Alcaldía denunciará penalmente a la Contraloría por caso de útiles escolares

Por su parte, el organismo de control abrió un proceso de indagación preliminar por este caso.

Contraloría Distrital

Tras la auditoría que realizó la Contraloría de Bogotá por las irregularidades en el manejo de útiles escolares por parte del Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron), la Alcaldía de Bogotá anunció una denuncia penal en contra de los funcionarios del organismo de control.

La secretaria General del Distrito, Martha Lucía Zamora, aseguró en diálogo con Caracol Radio que la Contraloría violó el debido proceso en la visita que realizó a las bodegas en donde se almacenan esos elementos.

Asimismo, manifestó que “esto es absolutamente lamentable y responde a un abuso de autoridad, a un acto que no debe compadecerse con las funciones que tiene un servidor público de la Contraloría por esa razón estamos terminado de elaborar una denuncia penal en contra de los funcionarios que se presentaron sin ningún oficio y además abusaron de su cargo”.

De acuerdo con Zamora, el contrato con el que fue posible la adquisición de los útiles fue firmado por la Administración anterior, en 2009, y en ese momento se contrató más de los necesario. Según la funcionaria, esta situación ya era conocida por la Contraloría.

Indagación preliminar por útiles almacenados

Mientras la Alcaldía anunciaba la presentación de la denuncia, la Controlaría informó que abrió un proceso de indagación preliminar por la situación en la que se encuentran los útiles, los cuales suman más de 2.000 millones de pesos.

El organismo de control señaló que “con el fin de establecer efectivamente el daño al patrimonio público y de calcular su valor real, la Contraloría busca identificar quiénes serían los presuntos responsables del manejo que se le viene dando a las siete bodegas que almacenan elementos adquiridos por el Instituto para niños y jóvenes de escasos recursos y que se encuentran sin uso desde años anteriores”.

Este proceso tiene una duración máxima de seis meses y permitirá conocer si es oportuno abrir un proceso de responsabilidad fiscal.

 

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