Arquitectura criminal del Bronx: Torturaban hasta en edificios del Distrito

Del sector más temido de Bogotá sólo quedan ruinas e historias. Los peores delitos ocurrieron en predios del Estado. Los dueños del negocio ilegal no desaparecieron, sólo migraron.

El Bronx era sólo la pieza más vistosa de todo el rompecabezas del narcotráfico en Bogotá. Y lo era por la escena diaria de casi 2.000 habitantes de la calle, amontonados en los andenes de esta “zona de despeje”, donde había consumo de estupefacientes, prostitución infantil, juego ilegal, compra-venta de objetos robados e, incluso, los peores crímenes a pocas cuadras del poder político del país. Este panorama lo dibujaron poderosas organizaciones delincuenciales que crecieron económicamente explotando los vicios de población vulnerable e implantando un régimen de terror, incluso, desde inmuebles propiedad del Estado.

Porque ni siquiera los establecimientos oficiales se salvaron de las cruentas escenas que relatan quienes vivieron allí, repletas de capos, ganchos (puntos de expendio de droga), taquillas, casas de tortura, perros que comían gente… El panorama es diferente tras la intervención de hace una semana. El sector de la L está vacío, pero el microtráfico, sencillamente, migró a otras zonas. El Bronx era apenas una de las 11 ollas madre (grandes expendios de estupefacientes) que hay en Bogotá y seguro los ganchos buscarán en éstas un nuevo espacio.

Las propiedades

El Bronx y toda su actividad creció en una zona cercana al Voto Nacional, en la localidad de Los Mártires, entre las carreras 15 y 15 bis y las calles 9 y 10, a siete cuadras de la Plaza de Bolívar. Allí hay 41 predios que, según la Oficina de Catastro, están avaluados en casi $9.000 millones. De ellos, 24 se concentran en el sector de la L, donde permanecían los habitantes de calle y operaban los principales expendios de estupefacientes.

Al consultar la información de los propietarios se encuentra que cuatro inmuebles pertenecen a entidades oficiales, como la Secretaría de Integración Social (3) y el Fondo para la Lucha contra el Crimen Organizado (1); uno está a nombre de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá (en plena L) y 24 son de personas naturales. De 12 no hay registro. Según la Fiscalía, de todos los predios del Bronx, 15 están en proceso de extinción de dominio.

Entre las personas naturales con varias propiedades y que tienen la mayor extensión en la zona resaltan Jorge Eliécer Herrera Silva (con 2 predios en la carrera 15 bis con calle 9), dueño de la empresa Tractobendix, dedicada al comercio de autopartes; Rosalba Martínez (con propiedades sobre la carrera 15 bis con calle 9A), de la cual no se tienen mayores datos, y Álvaro Duarte Romero (con 2 predios en la carrera 15 bis con calle 9), propietario de una empresa de reciclaje de la zona.

A pesar de que las autoridades tienen versiones de que los capos del Bronx se dedicaron a comprar predios, al revisar los datos de los propietarios, en principio, ningún nombre está vinculado a alguna organización que operara en el sector. Excepto los cuatro inmuebles que están en manos de entidades oficiales luego de ser objeto de extinción de dominio, ningún propietario tiene antecedentes ni líos con la justicia.

Edificios del Estado, para el crimen

Lo que sí es cierto es que, sin importar el propietario, muchos inmuebles estaban invadidos y los controlaban las organizaciones delincuenciales. Tan compleja era la situación que, por ejemplo, en el predio que aparece a nombre del Fondo para la Lucha contra el Crimen Organizado (carrera 15 bis N° 9ª-12) fue donde hace un año secuestraron y torturaron a dos agentes del CTI.

El caso ocurrió el 26 de mayo de 2015, cuando dos detectives llegaron a la zona tratando de ubicar a Wilson Fernando Núñez Contreras, reportado como desaparecido. Contactaron a alias Arepas (conocido de Núñez y campanero en el Bronx), quien a su vez los contactó con otro campanero: alias Chabuco. A ambos agentes los secuestraron sujetos vestidos de payaso y los llevaron a una casa conocida como Amarillo (carrera 15 bis N° 9ª-12). Uno de ellos era Rónald Rodríguez, alias el Flaco, quien sacó un revólver y les dijo que iban a jugar a la ruleta rusa; luego los asfixió con un cable y, finalmente, los amenazó con un machete. La frase: “Los vamos a picar y a meter en costales”. Pasaron cuatro horas de tortura para dejarlos ir, no sin antes advertirles que no denunciaran.

Historias similares, pero con quienes incumplían las normas dentro del Bronx, ocurrieron en un inmueble a nombre de la Secretaría de Integración Social (carrera 9ª N° 15-17) referenciado por tener en su fachada un grafiti del padre Javier de Nicoló, recientemente fallecido y reconocido por haber ayudado a niños desprotegidos. Allí funcionaba la supuesta casa de pique y de tortura. En otro predio del Distrito (carrera 15 bis N° 9-38) tenía su despacho una de las dos organizaciones criminales más poderosas del sector: “Gancho Mosco”.

La Secretaría de Integración Social explicó que en la entidad tienen el acta en la que la Dirección Nacional de Estupefacientes entregó esos inmuebles a la pasada administración para desarrollar un proyecto de renovación urbana denominado Ciudadela Humanidad, que consistía en construir jardines infantiles, centros de atención y comedores comunitarios para la población vulnerable que habitaba el Bronx. Esos predios, sin embargo, siempre estuvieron invadidos y la Alcaldía nunca tomó posesión. “Después de la intervención de la semana pasada dejamos esos inmuebles a disposición de la Empresa de Renovación Urbana para que determine su destino”, señalaron en la Secretaría.

En los predios de los cuales este diario no logró obtener registro del propietario también se cometieron delitos. Algunos que funcionaban como hoteles, como el conocido “Rejas Negras”, servían para la explotación sexual infantil. En otros donde funcionaban bares, como el bar Millonarios, existían caletas con droga y túneles para permitir el escape de los jefes de las bandas.

El Distrito, por ahora, planea demoler lo que queda del sector, como una suerte de solución para que la barbarie no se reedifique sobre sus ruinas.

Ganchos: las columnas del crimen
 
Tres cuadras fueron espacio suficiente para la consolidación de seis estructuras criminales en el Bronx. Pese a la violencia y crueldad de su accionar, lograron cierta convivencia armónica en los últimos cinco años. Tanto así que, pese a los anuncios de la caída de capos, el negocio siguió sin grandes batallas dentro de la olla.
 
Históricamente, los ganchos Mosco, Homero y Manguera han sido los dominantes, los dueños de las armas y quienes controlaron la infraestructura. A su sombra crecieron los ganchos Morado, Nacional y América. Los pequeños pagaban por la seguridad y tenían un espacio en la zona.
 
Las organizaciones tenían estructuras definidas: un jefe principal, administrador de territorio, administrador de línea de droga (marihuana, bazuco, sintéticas...), jefe militar, contador, taquillero, patinador y campanero.
 
Entre las estructuras, los Sayayines, que conformaban el anillo de seguridad interno de la olla (el externo era el de los campaneros), han captado la atención por sus acciones crueles. Esa figura fue importada desde Pereira por Rigoberto Arias Castrillón, alias Rigo, quien hizo carrera militar en las Auc, bajo el mando de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco. Tras la desmovilización paramilitar y la extradición de su jefe, conformó la banda La Cordillera, en el Eje Cafetero.
 
Sus deseos de expandirse lo llevaron a independizarse. Con 150 hombres formó la banda los Rolos. Pero el Eje Cafetero le quedó pequeño y quiso extender su dominio a Bogotá. En 2008 llegó al Bronx, dispuesto a conquistarlo a sangre y fuego. Allí, Rigo impuso el modelo de los Sayayines, hombres fuertemente armados, con sistemas de comunicaciones y una gran red de campaneros.
 
Según sostuvieron las autoridades en su momento, fue tan sangrienta la disputa que los jefes de los tres ganchos principales se sentaron a negociar. Así se consolidó la tríada de grandes estructuras que hasta el operativo de hace ocho días, y pese a las capturas de sus supuestos líderes, siguieron con el dominio del Bronx.
 
Desde ese pacto, delinquieron en cierta armonía. Pero en 2013 empezaron los golpes de las autoridades. Ese año, en Venezuela atraparon a Rigo, señalado como jefe del gancho Manguera; en Bogotá, a César González, supuesto jefe del gancho Homero, y en Ecuador, a Óscar Alcántara, supuesto jefe del gancho Mosco. Mientras al primero lo condenaron a ocho años por concierto para delinquir, los otros dos fueron absueltos, ya que no les pudieron probar ningún delito. Sin embargo, Alcántara purga una condena en su casa por el homicidio en 1997 de Luis Obregón, alias Caleño, señalado por la Policía de haber sido capo en el Cartucho.
 
Ese mismo año hubo cerca de 30 capturas más. La mayoría llegaron a acuerdos con la Fiscalía y obtuvieron condenas de entre cuatro y nueve años. Muchos de ellos ya están en libertad condicional o tramitando el beneficio.
 
Las grandes capturas que se anunciaron en el operativo del pasado fin de semana fueron las de Teodilio Arango, alias Teo, y Rónald Rodríguez, el Flaco, supuestos jefes de finanzas y de sicarios, respectivamente, de gancho Mosco. Al Flaco lo procesarán por secuestrar y torturar a dos agentes del CTI el año pasado.
 
Lo claro es que las estructuras sobrevivieron a una breve pero violenta disputa interna, y a las capturas de sus supuestos jefes. Ahora, su objetivo será reorganizarse luego de la intervención de su escenario criminal, el Bronx.
 
Un negocio atomizado
 
Aunque es lógico que la reciente intervención en el Bronx disperse el tráfico de droga que allí se concentraba, Rubén Darío Ramírez, exdirector del Centro de Estudios y Análisis en Convivencia y Seguridad de la Secretaría de Gobierno, recuerda que en Bogotá ese negocio se había disgregado hace varios años. “Allá sólo estaba el 20 %”, afirma. Se trata, entonces, de un mercado atomizado, y la muestra más clara estaba en el propio Bronx, donde no uno sino seis ganchos se encargaban del microtráfico.
 
En la ciudad hay unas 400 ollas, aunque algunas, conocidas como ollas madres, mueven más que las demás: Cinco Huecos (Los Mártires), Las Cruces (Santa Fe), San Bernardino (Bosa), Diana Turbay y Quiroga (Rafael Uribe Uribe), El Amparo (Kennedy), más otras en Ciudad Bolívar y Tunjuelito. Ramírez considera, entonces, que no puede asumirse que “400 distribuidores tengan un poder mafioso único. Aquí no encontramos, como alguna vez en Medellín, un Don Berna que haga la distribución mayoritaria. Hay pequeños controles territoriales en las localidades, incluso procesos familiares de inversión. Por ejemplo: una familia compra entre dos y tres kilos de base de coca para convertirlos en bazuco y venderlos en su barrio”.
 
Esa lógica tiene dos implicaciones. La primera, que la droga no llega a los puntos de distribución desde grandes cargamentos que entran a la ciudad (aunque persiste la inquietud sobre lo que pueda ingresar por el aeropuerto El Dorado). Los múltiples encargados del negocio la adquieren en cantidades moderadas, de acuerdo con Ramírez, cerca de Villavicencio (Meta), en municipios de Cundinamarca, Tolima y hasta en el norte del Valle.
 
La otra implicación de que el negocio esté desconcentrado es que los clientes también lo están. Un consumidor no tiene que desplazarse mucho para conseguir su dosis, e incluso puede pedirla a domicilio. Los habitantes de calle, que constituyen una clientela importante (10.000, según el censo de 2011) también están dispersos y sus características han cambiado. “El drama hoy son los jóvenes que habitan las calles de su barrio, porque ya no se los aguantan en sus casas”. La atención integral a esta población sería un paso crucial para quitarles clientela a los muchos dueños del negocio.