En una intensa batalla campal, que incluso requirió la presencia del CTI de la Fiscalía, se convirtió el segundo día de audiencia de adjudicación de la licitación para la operación del relleno sanitario Doña Juana y el manejo de sus lixiviados.
Este martes en la tarde cuando se iba a dar a conocer el ganador de la puja 'se armó la de Troya' cuando dos de los oferentes denunciaron un supuesto 'cambiazo' de los sobres que contenían las diferentes propuestas. De las protestas airadas se pasó a los gritos e incluso se habló de un golpe que le propinó el abogado Jaime Lombana al representante de un consorcio adversario.
Ante la situación la directora de la Uaesp, Miriam Martínez, decidió suspender la adjudicación hasta tanto hiciera presencia el CTI de la Fiscalía para certificar la transparencia en el manejo de los sobres con las propuestas.
En medio de denuncias de corrupción, que se repitieron a lo largo del proceso, la licitación del relleno sanitario fue adjudicada por $230 mil millones al consorcio (brasileño-canadiense) Unión Temporal Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana.
El consorcio brasileño-canadiense está integrado por Estre Ambiental, Grupo Roca, Usa Global Market, Genivar, Asociación de Usuarios del Acueducto de Mochuelo Alto y una cooperativa de recicladores.
Se espera que con la llegada del nuevo operador, a partir del próximo 8 de octubre, las tarifas de aseo para los ciudadanos se disminuyan en un 12%.
Actualmente Doña Juana gasta diariamente $120 millones en el tratamiento de 6.000 toneladas de basura que llegan cada día al relleno sanitario. Con la entrada del concesionario el manejo de los residuos quedará costando $92,4 millones.
Hoy en día por cada tonelada se pagan $20 mil, con la adjudicación de la licitación la tarifa se reducirá a $15.400. Esto es lo que permitiría una rebaja en las tarifas.
Algunos de los aspectos que la UAESP tuvo en cuenta a la hora de adjudicar el contrato fueron: componente nacional, oferta económica, vinculación de asociaciones de recicladores, aprovechamiento de residuos sólidos y mano de obra calificada.
El consorcio Unión Temporal Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana fue el que mejor puntaje obtuvo en unos de los requisitos claves con respecto al aprovechamiento de residuos sólidos; propuso una estrategia para reincorporar al ciclo económico y productivo los desechos por medio de la reutilización, el reciclaje, la incineración con fines de generación de energía y el compostaje.
Los proponentes que estaban tras la licitación eran: Unión Temporal Gestión Ambiental, integrada por Sudokwon Landfill, Site Management Corporation, Dowa Consulting Engineers Co., Cicon, KMA Construcciones y una cooperativa de recicladores.
Promesa de Sociedad Futura Ecoparque, compuesta por Proactiva -que ya administró Doña Juana-, STL (encargada actualmente de los lixiviados) y la Asociación Colombiana de Recicladores.
Revisión de la Procuraduría
A pesar de haber sido adjudicada la licitación, la Procuraduría le advirtió a la Uaesp que si se encuentran irregularidades en el proceso, éste sería revocado.
La procuradora delegada, María Eugenia Carreño, desautorizó a la directora de la Uaesp y recordó que le recomendó no adjudicar en medio de tantas denuncias de presuntas anomalías para su entrega.
La delegada del Ministerio Público además informó que la urna que contenía los documentos de las propuestas quedará en cadena de custodia para "investigar una presunta falta disciplinaria por parte de la Uaesp".
Proceso de adjudicación
En el primer día de audiencia los consorcios proponentes revisaron las respuestas a las observaciones que hicieron a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) con respecto al proceso licitatorio.
En este sentido, sustentaron sus propuestas ante la Uaesp y cada oferente, a parte de defenderse por los cuestionamientos emitidos por la Unidad de Servicios Públicos, crítico las proposiciones de los demás proponentes.
Esa dinámica comenzó hacia las cuatro de la tarde y finalizó a la media noche.
Este martes continuó la audiencia que comenzó a las tres de la tarde con la intervención de los representantes de la asociación de recicladores que escogió cada oferente.
Los recicladores coincidieron en que han luchado por más de 25 años para hacer parte del manejo de las basuras en. Bogotá.
Tras el pronunciamiento de los recicladores, la Uaesp leyó las críticas que se le hizo a la propuesta económica. En primer lugar, se habló del consorcio de los brasileños -Unión Temporal Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana- y se cuestionó el hecho de que el apoderado nombrado en el documento no viviera en el país; teniendo en cuenta que uno de los requisitos de los pliegos de condiciones era que el apoderado tenía que vivir en Colombia.
En segundo lugar se habló de la propuesta financiera del consorcio coreano -Unión Temporal Gestión Ambiental- encontrando incongruencias en los estados financieros, pues al parecer, los años señalados no correspondían a los indicados en el documento.
Por último, la UAESP cuestionó que en la propuesta de Proactiva -Promesa de Sociedad Futura Ecoparque S.A.- los porcentajes de participación de los integrantes del consorcio daban más de 100, hecho que generó una inhabilidad insubsanable por parte del comité evaluador.
Seguido a esto, la UAESP calificó por puntos los aspectos revelantes que tuvo en cuenta para la adjudicación del contrato como: componente nacional, oferta económica, vinculación de asociaciones de recicladores, aprovechamiento de residuos sólidos y mano de obra calificada.
Tropiezos en la licitación de Doña Juana
Septiembre 3 de 2009
Hace un año El Espectador denunció que la UAESP pretendía sacar de la licitación a Proactiva -consorcio encargado de manejar los residuos sólidos durante nueve años- y forzar la urgencia manifiesta.
Una fortuita conversación dejó al descubierto que detrás del negocio del relleno sanitario se movían extraños intereses económicos. Así lo advirtió un periodista de El Espectador que escuchó los términos de una conversación informal sostenida en un restaurante ubicado al norte de la capital, entre la ex directora jurídica de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), Catalina Franco, el ex consejero de Estado Alier Eduardo Hernández y una tercera persona no identificada. La conclusión fue clara: hay que sacar a Proactiva del negocio y buscar una urgencia manifiesta.
Septiembre 4 de 2009
Un día después de la revelación hecha por El Espectador, la directora de la UAESP en ese entonces, María Eugenia Virviescas, se pronunció y aseguró que la entidad desconocía dichos planes para sacar a Proactiva del negocio.
Ese mismo día las reacciones por parte de varios concejales no se hicieron esperar y calificaron las denuncias hechas por El Espectador como una "vergüenza pública". El concejal Fernando López recordó que el actual proceso licitatorio intentaba repetir el mismo mecanismo de 1999, cuando se declaró desierta la licitación y se procedió a la urgencia manifiesta, dando como resultado que a "dedo" se contratara directamente a Proactiva como operador del relleno sanitario.
Mayo 11 de 2010
La Asociación de Recicladores de Bogotá dio a conocer que interpuso 21 acciones de tutela contra la UAESP argumentando que fueron excluidos del proceso licitatorio.
Según los recicladores, la UAESP no los tuvo en cuenta para el manejo del relleno sanitario desconociendo que por más de una década se capacitaron para asumir la administración del reciclaje en la ciudad.
Mayo 20 de 2010
Atendiendo las acciones judiciales interpuestas por la Asociación de Recicladores de Bogotá, la Corte Constitucional ordenó la suspensión de la licitación.
El Alto Tribunal, con ponencia del magistrado Jorge Iván Palacio, emitió estas ordenanzas luego de las tutelas que buscaban frenar la licitación.
Junio 3 de 2010
La UAESP se pronunció y dijo que la suspensión de la licitación de Doña Juana le costaba a Bogotá 23 millones de pesos diarios por la prorroga que debe hacérsele al contrato con Aguas Bogotá, consorcio encargado del manejo de la disposición final de residuos sólidos.
Agosto 23 de 2010
Los recicladores de Bogotá interpusieron una acción de desacato contra la UAESP argumentando que la entidad no tuvo en cuenta el mandato de la Corte que ordenaba a la Unidad de Servicios Públicos incluir al gremio de recicladores en el proceso licitatorio.