuerdo con Fecode y conformado dos grupos de trabajo (uno jurídico y otro técnico). Pero el acuerdo no parece existir. “La nuestra es una profesión exigente, que desgasta la salud. El Estado tiene que protegernos. Eso no lo haría la ministra con sus planes”.

La decisión de cambiar la forma como viene operando el régimen especial de maestros le significaría al sindicato de Fecode una pérdida importante de poder, pues un gran número de las decisiones están mediadas por ellos.

Además, indica Niño, hay otros problemas: “el Gobierno invierte sólo $700.000 millones para la salud. Si la plata está, hay que destinarla para la salud. Y también es muy laxa la actitud del Gobierno frente a los contratistas”. Una auditoría realizada por Fidufosyga, a raíz de las reiteradas quejas por falta de oportunidad en consultas especializadas y provisión incompleta de fórmulas médicas, permitió concluir que el 66% de los maestros calificaba como “aceptable” el servicio de salud.

Todo indica que la crisis de la salud ya hizo metástasis a los regímenes especiales. Al parecer, las pérdidas en el último año del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ascienden a $280.000 millones. Con un agravante y es que los maestros de todo el país, especialmente aquellos que trabajan en zonas apartadas, han notado el desmejoramiento de la calidad e incluso de la cobertura. Como la red de hospitales y clínicas contratados directamente por el magisterio no es tan amplia, en la práctica muchos maestros no tienen acceso a la salud.

Otro de los problemas, al igual que en el régimen subsidiado y contributivo, es que el flujo de recursos se está estancando en los intermediarios. En este caso en la Fiduprevisora, que se encarga de consolidar los fondos.

Para el analista en salud y director del Cendex de la Universidad Javeriana, Fernando Ruiz, los regímenes especiales son otro de los grandes problemas que tiene en las manos el Gobierno: “Creo que estos regímenes son muy inequitativos y la verdad es que no se ve que generen mayores beneficios a sus usuarios”.

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