Amenazas a estudiantes en Cazucá

La Defensoría del Pueblo de Cundinamarca alertó sobre las intimidaciones que recibieron 10 estudiantes del colegio La Isla, quienes debieron huir a otro sector del municipio de Soacha tras la muerte de un compañero.

En este colegio de Soacha estudiaban los once muchachos que fueron abordados por presuntos reclutadores de una banda criminal. / Óscar Pérez

La muerte de un estudiante y las amenazas a otros 10, del colegio La Isla, en el deprimido sector de Altos de Cazucá, municipio de Soacha, colindante con Bogotá, ocurridas hace dos meses, prendieron las alertas de la Defensoría del Pueblo de Cundinamarca sobre un posible fenómeno de desplazamiento intraurbano en el departamento. No se descarta que los responsables de los hechos sean las llamadas bandas criminales (bacrim).

La historia de las amenazas a estudiantes del colegio llegó a oídos de la Defensoría del Pueblo y Acnur en el sector de La Isla, por medio de una de las madres de los jóvenes. La mujer, a quien llamaremos Sandra López, contó que su hijo había tenido que salir del municipio tras recibir amenazas de muerte, que había otros nueve muchachos en igual situación y que la misma institución educativa le había advertido de la situación a la Secretaría de Educación de Soacha mediante un oficio.

Sandra también dijo a la Defensoría del Pueblo que la historia comenzó un día en que su hijo y 10 compañeros salieron de clase y se les acercó un grupo de hombres, que les ofrecieron que se fueran con ellos. En términos simples, se trató de un reclutamiento. Al parecer la mayoría dijo que no, pero uno de los estudiantes dijo que sí: Diego, quien apareció muerto el 2 de agosto.

“Había muchos detalles de la situación que esa mamá no conocía. Pero lo que supimos es que después de la muerte de Diego, a ella unos hombres le pegaron y le dijeron que tenía que sacar a su hijo de acá de la zona o si no lo mataban. El joven tuvo que irse del departamento y ella todavía está en el municipio”, dice una fuente cercana al proceso.

También fue amenazada una profesora de los estudiantes, pues le habían advertido que los jóvenes no podían tener ningún tipo de vínculo con ninguna institución del sector. Ahora ella tiene medida de protección, luego de la alerta que expresó la Defensoría del Pueblo por medio del Sistema de Alertas Tempranas (SAT).

Sandra fue la única madre que denunció su caso ante la Fiscalía. Después de lo ocurrido en agosto, funcionarios de la Gobernación, de Acnur, la Defensoría del Pueblo, el alcalde de Soacha, Juan Carlos Nemocón, y el personero municipal, Henry Sosa, tuvieron reuniones para analizar lo qué está pasando en el municipio y en estos encuentros se habló de la posibilidad de que estructuras de bacrim estuvieran detrás de las amenazas y el intento de reclutamiento.

Un hecho ha llamado la atención en este caso: hasta el 30 de septiembre habían llegado 3.000 desplazados a Soacha en lo corrido de 2013, y de ellos, el 90% proviene de Buenaventura (Valle del Cauca). “No es normal que llegue tanta gente de un mismo lugar y precisamente a Soacha. Por eso ha llamado la atención esta situación”, dijo Sosa a este diario.

En Cazucá tradicionalmente han hecho presencia estructuras de Los Urabeños, que se han disputado el poder del narcotráfico en Buenaventura. Las autoridades investigan su hay algún nexo entre el incremento de esta población desplazada proveniente en esta zona del país y la supuesta presencia de bandas criminales.

De hecho, en declaraciones dadas el fin de semana a diferentes medios de comunicación, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, dijo estar preocupado por la aparente existencia de una organización criminal que está originando el desplazamiento de la ciudadanía de forma organizada en Soacha. “Es posible que se trate de bandas criminales”, agregó.

Una fuente, que prefirió la reserva de su nombre, dice que no se puede asegurar con certeza qué hay detrás de este caso. Los desplazados que están llegando de Buenaventura “tienen el mismo prototipo, hombres de 25 a 30 años, vienen solos y no vienen con sus familias a declarar, no saben el número de cédula, no se saben los nombres completos, vienen con un papel donde traen anotados los nombres de sus familias y qué edad tienen. Todos declaran bajo la misma situación”. Sin embargo, es probable que vayan de camino hacia el Meta, buscando oportunidades en trabajo de minería y petróleo, agregó la fuente.

Por ahora, estos casos están siendo investigados por la Unidad de Víctimas de la Nación, luego de la alerta dada por la Defensoría del Pueblo de Cundinamarca, y darían cuenta de un fenómeno de desplazamiento intraurbano que el departamento aún no ha reconocido.

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@VeronicaTellez

 

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