Ante la Corte Suprema denunciarán a congresista Andrés Villamizar, señalado de violencia intrafamiliar

Mientras el representante a la Cámara del Partido Liberal dice que puede demostrar su inocencia, su esposa, Verónica Pinto, le pedirá a la Corte Suprema que lo investigue. En el medio de la discusión queda el hijo de la pareja.

Redacción Bogotá.
10 de agosto de 2017 - 04:51 a. m.
 Verónica Pinto, esposa del representante Andrés Felipe Villamizar, recibió una incapacidad de Medicina Legal por diez días. / Gustavo Torrijos - El Espectador
Verónica Pinto, esposa del representante Andrés Felipe Villamizar, recibió una incapacidad de Medicina Legal por diez días. / Gustavo Torrijos - El Espectador
Foto: GUSTAVO TORRIJOS

Un asunto doméstico puede tener repercusiones sobre la carrera política  del representante a la Cámara por Bogotá Andrés Felipe Villamizar (Partido Liberal), luego de que su esposa, Verónica Pinto, instauró una denuncia por presunta violencia intrafamiliar, en una comisaría de familia. Mientras ella se prepara para acudir hoy ante la Corte Suprema, juez natural del congresista, el representante ha dicho que tiene cómo defenderse. 

Según Pinto, su esposo la ha maltratado física y psicológicamente desde hace ocho meses, cuando nació el hijo de la pareja. Sin embargo, no se atrevió a denunciar “por ignorancia, por desconocer los procedimientos y por miedo”. Aunque hace varios meses no viven juntos y el congresista se quedó con la custodia del menor, ella asegura que la semana pasada ocurrió un episodio que la llevó a acudir a las autoridades.

“No le quise entregar a mi hijo a su empleada (que cambia cada ocho días). Él llamo a la Policía, bajó hasta el carro en el que estaba y empezó a pegarle a la ventana. Le dije que no le iba a entregar al niño, si seguía así . Yo me calmé y se lo iba a entregar, pero él me lo quiso quitar a la fuerza. Empezamos a forcejear y se lo entregué. Me fui al carro y él se fue detrás mío. Me pegó un puño”, relata Pinto, quien tiene un golpe en el ojo derecho, pero pide no ahondar en las lesiones que sufrió. “Las agresiones psicológicas son más profundas”, añade la hija del director técnico, Jorge Luis Pinto. 

“Cuando a uno lo violentan económicamente, cuando lo manipulan, cuando no le permiten hacer parte de las decisiones. Parte de mi depresión es que cuando nos fuimos a vivir a su apartamento en el centro, él compró una casa a dos cuadras, que era la que él quería. No tuve voz ni voto. Eso es maltrato. Si no me quiere tener como beneficiaria en su EPS, también es maltrato”

En su testimonio vuelve a evocar los momentos en los que, según cuenta, el congresista la violentó: primero, a los tres días de haber nacido su bebé. Luego,  un mes después. En esa ocasión intervinieron los vecinos, que llamaron a la Policía. “Me dijeron que fuera a la URI, pero mi hijo tenía un mes. Me daba vergüenza y era el papá de mi hijo”.

Esos episodios de violencia, señala Verónica, la deprimieron al punto de que pidió ayuda médica. La gente le decía que era una “depresión posparto”. Pasaron dos meses y en enero le organizó a Villamizar una fiesta en su finca. Borracho, el hombre de 39 años, rompió un ventanal y, según ella, se abrió la mano. “Le dije a la mamá que estaba cansada de su problema de alcohol y ella me respondió que yo sabía que él venía con eso y que para qué me había casado”.

Cuando Verónica decidió ir al médico por su estado de ánimo se llevó la sorpresa de que no estaba afiliada a la EPS, ni aparecía como beneficiaria: “Lo llamé y me respondió que eran mis manipulaciones. Ahí salía que estaba en mora hace cinco meses. Sólo afilió a mi hijo cuando cumplió 4 meses”.

En un almuerzo, en marzo pasado, ella le dijo que se sentía mal y estalló en llanto. “Antes de irnos me dijo que no me podía llevar al niño. Que estaba muy alterada. Se montó en el carro y el escolta me cogió para no dejarme subir. Yo me alteré y en defensa personal intenté soltarme. El escolta dijo que yo lo agredí. En ese momento puso una medida de protección en mi contra. Allá quedamos en que íbamos a ir a terapia de pareja, pero él no fue”. 

Después del trato, Villamizar la invitó a salir con su hijo, pero no llegó.  “Por eso decidí irme de paseo con mi hijo y una amiga. Él empezó a llamar a todo el mundo a decirle que yo había secuestrado a nuestro hijo. Después de eso, me volví a deprimir. Llamé a mis papás a decirles que me quería morir, porque Andrés pretendía quitarme a mi hijo. Yo no le encuentro sentido a la vida sin mi niño”.

Verónica fue internada en la clínica Monserrat. Su diagnóstico fue depresión. Aclara que su papá tuvo que cubrir los gastos, porque ella no tenía seguro médico. “Él (Villamizar) fue tres veces a visitarme y a decirme que había interpuesto la demanda de divorcio. El médico le pedía que fuera a la clínica todos los días para amamantar a mi hijo, pero no lo hizo. El 12 de abril, mientras estaba hospitalizada, fue hasta la comisaría de Antonio Nariño y ahí le dieron inmediatamente la custodia temporal del niño. Dijo que yo estaba loca, sin ningún papel”.

Hoy se arrepiente de no haber denunciado y sólo quiere recuperar la custodia de su hijo, porque después de salir del hospital se tuvo que conformar con verlo una vez cada 20 días: “Me preocupa mi hijo. Tiene siete meses y necesita a su mamá”. Ella, por otra parte, reconoce que “no es una perita en dulce” y que tiene su “carácter”, pero que su comportamiento obedece a su deseo de defenderse y velar por el bienestar de su hijo. 

El representante Andrés Felipe Villamizar se puso en contacto con El Espectador el pasado martes. Luego de asegurar de manera extraoficial que tenía documentos que desmienten a Verónica Pinto, el congresista decidió no responder las llamadas de este diario. Casi 24 horas después, a través de un comunicado, rechazó las denuncias y las calificó como falsas. “Soy consciente de las responsabilidades que implican mi investidura (…). Tengo la conciencia tranquila y las pruebas en mi poder de que todo lo que se ha mencionado no es cierto. Por eso he puesto en conocimiento de las autoridades competentes los acontecimientos que afectaron en materia grave la tranquilidad del hogar”. Dijo, además, que por el bienestar de su hijo pidió celeridad en las investigaciones. 

El costo político 

Días después de que Verónica Pinto interpuso la denuncia, en la Cámara de Representantes se habló en voz baja de las presuntas agresiones de las que ella fue víctima. Pero no hubo un pronunciamiento. La razón: nadie tenía certeza de lo que sucedía. El congresista decidió acercarse o llamar a sus homólogos, les pidió que confiaran en su versión y desmintió los rumores. No obstante, la representante Olga Lucía Velásquez (Partido Liberal), de quien se decía sería la fórmula de Villamizar para el Congreso en las próximas elecciones, decidió tomar distancia de él.

Frente a este caso, la representante Angélica Lozano (Alianza Verde) opinó que si bien no cuenta con información completa de lo sucedido, rescata el valor de quienes acuden a la justicia. “Apoyo a las mujeres que denuncian, siempre. Por tanto, apoyo y celebro que Verónica no aguante”. 

Viviana Bohórquez, experta en derechos humanos y género, considera que este caso evidencia dos problemas que aún tienen fuerte presencia en la sociedad. Uno es el silencio que produce la violencia intrafamiliar, pues aún se concibe como un asunto familiar, en el que es mejor no intervenir. “Tenemos en la cabeza el dicho de que ‘la ropa sucia se lava en casa’. Hay que tener claro que la violencia intrafamiliar no es un asunto privado”.

Lilibeth Cortés, abogada y defensora de los derechos humanos de las mujeres, cree que este caso es más grave y reprochable, porque como congresista, Villamizar representa a los colombianos. Si comete un delito, no se le puede dar espacio a la impunidad, sobre todo en casos de violencia de género.

También considera que en caso de que se pruebe el maltrato, el partido también debe responder, principalmente, por no rechazar abiertamente la violencia contra las mujeres. “No se puede seguir pensando que las leyes son para los de ruana. Todos deben responder”.

Por ahora, el caso quedará  en manos de las autoridades, que a la larga tendrán que definir quién dice la verdad.

Por Redacción Bogotá.

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