Una epidemia llamada violencia de género

La OMS acaba de reconocer que las agresiones físicas, sicológicas y sexuales contra las mujeres se han convertido en un problema “de magnitud epidémica”.

La violencia de género (física y sicológica) dejó ser una lucha de feministas y defensores para que, por primera vez, la OMS (Organización Mundial de la Salud) la reconociera como “un problema mundial de sanidad pública, de magnitud epidémica, que requiere una acción urgente".
Según un informe del organismo, una de cada tres mujeres en el mundo es víctima de violencia conyugal o de violencia sexual ejercida por otra persona. Además, "cerca del 35% de todas las mujeres experimentan estos hechos ya sea en la pareja o fuera de ella en algún momento de sus vidas", reza el documento.

Si cuentan con la 'suerte' de no ser una más en la lista de asesinadas por sus parejas, las víctimas de violencia de género tienen el doble de probabilidades de sufrir depresiones, son casi dos veces más propensas a los problemas con el alcohol, tienen 1,5% veces más posibilidades de contraer sífilis, clamidia o gonorrea y hasta 1,5 veces más riesgo de contagiarse de VIH.

De otro lado, según la OMS, tanto la violencia de pareja como por parte de personas que no son el compañero habitual se asocian a embarazos no deseados. De hecho, las mujeres que sufren esta situación tienen el doble de riesgo de aborto y tienen un 16% más de probabilidades de tener un bebé con bajo peso al nacer.

El informe sugiere la creación de reformas sociales que lleven al “cuestionamiento de normas sociales que apoyan el control y la autoridad ejercidas por los hombres sobre las mujeres y que apoyan o toleran la violencia contra la mujeres”.

Por tratarse de una de las zonas con mayor prevalencia de violencia de género, la OMS comenzará a trabajar a finales de junio con los países del sudeste asiático (37,7%) para implementar las nuevas recomendaciones. Según la revisión de 'The Lancet', los países con las tasas más altas de asesinatos de mujeres a manos de su pareja son los del sureste de Asia (58,8%), los países de ingresos altos (41,2%), de América (40,5%) y de África (40,1%).

Los países de regiones de renta baja y media del Pacífico occidental (19,1%), la región europea de bajos ingresos e ingresos medios (20%), y la región del Mediterráneo oriental (14,4%) registran las tasas más bajas.

Yamile Garzón, el rostro de la epidemia

Yamile Garzón tiene 42 años. Hace veinte se casó con Víctor Vargas, su novio de infancia y el hombres con quien creía, pasaría el resto de su vida.

De los detalles, las palabras dulces y las promesas de un futuro de ensueño, el matrimonio se convirtió en una verdadera tortura para esta mujer y sus dos hijos. Los celos enfermizos de su marido la separaron de amigos y familiares. Durante años hubo golpes, insultos e infidelidades, pero fue la sospecha de que Vargas tenía un hijo por fuera del matrimonio la que hizo que su esposa contemplara el divorcio.

Yamile le dio un cuarto en la casa y le dijo: “por nuestros hijos vamos a vivir bajo el mismo techo, pero no vamos a convivir más como pareja”. La decisión, contrario a solucionar los problemas de la pareja, sólo acentuaron los episodios de violencia contra ella.

“Me obligaba a tener relaciones con él, intentaba asfixiarme, se burlaba de mí y me decía que yo no servía para nada. En una ocasión, me rompió la boca con un golpe, me tomaba del pelo y me bajaba por las escaleras, me dejaba moretones en los brazos y cuando yo lloraba de la desilusión, él se reía y decía que siempre sería el más fuerte, el que siempre me iba a ganar”, relata Yamile con la amargura que caracterizó esa época.
Después de denunciarlo ante la Comisaría 15 de Familia, en mayo de 2010, la enviaron a terapia sicológica y le otorgaron una medida de protección. El agresor se fue de la casa, pero no la dejó en paz: vigilaba a qué hora llegaba a su local de San Andresito y quién llegaba. Manipulaba a sus hijos para pedirles las llaves de la casa y esperarla en las noches, momento en el que continuaban las agresiones. Yamile cambiaba la cerradura de la puerta, pero él rompía las ventanas y, de alguna forma, la abordaba para advertirle que ella nunca pertenecería a otros hombres.

El 24 de enero del 2012, Yamile volvió a la Comisaría y advirtió: “mi vida está en peligro. Ese hombre está cada vez más violento y siento que me va a matar”. Sin embargo, no pasó nada. Un mes después, el 24 de febrero, Víctor Vargas llegó al local de Yamile Garzón. La mujer estaba acomodando una mercancía pesada y él se ofreció a ayudarla. Estaba nervioso e insistía en que fueran al fondo del establecimiento. Dejó caer unos recipientes con agua, ella se acercó a limpiar y en ese momento el hombre sacó un cable, se lo puso en el cuello a Yamile y comenzó a ahorcarla, hasta quitarle la voz.

Por obra y gracia de alguno de los ángeles en los que esta mujer dice creer, el cable se rompió antes de quitarle la vida. Ella pudo gritar y una señora que transitaba cerca alcanzó a ayudarla. Llegó la policía y capturaron a Víctor Vargas, huyendo, con un cable en sus manos.

Después de poner la denuncia penal en contra del hombre por intento de asesinato, su familia y sus hijos se pusieron en contra y le dijeron que “no era para tanto”. La misma justicia le ha dado la espalda. Según cuenta Viviana Rodríguez, del área de No Violencia y Acceso a la Justicia de la Corporación Sisma Mujer, el proceso no ha tenido avances y no ha habido ninguna medida en contra de Víctor Vargas ni a favor de Yamile Garzón.
“Para nosotras en una evidencia muy clara de que las mujeres que se salvan de una agresión de este tipo tienen un camino muy largo, lleno de obstáculos para acceder a la justicia”, comenta Rodríguez, y agrega que “ella no murió, pero la quitaron toda su vida como la conocía”: no pudo regresar a su trabajo, ni a su casa, ni con sus conocidos por temor a recibir más agresiones.

Tampoco ha recibido atención como víctima de violencia sexual ni de género, como lo dispone originalmente la ley 1257 de 2008 en el artículo 19 y lo reitera así la Corte Constitucional en la sentencia 776 de 2010: “el Ministerio de la Protección Social tiene el deber de reglamentar el Plan Obligatorio de Salud incluyendo las actividades de atención relacionadas con alojamiento y alimentación a las mujeres víctimas (de agresiones físicas o psicológicas)”.

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