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Tuvieron que pasar ocho años y destinarse recursos por $166.000 millones (casi cuatro veces su valor inicial), para que Bogotá por fin tuviera en funcionamiento el deprimido de la calle 94 con Av. NQS, considerado uno de los monumentos de la corrupción que dejó el carrusel de la contratación en la ciudad. Este miércoles, con presencia del alcalde Enrique Peñalosa, el corredor se entregó al servicio de los capitalinos. (Lea: Luego de diez años, por fin abrirán el deprimido de la 94)
Tal como estaba previsto, el mandatario distrital ofreció excusas públicas por los problemas de corrupción, falta de planeación y atrasos que, por más de una década, rodearon la obra: “A nombre de la Alcaldía, pido disculpas a los ciudadanos por las dificultades, los sobrecostos, las incomodidades y los retrasos del deprimido de la 94”, declaró Peñalosa al dar vía libre a los vehículos que transitarán por los 18 giros que posibilita la intersección a desnivel. (Imágenes: Deprimido de la 94, una triste historia que está llegando a su final)
Sin embargo, para ningún habitante de la capital la entrega es un motivo de celebración. Aunque es un día importante para la ciudad, Peñalosa decidió no realizar ninguna inauguración porque, según el mandatario, no es motivo de celebración entregar los trabajos una década después.
Y es que es la ciudadanía la que ha tenido que padecer los coletazos de las obras. Los monumentales trancones, el cierre de las vías y las intervenciones en el espacio público son apenas un ápice del memorial de inconformidades que los vecinos han logrado sumar durante este tiempo.
El alcalde entregó las obras en compañía de sus más cercanos funcionarios, entre ellos el secretario de Movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo, quien admitió que todos los escándalos que rodearon la obra “nunca debieron pasar”: “Finalmente, termina un calvario para todos los habitantes de esta zona. Esta obra nos va a ayudar en términos de movilidad, es un nodo crítico de la ciudad”, indicó el funcionario.
Para darle celeridad al proyecto, fueron necesarias 200 personas, entre ellas ingenieros, obreros, administrativos y arquitectos, quienes intensificaron labores para cumplir con la entrega del proyecto que tendrá 3,72 kilómetros de vías en superficie y 2,5 kilómetros subterráneas. En la zona habrá, además, un puente ciclopeatonal, tres puentes férreos en el separador de la avenida novena, 1,61 kilómetros de ciclorrutas y 29.000 metros cuadrados de espacio público, según explicó la directora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Yaneth Mantilla.
Se estima que en los 18 giros posibles del deprimido transitarán 6.000 vehículos en hora pico. Eso mejorará los tiempos de desplazamiento, disminuirá la congestión de la zona y eliminará los siete cruces que existen hoy y la semaforización en la calle 94 con Av. NQS.
Recuento de una pesadilla
Desde 2007, cuando la obra fue incluida en el acuerdo de valorización aprobado por el Concejo para construir una serie de proyectos de infraestructura, se generó una cadena de errores que parecía inacabable. El IDU tenía como obligación iniciar las obras dos años después de este acuerdo, pero nada de eso ocurrió.
En 2009 se le adjudicó el contrato al Consorcio Conexión, conformado en su mayoría por empresas del condenado contratista Julio Gómez por el carrusel de la contratación. Esta organización llevaría a cabo los estudios, diseños y ejecución del deprimido, cuyo costo inicial era de $45.868 millones.
A los cinco meses de adjudicado, los ciudadanos y los entes de control advirtieron que en la calle 94 no se había movido una sola piedra. El motivo era la demora en la elaboración de estudios y de diseños, entre los cuales se incluye el inventario de redes de servicios públicos. Este punto era clave, pues ahí se encuentra la red matriz de Tibitoc, que abastece agua a cuatro millones de personas, y otra infraestructura importante para el funcionamiento de la zona.
A pesar de los incumplimientos, el contratista pidió un anticipo de $13.000 millones sin que se hubieran comenzado los trabajos. Tras las presiones, el IDU decidió declarar la caducidad del contrato en 2011.
Un año más tarde, después de abrir una nueva licitación, el Distrito le adjudicó el contrato al consorcio AIA-CONCAY por $85.000 millones. Aunque se pensaba que este sería un punto de inflexión para finalizar el deprimido, el nuevo desafío consistía en buscar nuevos recursos, pues estaba desfinanciado y, para rematar, sus costos habían aumentado. El proyecto volvió a retrasarse porque el nuevo contratista debía realizar nuevos diseños y estudios.
Finalmente, la obra inició en 2013 y se fijó su terminación para junio de 2014. Pero este plazo tampoco se cumplió porque se firmaron cuatro adiciones que sumadas incrementaron el valor del contrato a $154.000 millones.
La nueva prórroga quedó para el 22 de julio de 2016. En esa fecha, aunque ya había avances considerables, no se finalizó la labor y se solicitaron nuevas adiciones que completaron los $166.000 millones. En ese entonces, más que nunca, la terminación del proyecto parecía una quimera.
Lecciones aprendidas
Tras el historial de corrupción, las dificultades para cumplir con los tiempos y las incomodidades generadas a la ciudadanía, entre muchos otros problemas, se desprenden lecciones para evitar que estos hechos no vuelvan a repetirse. En un informe que muestra el seguimiento de la obra entre los años 2009 y 2017, la Veeduría Distrital hace un llamado para planear y estructurar los contratos futuros para evitar los retrasos en los tiempos establecidos.
También le sugiere al IDU coordinar de manera más efectiva los trabajos con las demás instituciones involucradas y con los contratistas, “con el fin de definir canales de comunicación directos, optimizar procedimientos, establecer tiempos y requisitos en la aprobación de estudios”.
Recomienda que esos arreglos interinstitucionales se den desde las etapas de planeación y factibilidad, para que se reflejen en la fase de estudios y diseños, “de tal manera que su incidencia en la etapa de construcción sea mínima”.
Pero lo más importante, según la Veeduría, es reforzar las acciones correctivas contra quienes incumplan, como la imposición de multas, para no tener que caducar los contratos y perder tiempo y presupuesto valioso de la ciudad.
Lo cierto es que este oscuro episodio dejó dos tareas para la administración y los ciudadanos. A la primera la obliga a recuperar su credibilidad y reconstruir el lazo que se rompió con los habitantes. A los segundos, a exigir resultados y velar por sus recursos. Comienza la cuenta regresiva para tachar uno de los tantos problemas que hoy aquejan a Bogotá.