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Nueve horas duró la plenaria que celebró el Concejo el pasado 25 de abril. Ese día se discutió en último debate la creación de la Empresa Metro, paso fundamental para sacar adelante la anhelada obra. Pero no fue eso lo que alargó la discusión. El proyecto, presentado por el gobierno de Enrique Peñalosa, también incluía la petición para que le aprobaran $4,1 billones de vigencias futuras (presupuesto de años venideros) entre 2017 y 2036, que servirán para la financiación. Los escépticos, que lo habían advertido desde antes, argumentaron que sacar adelante ese punto implicaba, por varias razones, violar la ley. Fue ahí cuando la jornada se extendió más de la cuenta, pero se impusieron las mayorías y el proyecto salió avante. Hoy, tres meses después, la Fiscalía tiene en la mira a los 28 concejales que le dieron el sí a las vigencias futuras.
Los demandó por prevaricato el representante a la Cámara Germán Navas Talero, del Polo, que también incluyó en su denuncia al al alcalde y al secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo. Su argumento: según la Ley 1483 de 2011, el Concejo solo puede autorizar vigencias futuras para proyectos que cuenten con estudios de ingeniería de detalle. El metro subterráneo estructurado en las dos alcaldías anteriores (Samuel Moreno y Gustavo Petro) cuenta con esos estudios, pero el metro elevado que pretende dejar Peñalosa, no. Así que, según Navas, los 28 concejales aprobaron la financiación de una obra que carece del suficiente sustento técnico.
El 20 de mayo, un mes después de la votación, la Contraloría ratificó esa postura en un documento que le envió al Concejo antes de la aprobación del Plan de Desarrollo.
La indagación penal comenzó a moverse el viernes pasado, cuando funcionarios de la Fiscalía se metieron a la Secretaría del Concejo a indagar por las actas y los videos de las sesiones. El fiscal general (e), Jorge Perdomo, apuntó ayer que la inspección buscaba empezar a “verificar los hechos objeto de denuncia”. Sin embargo, el ente investigador aún no ha estructurado una hipótesis y todavía no está casado con el argumento de Navas
¿Por qué votaron sí?
La respuesta a esa pregunta es, esencialmente, que los concejales confiaron en las explicaciones que les dio la administración, sobre todo los secretarios de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, y la de Hacienda, Beatriz Arbeláez. Para calmar las aguas, aquel 25 de abril esta funcionaria reiteró los argumentos que, para ella, sustentaban la necesidad y la legalidad de las vigencias futuras. Frente a los estudios para la obra, que era el punto de la discordia, dijo: “se han venido desarrollando desde hace mucho tiempo, incluso desde la alcaldía de Samuel Moreno; son estudios que tienen todos los componentes”.
La concejal liberal María Victoria Vargas le replicó: “usted dice que cumple con los estudios, ¿pero para cuál metro? ¡Para el subterráneo!, que es el que cuenta con los estudios de detalle. ¿Por qué no le dicen la verdad a la ciudad en el sentido de que el metro que ustedes están pensando no es ese, sino que dicen eso para tener ya la autorización que están pidiendo? No puedo aprobar una autorización para un metro pesado cuando ustedes están pensando en otro”.
Manuel Sarmiento, del Polo, agregó que, de acuerdo con un derecho de petición que le había respondido semanas antes el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, faltaban cinco estudios para definir lo que pretendía hacer Peñalosa con el metro: “uno conceptual, el de ingeniería básica para el tramo uno, el de estructuración para el tramo uno, el de ingeniería básica para el tramo dos y el estructural para el tramo dos”.
La secretaria de Hacienda insistió en que el gobierno Peñalosa se ha basado en los estudios ya existentes y las modificaciones propuestas son simplemente “una optimización”.
El apoyo al gobierno, aunque mayoritario, se nutrió de argumentos diversos. Por ejemplo, Julio César Acosta (Cambio Radical), que fue ponente, dijo que apoyaría la iniciativa porque la administración les certificó por escrito el cumplimiento de los requisitos. Esa misma observación la hizo la bancada conservadora, de tres concejales. El presidente del Concejo, Roberto Hinestrosa (Cambio Radical), agregó: “¿Cómo va a prever la Empresa Metro tener diseños definitivos si no tiene recursos suficientes para hacerlos?”.
Su copartidario José David Castellanos también votó que sí, pero admitiendo que las vigencias futuras tenían como sustento técnico de la obra los estudios para el metro subterráneo. “Si la Empresa modifica el proyecto, la administración tendrá que volver a traernos, para aprobación, la solicitud para vigencias futuras del nuevo proyecto”.
Hubo quienes dieron el sí aún con dudas, como Pedro Julián López, también de Cambio Radical: “acompañamos la iniciativa a pesar de que hay, de pronto, muchas dudas, en algunos colegas y la mía misma en lo que tiene que ver con vigencias futuras, pero nos la jugamos por esta ciudad”.
El concejal Diego Molano (Centro Democrático), aunque aprobó la creación de la empresa Metro, se abstuvo de votar el artículo sobre las vigencias futuras. Él también alertó la posible irregularidad de aprobarlas sin tener diseños específicos para la obra. Incluso, propuso esperar y tramitar a parte esa iniciativa, una vez se contara con los nuevos diseños para el metro.
Al final, los 28 concejales que aprobaron las vigencias futuras y hoy están en la mira de la Fiscalía fueron: Horacio José Serpa, Armando Gutiérrez, Germán García y Luz Marina Gordillo (Liberal); Edward Arias, Hosman Martínez, Antonio Sanguino, Lucía Bastidas, Jorge Torres y María Clara Name (Alianza Verde); Nelly Patricia Mosquera, David Ballén, Ricardo Correa, Rubén Torrado (Partido de la U); César García, Julio César Acosta, Roberto Hinestrosa, Rolando González, Juan Felipe Grillo, José David Castellanos, Pedro Julián López y Yefer Vega (Cambio Radical); Róger Carrillo, Nelson Cubides y Gloria Elsy Díaz (Conservador); y Daniel Palacios, Ángela Garzón y Javier Santiesteban (Centro Democrático).
Según el concejal Molano, se podría corregir la situación. ¿Cómo? Desaprobar las vigencias y que el Distrito vuelva a tramitar la autorización con los nuevos estudios. “Y se podría hacer, porque por ahora esas vigencias no se han materializado, por lo que no hay detrimento para la ciudad”.