Alerta por robo de celulares y hacinamiento en Bogotá

Distrito anunció alianza público privada para prevenir el hurto de teléfonos móviles. Habilitarán 100 cupos de la Cárcel Distrital para jóvenes recluidos en centros del ICBF.

Evitar el robo de celulares en la ciudad es una tarea que se le ha salido de las manos a la Policía Metropolitana y a la Secretaría de Gobierno. Ante el hurto indiscriminado de teléfonos móviles (en lo corrido del año han denunciado el robo de 15.000 equipos) los operadores de telefonía Tigo, Claro y Movistar aceptaron una alianza con la administración distrital, la Fiscalía, la Comisión de Regulación de las Comunicaciones, la Sijín y la Cámara Colombiana de Informática.

Para Hugo Ernesto Zárrate, con la alianza público privada "le estamos declarando la guerra a las bandas delincuenciales vinculadas al robo y la comercialización de celulares en Bogotá, para lo cual hemos puesto en marcha el Colectivo de Responsabilidad Pública frente al hurto de celulares, en el que todos aportaremos para hacerle frente a este flagelo que, en los últimos 3 años ha cobrado la vida de 19 ciudadanos bogotanos".

El lunes de cada mes se reunirán los actores involucrados para determinar los avances del proyecto. Hasta el momento, los puntos acordados son los siguientes: "reglamentar los negocios o talleres de reparación de celulares, con el fin de atacar el delito del remarcado del IMEI (código de identificación de los celulares); controlar y/o bloquear los containers (depósitos para el transporte de mercancías) con celulares robados, que salen a Ecuador y Venezuela; adelantar una normativa con la DIAN para la importación y exportación de celulares; establecer incentivos por parte de los operadores de telefonía celular para los usuarios que presenten denuncia judicial ante el hurto; incorporar una aplicación que deje inservibles los celulares robados".

De otro lado, la Policía Metropolitana se comprometió a "realizar operativos en las localidades en donde se registran más delitos: Kennedy, Mártires, Chapinero, Suba, Santa Fe, Engativá". La Policía también ha identificado las zonas en donde son comercializados los celulares robados: calle 13 con Avenida Caracas, Avenida Caracas con calles 68 y 70 y San Andresito de San José y la 38”. La probabilidad de ser víctima de robo aumenta entre las 6:00 p.m. y las 9:00 p.m. En 2014, las autoridades incautaron 11.890 teléfonos celulares. Los investigadores de la Dijín también están detrás de los celulares hurtados y comercializados en Soacha, Cali, Medellín, Barranquilla, Villavicencio, Cúcuta, Pereira y Santa Marta.


Hacinamiento en centros del ICBF

El Distrito también está preocupado por la situación de hacinamiento que se presenta en los centros transitorios para menores de edad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), especialmente en el Centro de Atención Especializada para Adolescentes (CESPA). El secretario de Gobierno anunció que se abrirán 100 cupos en la Cárcel Distrital, en un pabellón completamente independiente, para la "resocialización y rehabilitación menores de edad que enfrentan procesos judiciales". Según Zárrate, "esto permitirá que los centros del ICBF puedan atender de una manera más idónea a los menores de edad que sean trasladados a los mismos".

De acuerdo con la Secretaría, la situación en los centros transitorios "es alarmante, aparte de colapsar el sistema judicial y de reclusión no permite brindar una atención que garantice la protección y la garantía de los derechos de los jóvenes, por lo cual el Distrito solicita al ICBF declarar la emergencia sanitaria en el Centro de Atención Especializada para Adolescentes (CESPA)".

El director de derechos humanos de la Secretaría, Andrés Idárraga, se mostró preocupado porque "los jóvenes menores de edad vinculados al Sistema de Responsabilidad para Adolescentes (SRPA) son sujetos de protección especial, como lo indica la Corte Constitucional y la jurisprudencia en general, por eso, el hecho de que se encuentren en condiciones indignas es doblemente preocupante".

A la voz de Idárraga se sumó la del subsecretario de Seguridad y Convivencia, Jonathan Nieto, quien declaró que "el tema de fondo pasa por darle oportunidades de empleo a los jóvenes, por brindar espacios de recreación y por combatir el microtráfico, que está cooptando nuestros jóvenes para llevarlos a cometer delitos". Según Nieto, en Bogotá la mayor incidencia de delitos cometidos tiene que ver con jóvenes entre los 17 y los 29 años: "No pueden ser los jóvenes las principales víctimas y victimarios de los delitos y homicidios en la ciudad".