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La Procuraduría abrió una investigación preliminar en contra de los actuales secretarios de Hacienda (Beatriz Arbeláez) y Movilidad (Juan Pablo Bocarejo), y los que hicieron parte de la administración de Petro (Ricardo Bonilla, José Alejandro Herrera, Piedad Muñoz y Constanza García y Rafael Rodríguez) por los posibles delitos de peculado, fraude en resolución judicial y prevaricato en la recaudación de las multas de tránsito en la ciudad.
De acuerdo con el denunciante, Isnaldo Gómez, en la ciudad se ha hecho el recaudo de dineros de las multas de tránsito que no se encuentran establecidos en la ley, así como, a pesar de que la Federación de Municipios, es la encargada de mantener la plataforma del Simit, asegura que tampoco ha recibido los recursos que le corresponden por dicha labor.
El pleito jurídico entre la ciudad y Fedemunicipios viene de mucho tiempo atrás, desde 2002 que se implementó la plataforma del Simit un sistema que permitía hacer control de las infracciones de tránsito y serviría como herramienta de información para establecer si una multa impuesta en Bogotá. Desde el comienzo la entidad reclamó la comisión por las multas impuestas y pagadas en Bogotá, pero el Distrito se negó a dársela.
En 2009, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca fallo a favor de la entidad una tutela en la que obligaba al Distrito a pagarle $80.000 millones por el recaudo del 10 % de las multas de tránsito. Pero, 15 días después de darse a conocer el fallo, en segunda instancia, el Consejo de Estado ordenó suspender el pago mientras se analizaba el proceso, que posteriormente fue derogado. La tensión continuó y terminó con la salida de Bogotá de Fedemunicipios.
Recientemente, en respuesta a una acción popular, el juzgado 19 administrativo del circuito de Bogotá ordenó a la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) responder por los rendimientos y excedentes financieros producto de la administración del Sistema Integrado de Información de Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit) y el Registro Único Nacional de Transporte (Runt), entre 2002 y el 31 de julio de 2014.
Paralelamente, ante la Fiscalía y la Procuraduría han avanzado procesos por las irregularidades en la recolección de las multas y sanciones de tránsito en el país.