Tayrona: indígenas deciden

Tras el fallo del Consejo de Estado, las comunidades de la zona pedirían que se retire toda la infraestructura turística del parque.

Este lunes, en una decisión considerada “histórica” por las comunidades indígenas que habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta, el Consejo de Estado ratificó la orden que el Tribunal Administrativo del Magdalena profirió en febrero pasado: obligar a la Unidad de Parques Nacionales a realizar las consultas previas sobre la explotación turística dentro del Parque Tayrona.

El caso se remonta a 2005, cuando la Unidad de Parques Nacionales no realizó consulta previa alguna con el argumento de que en Cañaveral (la zona donde estaban construidos los 14 pequeños ecohabs que se entregarían en concesión) no habitaban indígenas. En ese momento, el Gobierno le entregó a la firma Unión Temporal Concesión Tayrona, cuyo socio mayoritario es Aviatur, el poder de administrar una zona de playa, comedores, algunos senderos y la taquilla.

“Creemos en la justicia. Este es un reconocimiento a nuestras diferencias culturales, a la diversidad. Nunca pensé que nos costaría tanto esfuerzo que reconocieran nuestros derechos”, dice emocionado el indígena Gelver Zapata Izquierdo, coordinador de Territorio Arhuaco en la Sierra Nevada.

Durante años las comunidades tradicionales habían reclamado el derecho a ser reconocidos como habitantes de ese territorio e incluso demostraron que los ecohabs se construyeron muy cerca de un lugar sagrado conocido como Uleillaka (allí vivía el mamo Teiku con animales domésticos de varias clases), donde se realizan pagamentos.

Pero sólo en enero de este año, cuando estalló el escándalo por la posible construcción del hotel Los Ciruelos dentro de la reserva, la petición llegó a los altos tribunales. A través de dos acciones de tutela —una contra de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y otra contra la Unidad de Parques Nacionales Naturales—, la presidenta del Polo Democrático, Clara López Obregón, y la Fundación Misión Colombia le pidieron al Tribunal Administrativo del Magdalena que se respetara el derecho de los indígenas a la consulta.

En febrero el tribunal les dio la razón. Ordenó que se restringiera el acceso de turistas a seis sitios sagrados (incluyendo Uleillaka) y que se detuviera la prestación de servicios turísticos en los ecohabs hasta que se surtiera la consulta previa.

En su momento, Jean Claude Bessudo, presidente de Aviatur, suspendió los servicios y aclaró que la decisión de hacer consulta previa le correspondía a Parques Nacionales (que adelantó el negocio sin pedir este requisito) y no a la concesión. Por su parte, la Unidad de Parques Nacionales apeló la decisión del tribunal.

Este lunes el Consejo de Estado finalmente confirmó la sentencia al determinar que la entrega del Parque Tayrona a un concesionario privado quebrantó el derecho fundamental a la consulta que tienen las minorías étnicas y le dio un plazo de 30 días a Parques Nacionales para que reúna las opiniones de los indígenas sobre cómo los ha afectado el proyecto y cuál sería la forma de compensar el daño.

Sobre el tema, la directora de Parques Nacionales evitó pronunciarse sin antes conocer los detalles del fallo.

La presidenta del Polo Democrático, Clara Rojas, y el abogado y representante de la Fundación Misión Colombia, Alejandro Arias, aplaudieron el anuncio y coincidieron en que de esta manera se protegerán los territorios de quienes fueron los primeros habitantes de la Sierra Nevada.

“De manera inexplicable, Parques Nacionales apeló una decisión que busca defender los derechos de los indígenas. Esta es una lección para esa institución que quiso poner los intereses de particulares por encima de los intereses de las comunidades ancestrales. El Tayrona es un parque que no ha sido protegido de la manera adecuada y es hora de decidir que las explotaciones turísticas se realicen por fuera de la reserva”, dijo Clara Rojas.

Esta es también la posición del abogado Alejandro Arias y del líder indígena arahuaco Gelver Zapata Izquierdo. Después de conocer las opiniones presentadas por los mamos y otras autoridades ancestrales durante este año —en el que se han realizado al menos cuatro encuentros de consultas previas citados por Parques Nacionales en cumplimiento del primer fallo—, tanto Arias como Zapata concluyen que los indígenas no permitirán que se renueve el contrato de concesión de los ecohabs (que vence en 2015) y tampoco avalarán la presencia de infraestructura turística de alojamiento dentro del parque.

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@angelicamcuevas

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