Admiten acción popular contra TM por la Séptima, por posibles fallas técnicas y ambientales

Archivo El Espectador

La construcción de la troncal de Transmilenio por la carrera Séptima, cuya licitación se prevé adjudicar este mes, tiene un nuevo tropiezo. Un juez administrativo de Bogotá admitió la acción popular, que presentó el pasado 26 de febrero la concejal María Fernanda Rojas (Alianza Verde), en la que señala supuestas falencias técnicas y ambientales durante el desarrollo de los estudios técnicos del proceso licitatorio, que se abrió el pasado diciembre.

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Las irregularidades que denuncia la cabildante en su acción popular están relacionadas con los reparos técnicos de las subdirecciones de Desarrollo y de Infraestructura del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y el proceso social de oposición de los vecinos del sector, quienes una vez conocieron los planes para el corredor vial se agruparon en tres grandes comités para intentar frenar, o por lo menos modificar, la troncal que tendría 20 kilómetros (desde la calle 32 hasta la 200), 21 estaciones y conexiones con las troncales de la calle 26, la avenida Caracas, la Autopista Norte y, a futuro, con la troncal de la Av. 68. 

Según la cabildante, entre las falencias técnicas y ambientales de los estudios que respaldan la licitación se encuentran afectaciones a la fauna y la valorización de los inmuebles ubicados en inmediaciones de la carrera Séptima. También afirma que se producirá un grave impacto ambiental pues se tendrán que talar 1.431 árboles y que al recortar parte del andén del Parque Nacional se estarían violando normas que buscan proteger el medio ambiente de la capital.

No solo el aspecto ambiental, sino también el patrimonial, hacen parte de los argumentos frente a la protección del Parque Nacional. De acuerdo con la concejal, este parque y otros seis bienes se verán afectados por la obra. Asimismo, Rojas advirtió que las obras afectarán 16 bienes de interés cultural tanto del orden nacional como distrital que gozan de especial protección cuenta con un Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), y que no se tendrían en cuenta dentro de los estudios contratados por el Distrito, denuncia la cabildante.

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Para hacer esta afirmaciones, Rojas se valió de un derecho de petición radicado a principios de este año ante el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), del que se concluye que será necesario replantear varios trazados prediales, diseños de zonas duras y blandas, aclarar los materiales a usar y modificar fichas técnicas, debido a los bienes que se verán afectados por el proyecto. También se cuestiona en la acción popular la existencia de estudios de detalle para la intervención en la Embajada del Perú y la casa Museo del Chicó.

Para sacar adelante el proyecto, el Distrito dividió la troncal en ocho tramos, que se construirán de forma simultánea. El IDU espera adjudicar este mes esos ocho contratos y poner la primera piedra de la troncal a mediados de agosto. Sin embargo, los detractores esperan que eso no ocurra y tienen sus esperanzas puestas en las acciones populares que se han interpuesto para intentar frenar la licitación. Sobre esta última acción interpuesta por Rojas, y que pide unas medidas cautelares que suspendan el proyecto, el Distrito tiene un plazo de cinco días hábiles para pronunciarse con sus contraargumentos. 

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