Usted es el único dueño de sus datos

Una nueva norma señala que la información personal sólo podrá ser usada por las empresas con la previa autorización del titular. Los bancos son los más impactados.

La ley obliga a  las empresas a  tener una política de protección de datos de sus empleados.  / 123 RF
La ley obliga a las empresas a tener una política de protección de datos de sus empleados. / 123 RF

La mamá de una niña de cuatro años interpone una tutela en defensa de su hija. Denuncia que el papá de la menor abrió una cuenta en Facebook a nombre de la niña, quien “no cuenta con la madurez neuronal necesaria para hacer por su propia voluntad una página en las redes sociales”. Sostiene que el hombre está suplantando la identidad de la pequeña “para desprestigiarla como persona y entorpecer la paz familiar”. La Corte Constitucional escucha sus argumentos y le ordena al papá cancelar la cuenta en menos de 48 horas. Le advierte, además, que no puede disponer de los “datos personales y sensibles de su hija”.

En esta sentencia, de marzo del año pasado, la Corte hizo un llamado de atención sobre el vacío que existía en la legislación del país para defender y proteger los datos personales de sus habitantes. Ese vacío quedó cubierto, por fin, con una ley que entró en vigencia el jueves de la semana pasada (la 1581 de 2012). En pocas palabras, esta nueva norma se refiere a la “autodeterminación informática —explica Germán Realpe, gerente de Cloud Seguro y consultor en datos personales y seguridad—. Cada ciudadano tiene derecho a aceptar en qué base de datos quiere estar”. A partir de ahora, para que una empresa pueda utilizar los datos personales de cualquier colombiano, tendrá que contar con su autorización previa física o electrónica.

Con la nueva legislación usted podrá reclamar por el uso arbitrario de sus datos a quien lo llame de un banco para decirle que es merecedor de una nueva tarjeta de crédito o a quien le ofrezca un curso de inglés porque “alguien más lo referenció”. La ley también señala que todas las empresas, sin importar su tamaño, deberán tener una política de protección de datos de sus empleados y define que la Delegatura para la Protección de Datos Personales, de la Superintendencia de Industria y Comercio, hará las tareas de vigilancia.

Países como España —dice Realpe— le llevan una gran ventaja a Colombia en este tema. Allí se creó hace 19 años la Agencia de Protección de Datos que en 2009 (según las últimas cifras consolidadas) alcanzó a recibir 4.136 denuncias. El papel de esta entidad se ha vuelto fundamental para los españoles, quienes cada año publican un ranquin con las empresas más sancionadas por infringir la normativa de protección de datos: en 2012, con 200 multas, la ganadora fue Telefónica.

En el mismo período la Agencia multó a las entidades financieras con 2,7 millones de euros, principalmente por denuncias de usuarios que fueron incluidos injustamente en listas de morosos o porque fue violado el derecho de secreto sobre sus datos. Una de las recientes sanciones más sonadas se dio a finales de 2012, cuando el operador de telefonía y televisión ONO recibió una multa de 50.000 euros por facilitar la clave del e-mail de un cliente a un tercero. Y un caso más que creó conmoción: una comunidad de El Ejido (municipio de la provincia de Almería en Andalucía) fue multada con 1.200 euros por colgar una lista de morosos en el ascensor.

En Colombia se empezó a hablar de protección de datos con el hábeas data contenido en la Constitución de 1991, que es el derecho a conocer, actualizar y rectificar toda información que se recopile o almacene en bancos de datos. En 2008 fue creada la Ley 1266 para reglamentar el uso de información en el sector financiero y ahora se suma esta nueva ley que busca proteger cualquier tipo de información personal y sensible, que manda la creación de un registro nacional de bases de datos.

“Todas las personas tienen que tomar conciencia de la importancia de la información personal: es la que te define, la que le da perfiles a una empresa de tus gustos, y puede ser usaba de buena manera o para fines fuera de la ley”, dice Germán Realpe y hace un llamado a cuidar la información que se entrega en encuestas, en concursos o en sondeos.

Las sanciones para las empresas que no cumplan irán desde multas de 2.000 salarios mínimos legales hasta el cierre temporal de sus operaciones.

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