Un auto emitido por la Corte Constitucional le ordena a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) suspender inmediatamente la licitación para el manejo del relleno sanitario Doña Juana por los próximos once años.
El proceso licitatorio podrá continuar cuando se incluya dentro de los pliegos de condiciones los requerimientos de los recicladores, quienes buscan participar activamente dentro del manejo del relleno.
Con esta orden, la Uaesp no podrá anunciar qué proponente quedará a cargo del relleno como lo tenía previsto para este viernes 21 de mayo.
La Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Jorge Iván Palacio, emitió estas ordenanzas luego de que la Asociación de Recicladores de Bogotá interpusiera 21 tutelas que buscaban frenar la licitación. Las acciones interpuestas se deben a que fueron excluidos del proceso para operar el relleno sanitario.
Nora Padilla, vocera de los recicladores, asegura que por más de una década se capacitaron para asumir la administración del reciclaje en Bogotá y que no entienden por qué no los incluyeron en los pliegos de condiciones.
Según los recicladores, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) les dice que si están incluidos en el proceso, pero sólo los que están empezando a organizarse tienen derecho a participar.
Frente al tema, la concejal Ángela Benedetti aseguró que "la orden de suspensión del proceso licitatorio se debe a que la Corte encontró que la Uaesp no observó el mandato constitucional que la obligaba a tomar medidas a favor de grupos marginados o discriminados como lo son los recicladores".
"Es importante señalar que la Uaesp invirtió recursos en la realización de procesos de organización, formación complementaria, evaluación y certificación de competencias laborales, formación de planes de negocio e inversión y acompañamiento a los planes existentes, procesos de inclusión laboral dirigidos a la población recicladora de oficio por valor de $11.462 millones de pesos del año 2005 al 2009 de los cuales $4.950 millones corresponden al año 2009, con los cuales supuestamente se les daba la preparación necesaria a los diferentes tipos de organizaciones a fin de poder participar activamente en este tipo de procesos licitatorios, lo cual evidentemente no se cumple dejando sin probabilidad de participar a las organizaciones de trayectoria", explicó Benedetti.
Por su parte, el concejal Carlos Vicente de Roux indicó: "supuestamente, los pliegos pretendían garantizar la integración de esa población vulnerable. Sin embargo, no exigieron que las organizaciones tuvieran un mínimo de afiliados y recibieran una cuota accionaria significativa en el consorcio. En términos de integración económica y social la licitación es un fracaso".
Con la licitación, que está por el valor de 230 mil millones de pesos, se busca que un único concesionario se encargue de la disposición final de basuras y del tratamiento de lixiviados (líquidos en descomposición).