782 empresas conforman zonas piloto de recuperación ambiental en Bogotá

Están ubicadas en las localidades de Puente Aranda, Fontibón y Kennedy.

Puente Aranda, Fontibón y Kennedy son las localidades con mayor número de problemáticas ambientales en Bogotá, por tal razón, las bocanadas de humo de sus industrias y vehículos de carga, las descargas de colores a los ríos y los residuos peligrosos en los procesos productivos las hicieron acreedoras en 2007 del título de áreas fuente de contaminación en la capital.

Un año después, la Secretaría de Ambiente decidió ponerle freno a estas problemáticas a través de las Zonas Piloto de Recuperación Ambiental (Zopra), proyecto para que los industriales cumplan con la normatividad ambiental y adopten programas de producción más limpia.

La Secretaría de Ambiente realizó un censo puerta a puerta en estas tres localidades, empezando con Puente Aranda, el cual arrojó como resultado que 1.177 establecimientos tenían problemas respecto a emisiones, residuos peligrosos o vertimientos, y fueron requeridos por la autoridad ambiental para que se unieran a Zopra.

De este total, 782 empresas, en su mayoría pequeñas y micro, acataron el llamado contra la contaminación ambiental y se vincularon al proyecto, y empezaron a trabajar en la elaboración de su plan de manejo ambiental.

La primera localidad en implementar Zopra fue Puente Aranda debido a sus altos índices de contaminación ambiental. En 2008, la Secretaría de Ambiente requirió a 365 establecimientos, de los cuales 326 se vincularon al proyecto (89 por ciento) y 222 ya cumplen con lo estipulado por la normatividad ambiental (60 por ciento).

Un año después, en 2009 nació la Zona Piloto de Recuperación Ambiental en Fontibón, localidad que se caracteriza por su alto flujo vehicular de carga.

En 2011, Zopra se trasladó a Kennedy, allí se identificaron 478 industrias con problemáticas ambientales, de los cuales 200 decidieron vincularse con el proyecto (41,8 por ciento).

Según Juan Antonio Nieto Escalante, secretario de Ambiente, las 395 empresas que no quisieron involucrarse al proyecto serán sancionadas ya que tienen problemas de emisiones, vertimientos y residuos peligrosos.

“La normatividad ambiental tiene sanciones de hasta 5 mil salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir hasta $2.678 millones. Estas empresas ya tienen procesos sancionatorios abiertos en la entidad por contaminación ambiental en curso”.