La decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), de permitir la operación 24 horas de la segunda pista del aeropuerto El Dorado, no sólo cayó mal entre los vecinos, sino también al Distrito, que cuestiona la medida al considerar que no se tuvieron en cuenta los argumentos sobre los efectos de la medida en la salud de la gente del sector. Según la resolución del pasado 24 de agosto, la ANLA autorizó la operación con algunas condiciones: no se podrán hacer pesajes de los aviones en las noches; las pruebas de motor se harán en recinto cerrado y el despegue y aterrizaje se harán en un solo sentido: oriente-occidente. Y aunque esas condiciones buscan mitigar los efectos de la operación, para los afectados no son suficientes. La secretaria distrital de Ambiente, Susana Muhamad, fue una de las funcionarias en criticar fuertemente la decisión, ya que, según ella, “se está jugando con la salud de 200.000 personas”.
¿Qué opina de la decisión de la ANLA?
Muy sorprendida. Otorgó la licencia pese a que el estudio de la Aerocivil tiene deficiencias, como lo advirtió el Distrito. Incluso, lo hizo a pesar de que esa misma autoridad ambiental había emitido en mayo un auto que reconoce que hay incumplimientos del aeropuerto en materia de ruido. No se tomaron en cuenta nuestras graves advertencias .
¿Cuál es el argumento de la administración para rechazar la decisión?
Nadie se opone a la ampliación del aeropuerto, eso es claro. Lo que se ha pedido es que se implementen las medidas de mitigación suficientes para proteger los derechos de la comunidad. Sin embargo, sentimos que se desconoció la petición de los alcaldes, la CAR, el Distrito y los habitantes. La ANLA fue una aplanadora, pasando por encima de los vecinos de El Dorado.
¿Qué dicen los estudios de la administración?
Demuestran que desde que arrancó la nueva operación de la terminal, el ruido ha aumentado y las medidas de mitigación no han servicio. Demostramos los impactos auditivos, de estrés, problemas de sueño y cómo afecta a los niños en sus procesos de aprendizaje. Con esta decisión se está jugando con la salud de 200.000 personas.
Pero la ANLA sugirió medidas adicionales.
Esto no es tema de recomendaciones. En concreto, en su estudio la Aerocivil no hizo una modelación adecuada de cómo las medidas de mitigación que le propusieron a la ANLA realmente reducen el ruido. Lo que decimos desde la Secretaría de Ambiente es que las medidas que ha tomado la Aeronáutica por ahora son operacionales, pero el efecto de la nueva operación sobrepasa esas medidas, porque se aumenta la cantidad de rutas y aviones. Debió calcular esos efectos y no lo hizo.
¿Por qué el estudio de la Secretaría está bien y el de la Aerocivil está equivocado?
La Aerocivil presentó unas cifras basadas en promedios de la operación aérea y por eso creemos que están mal los cálculos de los efectos. Nuestro análisis fue vuelo por vuelo, con lo que demostramos que hay una afectación para la gente. En el estudio de la Aeronáutica exponen un modelo y ofrecen unas medidas, pero no dicen ni demuestran cómo bajarán los niveles de ruido a límites tolerables. En lo ambiental está el principio de precaución y en este caso la incertidumbre sirvió para dar la licencia.
¿Qué va a hacer el Distrito?
Preparamos el recurso de reposición como tercer interviniente. Esperamos que el director de la ANLA recapacite, aunque creemos que no lo va a hacer. Si esta decisión queda en firme, adelantaremos las acciones jurídicas para defender a la comunidad.
¿Qué medidas se pueden tomar para mitigar los efectos del ruido de los aviones?
Se puede insonorizar, construir barreras de ruido y, en caso extremo, reubicar personas. En las audiencias, nosotros propusimos una sobretasa ambiental para crear un fondo para financiar las medidas de mitigación que garantizaran niveles de ruido aceptables. Fuimos muy propositivos en este proceso. Sin embargo, parece que no existe voluntad política y que la consigna es avanzar en la modernización a costa de la gente. Eso no lo compartimos.