Alcaldías locales serían obligadas a tapar huecos en grandes vías

Alcaldes locales tienen a cargo la tarea de reparar las vías de sus barrios. La nueva función que les darán ha estado en manos del IDU.

Si hay algo en lo que podrían coincidir la mayoría de los bogotanos es en que los huecos de la ciudad son su tormento diario. Sólo el 20% de la malla vial de la ciudad está en buen estado y el dinero no da abasto para tapar tanto hueco. En medio de tanto lío el Distrito está a punto de aprobar une nueva medida que seguramente generará controversia: que las Alcaldías Locales se encarguen de tapar también los huecos de las grandes vías. Hasta ahora éstas sólo se encargaban de las vías de la malla vial local, es decir, las de los barrios.

El decreto que señala esta orden está siendo estudiado en estos momentos en la Alcaldía. Así, permitiría que los recursos de los Fondos de Desarrollo Local, que manejan las Alcaldías locales, pasen a financiar el arreglo de la malla vial arterial, que incluye grandes avenidas como la Caracas (sin incluir los carriles de Transmilenio, porque éstos se consideran malla vial troncal). Se trataría de reparaciones superficiales y temporales para prevenir accidentalidad vial.
Hasta ahora la entidad que se ha encargado del arreglo de las vías arteriales es el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

Las Alcaldías locales destinan entre $200 y $250 mil millones para el mantenimiento de las vías de sus barrios, pero en adelante también tendrían que sacar de esa misma bolsa el dinero para las grandes vías. Por ello para muchos la pregunta que queda para muchos es si esto retrasará aún más el mantenimiento de las calles. Se sabe que la administración es consciente de este riesgo, pero prefiere que los recursos se ejecuten más rápido en lugar de que estén guardados, como se lo dijo una alta fuente oficial a este diario.

El Distrito también señala que hay pocos recursos para tapar los huecos. En total las entidades encargadas del tema manejan unos $450 mil millones al año, cuando en realidad la suma que necesitaría en este preciso momento Bogotá para arreglar todas sus calles y avenidas son $11,7 billones. Por esta razón, la administración ve en esta nueva estrategia una forma de agilizar procesos de contratación de contratistas por zonas de la ciudad que sean determinadas por las Alcaldías Locales.
Sin embargo, también es claro que las Alcaldías no están acostumbradas a este tipo de contratos e intervenciones y no es claro cuál es el esquema que seguirán para cumplir con su nueva tarea. Podrían hacer licitaciones (que toman bastante tiempo: mínimo seis meses, con suerte) o hacer convenios con la Unidad de Mantenimiento Vial, que ya tiene bastantes líos con la máquina tapahuecos y su difícil meta de cumplir con el reparcheo de 220 mil huecos, de los cuales sólo llevan unos 8 mil¬.

El esquema que plantea el Distrito “no es malo”, como lo dijo una fuente en una conversación extraoficial, pero el punto es qué tan rápido pueden operar las Alcaldías y qué tipo de intervención logran ejecutar. El Instituto de Desarrollo Urbano seguiría manejando el inventario de la malla vial y los alcaldes le señalarían los segmentos de las avenidas que les interesa intervenir, de acuerdo a los recursos que tengan.

De acuerdo con voces que conocen el tema, es preocupante que las Alcaldías no tengan la experiencia de ingeniería que requiere la malla vial arterial. “Imagínese la localidad de Suba atendiendo la Autopista Norte o ala de Chapinero haciéndose cargo de la Caracas”, dijo una fuente.

Algunos temen que de nuevo la administración le apueste a una estrategia cuyo proceso genera bastantes procesos institucionales y administrativos, en los que va pasando el tiempo mientras que las calles siguen empeorando. Una controversia similar se vivió con el convenio 1292, con el que al comenzar la Alcaldía el Distrito quiso manejar directamente los recursos de la malla vial local, que hasta ese momento manejaban los alcaldes locales. Finalmente el dinero tuvo que ser devuelto a las Alcaldías y el contrato no ha sido terminado aún, aunque el plazo inicial se vencía en diciembre de 2014.

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