Armas legales para frenar a la Procuraduría

Según denunciantes, la disposición del organismo disciplinario que busca que Petro no se pronuncie frente a la revocatoria, tiene “falsas motivaciones”.

Para los demandantes, el alcalde Gustavo Petro tiene derecho a defender el cargo que ganó en las urnas. / Archivo
Para los demandantes, el alcalde Gustavo Petro tiene derecho a defender el cargo que ganó en las urnas. / Archivo

Al tiempo que el alcalde Gustavo Petro afronta investigaciones preliminares en la Procuraduría, hace frente a una revocatoria del mandato, para la cual ya fueron entregadas a la Registraduría las firmas , según los promotores, de cerca de 600 mil ciudadanos que estarían de acuerdo con que se acabe la era de Progresistas en el Palacio Liévano. Sobre el tema, ya se pronunció la Procuraduría: en un oficio del pasado 17 de mayo, Carlos Mesa (procurador delegado para la gestión preventiva) le pidió a Petro que se abstuviera de pronunciarse sobre dicho proceso; y el pasado 20 de mayo, en una circular, el Ministerio Público les hizo la misma advertencia a todos los mandatarios locales que están en riesgo de ser revocados mediante las urnas. Esa disposición, que a juicio del alcalde es “una prohibición” para defender el “mandato popular”, podría ser tumbada por ciudadanos que la consideran injusta.

Germán Calderón España, abogado, presentó una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado, pues consideró que el acto se produjo mediante una “falsa motivación” de parte del Ministerio Público. Este ciudadano considera que Carlos Mesa se equivocó en la justificación de su advertencia al alcalde Petro del pasado 17 de mayo. Según el funcionario de la Procuraduría, al defender su mandato en pronunciamientos contra la revocatoria, el alcalde estaría participando en política. Una idea que, según reza en el oficio, se fundamenta en la sentencia C-179 de 2002 de la Corte Constitucional.

De acuerdo con lo que se lee en el documento que busca que el alcalde no se pronuncie, la revocatoria es una de las formas democráticas “que tiene el pueblo para ejercer la soberanía popular, cuyo ejercicio implica una clara actividad en política”. Y justifica su consideración en “el criterio de los honorables magistrados Alfredo Beltrán Sierra y Rodrigo Escobar Gil” que, en dicha sentencia, señalan que “la revocatoria del mandato, de manera genérica puede entenderse como una modalidad de participación política”.

Sin embargo, a juicio de Germán Calderón, el demandante, lo que olvidó mencionar en el oficio el procurador delegado es que esos dos magistrados expresaron esa opinión en el salvamento de voto de dicha sentencia. Es decir, esa tesis fue derrotada por los demás magistrados que en ese momento componían el alto tribunal y, por lo tanto, el acto de la Procuraduría no se puede fundamentar en ella, pues es una posición no vinculante. No constituye jurisprudencia y, por lo tanto, la argumentación de Mesa se caería.

Por otro lado, el pasado lunes cerca de cien ciudadanos instauraron tutelas ante el Tribunal Superior de Bogotá. Todas con el mismo texto. Al parecer, la argumentación fue producida por personas cercanas al movimiento Progresistas y distribuida entre quienes confesaron que votaron en 2011 por el actual alcalde. No obstante, en el movimiento y en la administración distrital nadie niega ni confirma que desde allí haya salido la redacción de la tutela.

Una de las personas que firmaron el texto es Ulver Triviño, quien se declaró “cercano al movimiento Progresistas, pero no militante”, así como seguidor de las políticas de Gustavo Petro. Este ciudadano, al igual que todos los que radicaron la tutela, busca que se suspendan “la ejecución y efectos” de la circular de la Procuraduría fechada el pasado 20 de mayo, pues considera que con ella se le están violando sus derechos civiles.

Según dice el texto de tutela, “la decisión emanada de la Procuraduría, cuando resolvió bajo amenaza de sanción disciplinaria impedir entre otros al actual alcalde mayor de Bogotá D.C. ejercer su derecho de contradicción y defensa (...), comporta una violación grosera y real de mis derechos fundamentales ya mencionados, en tanto se me está impidiendo como al grueso de personas que elegimos el programa de gobierno del hoy alcalde mayor plasmado en el aprobado Plan de Desarrollo, conocer de boca del mismísimo cuestionado las razones-explicaciones que apuntan a dejar sin piso los argumentos esgrimidos por el funcionario que públicamente se ha denominado ‘el revocador’ (Miguel Gómez, representante a la Cámara), para poder adoptar una decisión y en consecuencia, a futuro el día en que se convoquen las elecciones resolver el sentido de si revoco o no el mandato a quien hoy ocupa el segundo cargo más importante del país”.

Es decir, quienes firman ese texto consideran que sin la participación de Petro en el proceso de revocatoria (ya sea difundiendo los éxitos de su gobierno o contradiciendo las tesis de quienes pretenden revocarlo), no tendrán los elementos de juicio suficientes para votar a conciencia. Y, por lo tanto, se les estaría impidiendo el normal desarrollo de uno de sus derechos fundamentales, el voto.

Por ahora, estas son las acciones legales que este diario ha conocido para permitir que Petro se pronuncie en un proceso que busca quitarle en las urnas lo que mediante ese mismo medio le fue concedido, el poder ejecutivo en la capital. No obstante, en la Alcaldía no descartan que desde allí vengan más recursos legales. También se muestran preocupados, pues el tiempo que pase mientras los tribunales deciden si tumban o no las advertencias de la Procuraduría, es tiempo que la revocatoria gana.

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@CamiloSeguraA