¿Al Concejo de Bogotá le quedó grande el POT?

El proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial (POT) naufraga en el Concejo, pues en tres meses la corporación fue incapaz de adelantar un trámite riguroso y asumir una posición (aprobando o rechazando). Esto significa que, a pesar de las discusiones, el proyecto regresará a manos del alcalde Enrique Peñalosa, tal como lo presentó y podrá expedirlo por decreto. (LEA: Discusión del POT avanza lento: ¿y si se termina aprobando por decreto?)

Aunque este escenario era previsible casi desde que se radicó, es clave saber cómo y por cuenta de quiénes llegó a este punto un proyecto tan crucial para la ciudad, ya que define su rumbo hasta 2031. Por un lado está la administración. Si se analiza la forma como se estructuró el proyecto, se podría decir que cumplió con detalle los pasos obligados antes de radicarlo al Concejo: escucharon a la gente en las veinte localidades, concertaron con las autoridades ambientales y esperaron el concepto de expertos, entre otros.

No obstante, al revisar los detalles de fondo se encuentran situaciones que dejan mucho que pensar. La primera es que la fecha en la que se radicó el proyecto (agosto de 2019) no es consecuente con la urgencia que expresaba hace cuatro años Peñalosa sobre la necesidad de que la ciudad tuviera un nuevo POT.

Su estructuración tardó más de lo necesario e incluso el Distrito la retrasó a la espera de que la CAR emitiera una decisión sobre su solicitud de intervenir la Reserva Van der Hammen. Con el tiempo encima y sin un pronunciamiento de la autoridad ambiental (el cual sigue en veremos), terminaron radicando el proyecto en el Concejo, en plena campaña electoral. (LEA: Proyecto de POT ya está en manos del Concejo de Bogotá)

Por otro lado está la responsabilidad política del Concejo, que les incumplió a sus electores en la tarea de discutir y votar el POT. La corporación tenía noventa días calendario, que parecían suficientes para el trámite, pero en el camino se presentaron retrasos, obstrucciones y desidia. A diferencia del compromiso que tuvieron para aprobar el Plan de Desarrollo o las vigencias futuras (donde hubo sesiones hasta de diez horas), en esta oportunidad tramitaron el POT como si fuera un proyecto más. Un dato particular que evidencia la situación: a pesar de que en los períodos anteriores las sesiones duraron en promedio entre 210 y 270 minutos, en lo corrido de este semestre no llegaron a 150 minutos.

Por esto, a tres días de que se cumpla el plazo legal para discutir el documento, ni siquiera se ha votado en la Comisión del Plan, que es el paso previo para llevarlo a la plenaria. Las inasistencias, las llegadas tarde de algunos cabildantes, las cortas sesiones (salvo el cabildo abierto) y hasta la semana de receso que se tomaron, fueron la constante.

Para completar, el concejal Juan Felipe Grillo (Cambio Radical), presidente de la Comisión responsable del trámite, nunca tuvo un cronograma claro. De hecho, los señalamientos apuntan a este cabildante (que se quemó en las pasadas elecciones), quien el martes dio la estocada final: sin explicación canceló la sesión de ayer, en la que empezaría la votación. (LEA: Tras nueva dilación, POT agoniza en el Concejo y quedará en manos de Peñalosa)

Si bien varios concejales resaltan que hicieron un estudio juicioso y que siempre estuvieron dispuestos y presentes en las sesiones, de poco sirvió y por eso entre ellos hoy buscan a los culpables del naufragio del proyecto.

La presidenta del Concejo, Nelly Patricia Mosquera (Partido de La U), por ejemplo, acusó a la Comisión del Plan. “No permitiré que descarguen la responsabilidad sobre la plenaria. Los 45 concejales tenían derecho a pronunciarse. Los concejales de comisión tomaron una decisión, que deben asumir políticamente y responder a los ciudadanos. Y si el POT se expide por decreto, llamaré a Peñalosa para que atienda al llamado de los ciudadanos que tienen reparos”.

Mosquera agregó que la comisión tuvo las garantías y los tiempos para votar el proyecto, así que, por ley, no pueden usar la sesión del viernes para ello. Así las cosas, la única manera de que el POT no se expida por decreto es que se vote en las sesiones del sábado y domingo. Se trata de un escenario casi imposible, pero al que aún se aferran algunos cabildantes.

“Hay plazo hasta el domingo y es muy importante que se someta el proyecto a votación, porque ya se tuvieron todas las garantías. Los tiempos están complicados, pero ya están las observaciones y hay que votar”, aseguró Nelson Cubides (Partido Conservador).

Otros miembros de la cuestionada comisión, como Celio Nieves (Polo), Marco Fidel Ramírez (Opción Ciudadana) y Juan Carlos Flórez (Partido ASI) señalan que llegar a este escenario fue algo calculado, pues nunca estuvieron asegurados los votos a favor del proyecto. “Estamos en este problema por una arbitrariedad del presidente, que impidió que se tomara una decisión en primer debate. Pedí que trabajáramos en jornadas continuas, pero estaba clara la intención de que no lográramos votar. Es claro que esto solo le sirve al Distrito”, dijo el concejal Flórez.

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En respuesta a las críticas durante la sesión del martes, Grillo aseguró que como presidente tuvo que dar las garantías para que todos los interesados tuvieran su espacio para discutir el proyecto. Sin embargo, considera que el tiempo no alcanza para debatir la iniciativa. “Eso son cosas que se me salen de las manos. Se debe analizar si tres meses es suficiente para discutir un proyecto de tal envergadura. Por eso ningún POT se ha aprobado mediante acuerdo”.

Todo apunta a que, de nuevo, la hoja de ruta sobre el crecimiento de la ciudad en la próxima década no será una concertación entre la ciudadanía, sino la visión del alcalde de turno. La decisión queda en manos de Enrique Peñalosa, quien debe decidir entre atender el clamor de algunos sectores y de la alcaldesa electa, que piden no firmarlo, o expedirlo aprovechando la ventaja que le da la ley.