Al borde del destierro

Un particular asegura ser dueño de dos hectáreas en las que habitan los muiscas de Cota. Esto ha impedido que sean reconocidos como resguardo.

El abuelo de la comunidad muisca de Cota, Fernando Castillo, en la zona de la cual podrían ser despojados. / Gustavo Torrijos
El abuelo de la comunidad muisca de Cota, Fernando Castillo, en la zona de la cual podrían ser despojados. / Gustavo Torrijos

En la mañana del lunes los indígenas de Cota dejaron de lado sus actividades cotidianas y se reunieron cerca de la vereda La Moya para bailar y cantar. Escogieron hacerlo como un acto de resistencia ante el anuncio de que las 54 familias que habitan en la vereda iban a ser desalojadas. Las autoridades del cabildo dicen que este es el cuarto intento de desalojo. La razón: un fallo de 2011 de la Corte Suprema que ordena la restitución de dos hectáreas (tituladas como lote Galilea) a Ricardo Páez, supuesto dueño del terreno.

El litigio data de 1994, año en que el señor Páez adquirió el terreno a través de la compra a Nereo Triviño, presunto expropietario. Dado que estas hectáreas habían sido ocupadas por la comunidad muisca, Páez demandó y en 2001 el Juzgado Civil del Circuito de Funza, Cundinamarca, ordenó la restitución. Siete años más tarde, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca revocó la sentencia y le dio la razón a la comunidad muisca, que alega ser propietaria del terreno desde 1876, año en que se realizaron las transacciones para su adquisición.

Ahora, el fallo de la Corte Suprema que de nuevo ordena la restitución se ha convertido en uno de los principales impedimentos para que la comunidad muisca pueda consolidarse como resguardo. “Hay estudios etnológicos que demuestran que aquí hay una población, unos usos y costumbres y que por tanto cumplimos con los elementos para ser reconocidos como resguardo. El problema es que el Incoder (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural) no ha avanzado, y mientras tanto siguen apareciendo particulares que quieren la tierra”, señala el primer gobernador del cabildo, José Pereira.

De hecho, el Ministerio del Interior, a través de la Dirección Técnica de Asuntos Étnicos, emitió un concepto previo sobre la constitución del resguardo. Antes de pronunciarse a favor, el ministerio solicitó una aclaración sobre el estudio de títulos y la certificación de la propiedad. De acuerdo con el documento, existen dos folios de matrículas sobre el mismo predio.

Según un censo realizado por el Incoder, en la actualidad el resguardo cuenta con 380 hectáreas en las que habitan 315 familias (2.765 personas). “Es un territorio de carácter especial. Eso no lo ha tenido en cuenta la Corte. En cualquier momento intentan hacer otro desalojo, por eso necesitamos urgente al Incoder y a la Defensoría del Pueblo, porque no nos están garantizando nuestros derechos fundamentales”, asegura Pereira.

En favor de Ricardo Páez estarían las escrituras públicas que demostrarían su propiedad sobre las dos hectáreas en la vereda La Moya. Dentro de las pruebas que el demandante entregó está la escritura del 16 de febrero de 1993, en la que se oficializa el traspaso de la venta de Gregorio Triviño a Páez, y otra del 23 de enero de 1949, en la que Triviño adquiere la propiedad del lote.

En contraste, la comunidad muisca asegura ser propietaria de este terreno desde el período colonial. “En 1876, cuando los indígenas eran menores de edad y no podían comprar tierras, los señores Roque Capador, Pió León y Vicente Tovar adquirieron a su nombre estos predios”, dice Gregory Chingate, segundo gobernador del cabildo. Sobre la confusión en la titulación de predios, Pereira dijo que en el proceso “ha habido complicidad de los notarios. Se hacen levantamientos topográficos sobre zonas que no corresponden y luego sacan escrituras. Aquí debe haber una comisión especial para el manejo jurídico, porque es la tierra de una comunidad indígena”.

En caso de que se diera el desalojo, la comunidad se vería en aprietos por la ausencia de espacios para reubicar a las familias que viven en la vereda: “Mi esposa y yo empezamos a construir la casa en esta tierra hace tres años. Si nos sacan no tendríamos a dónde ir porque no hay terrenos baldíos para la reubicación. Lo que ve de espacio verde es reserva forestal”, dice Chingate.

Al finalizar el lunes no se había llevado a cabo el desalojo. La comunidad muisca alegó ante la Defensoría del Pueblo que el caso no puede limitarse a la justicia ordinaria y que debe ser revisado de nuevo. Ahora está en manos, otra vez, del Juzgado Civil del Circuito de Funza: “En estos días nos podrán notificar de otro desalojo. Por eso necesitamos una comisión especial”, dijo Pereira.

En todo caso, el problema de llevar la comunidad a otro lugar está en el uso que se le da a la tierra en la cual está asentada. Así lo explica Lourdes, una de las mujeres que lideran las actividades de la comunidad: “Acá tenemos toda una tradición. Tenemos la chagra (área de cultivo), en donde crece el romero, la papayuela, el sauco, los cubios, la quina. Vienen los mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta por lo que significa este lugar espiritualmente. Los que dicen que no tenemos tradición no saben que aquí la mayoría de apellidos son muiscas: Fiquitiva, Tibaquichá, Neuque, Tautá”.

La visión del abuelo de la comunidad muisca de Cota, Fernando Castillo, sobre el terreno en disputa es distinta: “Acá hay una ley natural, una ley espiritual. No hay disgustos con el señor que quiere el terreno porque nosotros creemos en el derecho a la vida. Seguimos viviendo tranquilos, no sentimos odio hacia él. La Madre Tierra es la dueña de nosotros, no nosotros de ella”.

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