A la cárcel los cuatro investigados por promover actos vandálicos durante marchas en Bogotá

La Fiscalía investiga a tres jóvenes y un adulto mayor por su participación en los disturbios ocurridos durante el paro nacional de noviembre y las protestas del 9 y 10 de septiembre.

Foto: Óscar Pérez

Este jueves se reanudó la audiencia para legalizar la medida de aseguramiento contra los señalados de promover y auspiciar actos vandálicos durante las protestas en Bogotá. Durante la diligencia, el juez 74 de control de garantías decidió enviar a la cárcel a los cuatro imputados, que afrontarán desde las cárceles de La Modelo y El Buen Pastor la investigación que adelanta la Fiscalía en su contra por los delitos de terrorismo, concierto para delinquir, perturbación en servicio de transporte público, obstrucción de vías públicas, violencia contra servidor público y daño en bien ajeno, cargos que no fueron aceptados.

En su exposición de motivos, el juez reconstruyó el relato de la Fiscalía, que mediante el fiscal delegado Héctor Daza señaló a Justo Villarraga, alias Justo; Érika Flórez, alias Érika; Greyssi Perilla, alias La Pola, y Miguel Parga, alias El Profe, de participar de forma activa en la planeación y ejecución de bloqueos en vías, ataques contra miembros del Esmad y la Policía, quema y destrucción de buses y otros bienes públicos. Para demostrarlo, el ente acusador reveló más de 1.600 horas de interceptaciones telefónicas, además de grabaciones, mensajes y resultados de seguimientos que se recopilaron desde finales de 2019.

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En las pruebas se da cuenta de cómo los imputados se relacionarían con estructuras criminales organizadas con el fin de reclutar y adoctrinar jóvenes activistas, universitarios o residentes en sectores urbanos populares, para inducirlos a cometer actos vandálicos durante las jornadas de protesta que se dieron principalmente en el marco del paro nacional que se llevó a cabo a finales de 2019. Para la Fiscalía, dos de los imputados continuaron operando en la capital y fueron parte del grupo que lideró los desórdenes que opacaron las movilizaciones del 9 y 10 de septiembre en rechazo al asesinato de Javier Ordóñez.

Los imputados, según el fiscal delegado, conformarían “células”, “colectivos” o “uniones solidarias”, que tenían operación en otros departamentos como Tolima, Huila y Cauca e incluso nexos internacionales en Chile y Cuba, y coordinaron desde mucho antes las movilizaciones programadas para el 21 de noviembre de 2019 las acciones que se ejecutarían ese día y en general durante las jornadas del paro nacional.

Las comunicaciones interceptadas detallan la planificación de los “choques” y la preparación de compuestos que luego se utilizaron para iniciar los desmanes y agredir a los miembros de la Fuerza Pública. De hecho, uno de los audios sugiere que entre los planes estaba disfrazarse de policías para realizar actos que desvirtuaran la labor de los uniformados.

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Sobre las peticiones, el togado acogió parte de los argumentos de la Fiscalía. “Cada imputado participó en el acuerdo de generar una empresa de criminalidad dispuesta para cometer los delitos que se pusieron de presente y las interceptaciones revelan que había roles específicos. Se pudo establecer el papel de cada uno de los ciudadanos en cuanto quiénes fueron promotores, quiénes organizaron, quienes suministraron información... fueron multiplicidad de elementos que dieron cuenta de manera coordinada de una labor de desprestigio de la Fuerza Pública”, manifestó.

Asimismo, si bien reconoció que los ciudadanos estaban en derecho de protestar, esto no puede derivar en violencia contra la infraestructura pública y en actos que generen pánico y zozobra entre la comunidad. “Claro que se puede protestar, pero no puede pasar desapercibido cómo según las pruebas se dice que hay hasta 70 personas listas para 'reaccionar’”. Según dijo, la protesta no puede derivar en vandalismo que cree ese estado de intranquilidad, pánico y miedo bajo el que estuvo Bogotá los días 21 y 22 de noviembre. “Fueron hechos que se originaron a partir de la infiltración y se puede acreditar que en efecto se afectó gravemente la tranquilidad de la localidad de Kennedy”, agregó.

Tras la exposición y luego de acreditar que se cumplen los requisitos y criterios para imponer la medida de aseguramiento que solicitó la Fiscalía, el juzgado decidió que no sería suficiente la detención domiciliaria, como pidió la defensa, y decidió enviar a los imputados a las cárceles de El Buen Pastor y La Modelo, desde donde deberán enfrentar las demás etapas del juicio.

Primero el juez detalló las razones para imponer la medida de aseguramiento contra “Erika”, “La Pola” y “El Profe”. Respecto a “Justo” hubo un mayor debate debido a que es un adulto mayor de 65 años. Sin embargo, para el togado explicó que “se ve que es un ciudadano totalmente activo y participa de las protestas” y, además, que “no se trajo una historia clínica que indique que tiene alguna enfermedad que es incompatible con la vida en reclusión”. Tras la decisión, la defensa de los imputados interpuso recursos de apelación.