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El Consejo Territorial de Planeación Distrital (CTPD) tomó distancia con respecto al decreto 364, firmado por el alcalde Gustavo Petro el 26 de agosto, el cual modifica al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá. El organismo, que representa a los ciudadanos en este tipo de procesos, reclamó por la falta de participación en la norma adoptada por el Distrito y aseguró que en ningún momento dio un concepto viable, como dijo la semana pasada el mandatario.
El 11 de abril de 2013 la entidad emitió un concepto en el cual se recogieron inquietudes ciudadanas y se formularon recomendaciones en relación a las modificaciones del POT; sin embargo, asegura el CTPD, “esta instancia no fue notificada por parte de la administración distrital de las modificaciones que se hicieron al proyecto antes de radicarse al Concejo de Bogotá, ni tampoco de aquellas que pudieron incorporarse previamente a la expedición del decreto”.
De hecho, una de las principales preocupaciones que Martha Elizabeth Triana, presidenta del CTPD, le señaló a El Espectador en abril con respecto a la propuesta del alcalde Petro era la intención del Distrito de implementar proyectos de densificación sin tener estudios previos sobre la infraestructura de servicios públicos.
En ningún momento, dice Triana, el concepto que se le entregó al Distrito fue positivo, sino que establecía recomendaciones para mejorar el modelo que estaba previsto en la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial.
Susana Muhamad, secretaria general de la Alcaldía, ha dicho que sí se tuvieron en cuenta las decisiones de la ciudadanía. En cuanto a las modificaciones que sufrió el proyecto luego de ser negado en el Concejo, dijo que como allí no quisieron discutirlo, el alcalde tuvo que hacer ese ejercicio de manera juiciosa. Añadió que el decreto incluye las modificaciones hechas por los dos ponentes progresistas en el cabildo y algunas de las sugerencias de los gremios, las universidades y la comunidad.
Sin embargo, los opositores que la modificación al POT tiene en los gremios han argumentado que los cambios hechos sin que hubiera consulta son un argumento para su demanda y suspensión. Para el CTPD, más allá de la batalla legal, el problema de fondo es la participación de los bogotanos. El organismo indica que la expedición del decreto 364 “sin que se hubiera surtido previamente un amplio proceso de concertación, adicional y posterior a los cabildos POT, polarizó las posiciones políticas deslegitimando la propuesta, que por no divulgarse y discutirse suficientemente hoy no tiene un respaldo ciudadano”.
Además, el Consejo Territorial de Planeación manifiesta que no tuvo conocimiento del articulado final y que “herramientas como el POT deben tener el máximo nivel de participación y divulgación para que el desarrollo de territorios sea una meta colectiva y no sólo una mirada sectorial o institucional”.
Mauricio Katz, subsecretario de Planeación de la Inversión, dice que la administración hizo uso de su “facultad discrecional” al momento de expedir el decreto sin que lo conocieran el CTPD o el Concejo, pues de lo contrario el Distrito habría corrido el riesgo de que algunos sectores “conocieran información privilegiada que les hubiera dado oportunidad de manejarla y utilizarla a su favor en expedición de licencias de construcción, por ejemplo”.
Katz añade que la Secretaría de Planeación sí incluyó recomendaciones sugeridas por el CTPD respecto a temas como el enfoque de género, sostener la estructura ecológica como eje del POT, la legalización de barrios y los espacios para la economía popular.
A pesar de su postura crítica, el CTPD no ha decidido emprender demandas contra la nueva norma, como sí lo anunciaron el concejal Javier Palacio, Fenalco y la Personería. Por el contrario, reclama una “discusión seria, proactiva y responsable”, que permita aclarar los beneficios, debilidades o vacíos del decreto 364 por medio de la concertación entre la sociedad y la administración del alcalde Petro.
Lo que viene para el POT es su reglamentación. Este proceso será un punto vital para que los ciudadanos puedan participar, como lo reconoce Katz, quien indica que el decreto tiene instancias que se usarán para lograr unas reglas con mayor concertación, especialmente en lo relacionado con las unidades de planeamiento zonal.