El Ministerio de Salud se comprometió a revisar el proyecto sobre medicamentos biotecnológicos, y esperamos que incluya la obligación que tienen productores y comercializadores de demostrar, antes que la gente los use, que sus medicamentos sirven sin generar riesgos o la muerte. Eso indican la Organización Mundial de Salud, la EMA Europea y la FDA estadounidense; y eso aplican Brasil, Perú, México, Venezuela, Panamá. Estos productos para cáncer, diabetes, hemofilia, artritis, enfermedades degenerativas, son controlados hoy por el Invima, según recomienda la OMS, y si se rebajan esas exigencias se pone a la población en riesgo.
El debate ha estado entre cortinas de humo: “Es la batalla de los US$1.000 millones”, pero el mercado vale 350; “que hay monopolio”, pero casi la mitad de medicamentos son biosimilares; “necesitamos biotecnológicos más baratos”, pero el Gobierno igualó los recobros para copias y originales; y a instancias de ciertos grupos de interés, se ataca a pacientes, profesionales u organizaciones que piden garantías para que estos productos sirvan y sean seguros.
Si un medicamento no prueba con estudios propios que “sirve y es seguro”, ¿se lo daría a sus hijos? Y si viene de Uganda o de Afganistán, ¿lo usaría seguro de su calidad? La confusa norma permite interpretaciones que rebajan el estándar sanitario del país. Además, los puntos clave quedan sujetos a la peligrosa discrecionalidad del “se podrá”. ¿Por qué someter a riesgos de corrupción al ente de control? ¿A quién conviene una norma liviana?
Las normas sanitarias tienen que respetar estándares internacionalmente aceptados, que aseguren la calidad y eficacia de los medicamentos, y su seguridad terapéutica. Este debate es sanitario, no de precios ni de competencia, y, menos aún, contra quienes entendemos que la ciencia tiene lugar en discusiones de salud.
Las farmacéuticas han mantenido contacto con diferentes instancias de la sociedad, y en tanto se respete la independencia y la ética, lo seguirán haciendo. Que al unísono profesionales, pacientes, científicos, academia, industria innovadora y otros, expresen reservas frente al decreto, significa que hay profundas preocupaciones. En aras de una supuesta competencia y precios baratos no se puede poner en riesgo a los pacientes, y estamos seguros de que aunque otros no, eso sí lo tiene “clarito” el Ministerio de Salud.
* Presidente Laboratorios Farmacéuticos de Investigación.