Proyecto fue aprobado en noviembre

Ante la justicia buscan tumbar la valorización en Bogotá

El Centro Democrático demandó la iniciativa y pidió medidas cautelares. Alerta por capacidad económica de los contribuyentes.

El proyecto pretende recaudar $906.579 millones para 16 obras. / Archivo

En junio de 2017, la oposición que sentó la bancada del Centro Democrático fue decisiva para hundir el proyecto de valorización, lo que significó el primer revés de la administración de Enrique Peñalosa en el Concejo de Bogotá. Casi año y medio después, el plan del Distrito se concretó y en noviembre fue aprobado el paquete de obras viales, esta vez con los votos definitivos de Cambio Radical. Con todo, los concejales del partido del expresidente Álvaro Uribe insisten en su desacuerdo con la iniciativa y, vencidos en el cabildo, ahora acuden a los estrados judiciales para echar atrás el proyecto.

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Por ello, la concejal Ángela Garzón interpuso una demanda contra el Acuerdo y pidió medidas cautelares para suspenderlo hasta tanto se resuelvan aspectos de fondo relacionados con la capacidad económica de los contribuyentes. ¿En qué se centran sus reparos?

Aunque el proyecto se propone recaudar $906.579 millones de los bolsillos de los propietarios de 503.000 predios en estratos 4, 5 y 6, en los recursos judiciales se argumenta que el Distrito no efectuó un estudio juicioso y actualizado de la capacidad de pago de quienes financiarían las obras. En su lugar, reclama, se hicieron estimaciones con base en los resultados de las encuestas del programa “Bogotá Cómo Vamos”, sin que registre “un informe determinante desde lo técnico y financiero”.

Por ello, pide que se frene el proyecto provisionalmente hasta que haya un estudio más detallado y cita a varios gremios empresariales e industriales de los sectores de Toberín, Puente Aranda y Montevideo, que alertaron que lo que terminarán pagando equivale a 3,5 impuestos prediales. En opinión de la concejal, ello atenta contra los principios del sistema tributario y cita sentencias de la Corte Constitucional, en las que se precisa que cualquier tipo de contribución no puede exceder el 100 % del avalúo del bien.

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“El proyecto no tiene estudios que demuestren la capacidad de pago de los empresarios, ni la valorización concreta que tendrían las bodegas y plantas industriales. Este cobro significaría la liquidación y éxodo de cientos de empresas que dejarían sin empleo a miles de trabajadores”, advierte.

Por otro lado, en la demanda para tumbar definitivamente el Acuerdo, se reclaman cuatro situaciones que supuestamente se configurarían en ilegalidades. Aparte del estudio de la capacidad económica, se advierte, en primer lugar, que el Concejo “incluyó de forma indebida y conexa” una prórroga al plazo para ejecutar las obras: aunque se tiene previsto que todas concluyan en un período de dos años, hay dos vías y dos intersecciones que están autorizadas para terminar hasta en tres años.

En segunda instancia, se critica que las obras aún no cuentan con estudios de factibilidad y, finalmente, que en el Acuerdo se incluyeron elementos de otros proyectos que, pese a que podrían considerarse similares, “no guardan unidad de materia”. Ambos recursos judiciales deberán ser analizados y estudiados por un juez que evaluará si acepta estudiar el caso o no.