Las armas ilegales, el otro reto

Analistas coinciden en que la restricción que propone Petro atacaría también al mercado ilegal.

Viviana Londoño Calle
02 de enero de 2012 - 08:47 p. m.

Desde el momento en que el nuevo alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, anunció que prohibirá el porte de armas en la ciudad, también se conoció que no tiene las facultades para tomar una decisión de este tipo, tal como lo reconoció el nuevo secretario de Gobierno, Antonio Navarro Wolff.

Sin embargo, el asunto podría solucionarse durante el próximo consejo de seguridad de la ciudad, tal como le dijo a este diario el general Gabriel Pinilla, comandante de la Brigada XIII del Ejército, quien sí tiene la competencia para decir la última palabra al respecto: “Vamos a escuchar el verdadero propósito de la medida para tomar una decisión, pero la posición del Ejercito es apoyar la política de gobierno del alcalde si esta contribuye a mejorar los índices de seguridad en la capital”, aseguró.

Sin embargo, tras la polémica en torno al camino jurídico que habría que seguir para adelantar la prohibición del porte de armas en la capital, se esconde un tema de gran envergadura al que todavía no se ha referido el alcalde: el gran mercado ilegal.

Según cifras del Centro de Estudios en Convivencia y Seguridad Ciudadana (Ceacsc), el 65% de los asesinatos en Bogotá se comete con armas de fuego, la mayoría de ellas ilegales (ver gráfico), y tan sólo en 2011, 1.508 personas fueron capturadas en la ciudad por tráfico y porte ilegal de estos elementos.

Por eso, como señala el analista Jerónimo Castillo, la medida que propone Petro tendría que estar acompañada de una amplia política de control a la producción y el porte de armas ilegales en sectores como el Bronx, en el centro de Bogotá, y los Sanandresitos. Para Castillo es posible que la restricción tenga resultados a corto plazo, pero si no está acompañada de una estrategia de fondo, será un mero acto político.

Sin embargo, la iniciativa que propone Petro sería sólo un primer paso para iniciar un ataque frontal contra el mercado de armas en la ciudad. Así lo señala el investigador de la Corporación Nuevo Arco Iris, Ariel Ávila: “El alcalde no desconoce que el mayor problema sea la tenencia ilegal de armas. La prohibición del porte es un paso dentro de una gran estrategia para limitar y controlar este tema”.

Frente a la preocupación que han manifestado algunos analistas por el posible aumento del mercado ilegal, Ávila aclara que tal cosa no ocurriría ya que no se está prohibiendo la fabricación sino el porte, lo que, por el contrario, le dará mayores herramientas a la justicia. Lo que sí podría ocurrir, advierte Castillo, es que haya un desplazamiento de las armas de fuego a las armas blancas, como ocurrió en ciudades como Cali y Medellín durante largos períodos de restricción al porte.

El profesor de la Universidad Javeriana y director del Centro de Recursos para Análisis de Conflictos (Cerac), Jorge Restrepo, también coincide en que la mayoría de homicidios en la capital se comete con armas ilegales, pero asegura que las armas con salvoconducto también representan un riesgo muy grande y muchas de ellas son utilizadas en actos violentos. Un ejemplo son las muertes por balas perdidas y las que ocurren por riñas o disparos al aire.

Restrepo explica que la restricción también afectaría al mercado ilegal porque le daría una instrucción clara a la Policía para que trabaje en el desarme, logrando así un aumento en la incautación.

De eso está convencido el secretario de Gobierno, cuya estrategia para atacar el mercado ilegal será aumentar las requisas, las batidas y los controles. “Obviamente, esto no afecta a los ilegales, a menos que haya una actividad muy fuerte de control ciudadano en las calles, pero si la Policía busca las armas, podrá hacer control también de las armas ilegales. El propósito es que Bogotá no tenga armas de fuego por fuera del Estado”, señaló Navarro.

Por ahora, la restricción y otras medidas relacionadas con la seguridad estarán a cargo de la Secretaría de Gobierno, mientras se alista la nueva Secretaría de Seguridad.

Por otro lado, el senador del Polo Democrático Luis Carlos Avellaneda anunció que impulsará en el Congreso la posibilidad de que sea el alcalde de cada jurisdicción quien tenga la facultad de prohibir el porte de armas y no la autoridad militar, como ocurre actualmente por decreto nacional.

“Hoy, la competencia está en las brigadas, y eso es un desacierto que no tiene armonía con el mandato constitucional que dice que el alcalde es el jefe de la Policía. Así como en el Gobierno es el Presidente de la República, en cada una de las jurisdicciones debe ser el alcalde, quien es elegido por el pueblo, el encargado de manejar el orden público en sus regiones”, aseguró.

Sin embargo, por ahora será el Ejército quién decida si llegó la hora de que Bogotá se convierta en una ciudad desarmada, como lo prometió el nuevo alcalde durante su discurso de posesión.

Por Viviana Londoño Calle

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