“Acatamos el fallo de la Corte Constitucional”: secretario de Movilidad frente a fotomultas

Nicolás Estupiñán, secretario de Movilidad de Bogotá.

Foto: Secretaría de Movilidad

Tras conocerse que Bogotá tiene cinco días para explicar el funcionamiento de la imposición de los comparendos por posibles fallos en el proceso, el secretario de Movilidad de la capital, Nicolás Estupiñán, se refirió al respecto, asegurando que el proceso está funcionando de acuerdo con lo estipulado por la Corte Constitucional.

Este lunes la Procuraduría General de la Nación le dio cinco días al Distrito para explicar los comparendos por fotomultas, pues el Ministerio Público asegura que ha recibido quejas de ciudadanos de que la Secretaría de Movilidad no estaría garantizando el proceso de imposición indicado por la Corte Constitucional.

Durante 2020, la Alcaldía de Bogotá tuvo que suspender la imposición de comparendos por fotomultas debido a un fallo de la Corte Constitucional que establecía que las multas se deben imponer a la persona que cometió la infracción y no al dueño del vehículo. Tras esta decisión, la secretaría tuvo que cambiar el proceso de imposición.

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Y de acuerdo con Nicolás Estupiñán, el proceso se ha venido cumpliendo de acuerdo con este fallo. “Vale la pena aclarar que la Secretaría está cumpliendo y acatando plenamente la sentencia de la corte. Las cámaras detectan infracciones y lo que se hacía era imponer el comparendo inmediatamente al dueño del vehículo. La corte dijo que no podíamos hacer eso y no lo estamos haciendo”, dijo.

De acuerdo con el funcionario, lo que ahora se hace citar al dueño del vehículo para que este informe quién fue el responsable de la infracción y así generar el comparendo. “El año pasado más de 15.500 personas reconocieron sus infracciones y voluntariamente pagaron y más de 1.100 personas impugnaron sus comparendos, se les cerraron sus procesos y no pasó nada”, explicó Estupiñán.

Finalmente, el funcionario aseguró que el funcionamiento de las cámaras de detección automática continuará en la ciudad, pues estas tienen el aval de tanto de la Corte Constitucional como del Ministerio de Transporte. “Nosotros ya tenemos unas cámaras que están protegiendo vidas, no podemos simplemente apagar las cámaras y pretender que no existen. Las cámaras han sido compradas con un propósito que es proteger la vida de los bogotanos”. Por el momento, la Procuraduría investiga la situación y también le solicitó explicaciones a las alcaldías de Cali y Medellín.