Aguas agitadas para Gustavo Petro

Sus abogados centran todas sus esperanzas en una pronta intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que le pidieron actuar de urgencia.

En medio de la tormenta política, el alcalde Petro entregó ayer tarjetas del SITP para personas sisbenizadas (ver balcón). / Alcaldía de Bogotá.

Pesadumbre es quizá la palabra que mejor concreta hoy la sensación que habita en los pasillos de la Alcaldía de Bogotá. Al punto de que los asesores de Gustavo Petro ya le han planteado que no presente la demanda de nulidad contra su destitución e inhabilidad por 15 años. En todas las tutelas que han salido favorables para el alcalde, la advertencia fue clara: tiene menos de cuatro meses para presentar esa demanda. Incluso el Consejo de Estado le dijo que su tutela no daba a lugar porque tenía el recurso de la nulidad. Sin embargo, con todo lo que ha pasado en los últimos días, tirar la toalla ya no suena tan descabellado para los petristas.

Porque los tribunales colombianos no les representan ya una opción viable —la ponencia de fallo del Consejo Superior de la Judicatura tampoco es favorable para los intereses de Petro, aunque allí todavía no se ha tomado una decisión final—, los abogados del alcalde tienen todas sus esperanzas puestas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la cual Petro le pidió medidas cautelares para proteger sus derechos políticos. En un comunicado enviado este miércoles al organismo, los litigantes le enviaron “información adicional” (la decisión del Consejo de Estado de rechazar la tutela del alcalde) con el objetivo de que la Comisión atendiera “positivamente la solicitud”.

En un documento de tres páginas, los abogados de Petro se refirieron al tema de la demanda de nulidad contra la decisión disciplinaria de la Procuraduría, emitida el pasado 9 de diciembre y ratificada el 13 de enero. Explicaron que la “acción de nulidad y restablecimiento del derecho” (su nombre técnico) no es tan ágil o efectiva como la tutela porque “requiere de la intervención obligatoria de un abogado, que para interponerla es requisito previo el intentar una conciliación ante la Procuraduría —en este caso, la entidad que también sería la demandada—, no es sencillo, ni rápido, puede durar más de tres años, ni efectivo para proteger los derechos reconocidos en la Convención (Americana sobre Derechos Humanos)”.

Y agregaron: “Los hechos y consideraciones anteriores concluyen en que los recursos internos que ofrece el Estado de Colombia no son idóneos para proteger los derechos políticos del Alcalde Petro y sus electores, pues de ejecutarse el fallo del Procurador (...) el daño es irreparable, pues afecta derechos que, ‘por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización’ ni aunque la Comisión y, eventualmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, le ordenen al Gobierno de Colombia restituir los derechos políticos de Gustavo Petro, pues esto ocurriría cuando ya no es posible que sea restablecido en su cargo”.

Existe el antecedente de que un juzgado administrativo de Bogotá determinó que el decreto 564 de 2012, con el cual el alcalde cambió el modelo de recolección de basuras, era legal, contrario a lo que afirmó la Procuraduría —y con base en lo cual lo sancionó—. Mientras él y sus asesores siguen definiendo el futuro que está por venir, la campaña por el SÍ a su revocatoria se mantiene, la Personería advierte que ningún funcionario de la Alcaldía puede participar en proselitismo para apoyar las votaciones del 6 de abril, Petro insiste en convocar a la ciudadanía hoy en la tarde a la Plaza de Bolívar y sus seguidores se cuestionan si vale la pena seguir dando la pelea o si sería mejor entregar banderas.