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El alcalde Enrique Peñalosa se ha mostrado como un opositor férreo de las corridas de toros. No sólo las ha calificado como un espectáculo “cruel e inconveniente”, sino que ha apoyado proyectos legislativos para ponerles un alto o al menos evitar el maltrato a los toros. A pesar de esto, una vez más su administración ultima detalles para buscar al organizador de la temporada taurina del próximo año en la plaza de toros de Santamaría.
La justificación es la misma que dio en 2016: su obligación de cumplir una sentencia de la Corte Constitucional que le ordena disponer lo necesario para que la lidia regrese a la Santamaría. Según el alto tribunal, aunque la administración es propietaria del escenario, éste fue construido para celebrar corridas de toros y a su alrededor se ha forjado una tradición que no se puede desconocer y se debe respetar.
(Lea: Corte Constitucional revive las corridas de toros)
Bajo este argumento, la administración, a través del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), afina detalles para poner en marcha la licitación, que busca seleccionar una firma para que se encargue, entre enero y marzo de 2019, de organizar cinco corridas de toros y una novillada. A esta se sumarían dos novilladas, que aún están en estudio y que se realizarían en el marco del Festival de Verano, en agosto próximo.
Aunque no se conoce el monto del contrato y se están definiendo las condiciones logísticas, técnicas y financieras que exigirán a los oferentes, la administración tiene claro que antes de octubre ya se conocerá el organizador.
“Debemos cumplir la ley y las sentencias frente al tema. Nos toca acogernos al mandato de la Corte Constitucional. Estamos en la elaboración de pliegos y de los términos de referencia. Esperamos que, a más tardar, en dos semanas estén listos para que los oferentes puedan consultarlos y participar. Si todo sale como está previsto, a finales de octubre tendríamos un adjudicatario”, explicó Iván González, subdirector de Parques del IDRD.
Uno de los datos que restan por definir es el monto que le pagará el ganador al Distrito. Todo apunta a que será el mismo esquema en el que la cifra quedará atada al recaudo por boletería, mediante el cual este año la administración alcanzó a recibir $1.445 millones que se destinaron a parques públicos.
Consultado por este diario, el ganadero Juan Bernardo Caicedo, de la Corporación Taurina de Bogotá, se declaró a la espera de conocer en detalle los términos para participar en el proceso. Sin embargo, se abstuvo de dar declaraciones al “no ser un momento conveniente, ni prudente”. Se estableció además que otro peso pesado en la organización de la fiesta brava, la Corporación Taurina de Manizales, no estaría interesada en participar, lo que le dejaría el camino despejado a la Corporación de la capital para ser una vez más el organizador del certamen.
Pese a que todo parece estar claro, hasta hace menos de un mes el ambiente era de incertidumbre e indecisión. La razón era otro fallo de la Corte Constitucional, que le había dado un plazo de dos años al Congreso para que legislara sobre la tauromaquia y le advertía que, en caso de no adoptar directrices al respecto, se asumiría que las corridas, novilladas, corralejas, becerradas y riñas de gallos quedarían prohibidas en Colombia a partir de 2019, por ser consideradas maltrato animal.
Sin embargo, el pasado 22 de agosto se conoció que el alto tribunal anuló su propio fallo y, al resolver peticiones de nulidad, reivindicó que sólo el Congreso tiene la competencia para prohibir o no las corridas de toros y que para ello no requiere de un plazo perentorio. De paso, ratificó otra sentencia de 2010, en la que condicionó la realización de espectáculos taurinos a aquellos lugares donde tenga arraigo cultural. De esta manera se despejó el camino y nuevamente revivieron las corridas.
Los reparos de los animalistas
En un esfuerzo por evitar la realización de este espectáculo en Bogotá, en agosto pasado el concejal Emel Rojas (Movimiento Libres) le pidió al alcalde Enrique Peñalosa que no prestara la plaza de toros, pues, a su criterio, el Distrito era el facultado para arrendar o no la plaza, independientemente del evento. Como antecedente, vale recordar que la pasada administración dejó de prestarla para espectáculos taurinos, debido a que sometió el escenario a un reforzamiento.
Peñalosa, por su parte, dejó entrever en redes sociales que compartía la postura del cabildante: “Espero que se respete la autonomía democrática municipal y que podamos darle a la plaza y otros inmuebles municipales, el uso que decidamos, interpretando el sentir de nuestros ciudadanos”.
(Lea: Piden al Distrito no arrendar la Santamaría para la temporada taurina de 2019)
Sin embargo, una cosa son sus deseos y otra la ley. Según el IDRD, a la administración no le queda otra alternativa que acatar el fallo de la Corte Constitucional que, entre otras cosas, advierte que cualquier actuación administrativa para evitar espectáculos taurinos en la Santamaría implicaría sanciones.
Natalia Parra, integrante del movimiento animalista Plataforma Alto, aseguró que, aunque pueden entenderse las razones del Distrito para acatar la sentencia, no se puede dejar de lado la forma como el IDRD ha diseñado la licitación, supuestamente “amañando los pliegos para que sólo la Corporación Taurina de Bogotá pueda ganar el proceso”.
El gran reparo es que el alquiler de la plaza no se hace bajo un monto fijo, sino que lo que el ganador le entrega a la administración es un porcentaje del total de la boletería vendida, por concepto de impuestos sobre las corridas y uso del escenario.
“El IDRD ha sido bastante complaciente con las necesidades de la Corporación Taurina. En lugar de cobrar un monto específico por el arrendamiento, lo que hace es alquilarla vía boletería. Esto puede prestarse para que se presente una cifra final que no sea acorde con la realidad y se hace para que a la Corporación le salga más barato, pues no tendría dificultades económicas si no vende las suficientes boletas”, manifestó Parra.
Además de insistir en que no debería autorizarse el consumo de alcohol en el interior del recinto y prohibir la presencia de niños, la representante de la Plataforma Alto declaró que debería vetarse a la Corporación Taurina de participar en el proceso, teniendo en cuenta que supuestamente no ha cumplido con la tarea de hacer las novilladas que se realizan en desarrollo del Festival de Verano. “Esas son gratuitas, pero no les conviene hacerlas, porque no devengan y, al contrario, deben invertir en términos de ganadería y logística. Sin embargo, han incumplido y deberían estar vetados”, agregó Parra.
Frente a este tema, el IDRD sostuvo que las novilladas no se han podido realizar por motivos y condiciones específicas, no por incumplimientos. Por ejemplo, las dificultades que supuso la fiebre aftosa que afectó al país, y en agosto pasado debido a la posesión presidencial. Con todo, el tema hoy está siendo evaluado para permitir o no su realización en 2019.
Mientras el Distrito finiquita los detalles para encontrar al organizador del evento, desde el movimiento animalista reclaman garantías para el uso de la Santamaría, y pese a que asumen con resignación que el Congreso sea el que tenga la última palabra, piden que la administración adopte medidas concretas para desincentivar y desestimular este tipo de prácticas en la ciudad.
Jgonzalez@elespectador.com