Secretaría de Educación perdió más de $1.000 millones por culpa de la Contraloría Distrital

En 2007 le ordenó cerrar un colegio que cumplía con todos los requisitos para su funcionamiento.

En febrero de 2007, el contralor de Bogotá de ese entonces, Óscar Arana González, le ordenó a la Secretaría de Educación cerrar el colegio Carlos Arango Vélez, ubicado en la localidad de Kennedy, con el argumento de que el plantel no cumplía con requisitos de seguridad para su funcionamiento.

La Contraloría Distrital dio un plazo de 45 días para trasladar a los 2.000 estudiantes a otro sitio más seguro, pues según Arana González, “desde el año 1999, las directivas y docentes del colegio detectaron enfermedades y muertes de estudiantes y profesores presuntamente causadas por contaminación electromagnética”.

Dos años y medio después de la orden de la Contraloría se comprobó por medio del Ministerio de Minas y Energía y de la empresa Condensa que la supuesta afectación por los campos electromagnéticos no existe.
La Secretaría de Educación ha gastado 700 millones de pesos en arrendamiento por el traslado de los estudiantes al colegio Rómulo Gallego, en la misma localidad, y el cual permanecía desolado.

Así mismo, tendrá que invertir cerca de 400 millones de pesos para volver a adecuar las instalaciones del colegio del que fueron sacados para renovar los servicios públicos, tuberías y fachada del mismo.

Las causas del desalojo

Desde 1999 las directivas del colegio estuvieron atentas del riesgo que corrían los estudiantes y ordenaron hacer estudios y revisiones de campo que verificaran el peligro.

En el año 2006, la facultad de Artes de la Universidad Nacional entregó el informe del estudio de viabilidad de reubicación del colegio y ratificó que existía un riesgo por cables de alta tensión y recomendó el traslado de la institución.

Razón por la que la Contraloría Distrital ordenó cerrar el plantel, debido a la supuesta inconsistencia que afectaba la salud de los alumnos y profesores, la cual provenía de un campo electromagnético que supuestamente emitía ondas que perjudicaba el bienestar de quienes hacían parte de la institución.

Sin más estudios al respecto, el contralor Óscar Arana, ordenó el cierre inmediato, sin tener en cuenta el futuro de los 2.000 estudiantes que hacían parte del plantel.

Luego del cierre del colegio, la Secretaría de Educación le solicitó a la empresa de energía Condensa realizar una visita para que determinara no solo si el campo electromagnético era perjudicial para la salud, sino también para que verificaran si la distancia entre la torre y el estudiantado podía causar daños irreversibles.

El 23 de marzo de 2007 Codensa realizó un trabajo de campo en la institución y concluyó que: “las mediaciones realizadas de campo eléctrico y magnético no superan los valores límites, establecidos en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)”.

No obstante, la compañía anexó en el informe lo siguiente: “les comentamos que en los últimos 30 años, se han publicado aproximadamente 25.000 artículos sobre los efectos biológicos y aplicaciones médicas de la radiación, con las cuales la Organización Mundial de la Salud ha informado que la exposición a campos electromagnéticos no produce ninguna consecuencia para la salud”.

No conforme con ese informe, un año más tarde, la Secretaría de Educación le pidió al Ministerio de Minas y Energía que realizará un estudio que comprobara si el campo electromagnético era perjudicial.

El 6 de agosto de 2008, Minminas determinó que los valores medidos no superan los límites establecidos y que en la inspección visual realizada al predio se concluyó que “las estructuras cumplen la condición de los cuatro metros horizontales de distancia de seguridad señalada en el RETIE”.

Y que además, “se pudo constatar que no existe riesgo debido a los campos electromagnéticos con origen que pasa sobre el predio del Carlos Arango Vélez”.

Las consecuencias del desalojo

La Personería de Bogotá ha estado al tanto de este caso, no sólo por los perjuicios causado a la Secretaría de Educación, sino también por la seguridad e integridad de los alumnos que hacen e hicieron parte de la institución.

El personero delegado de Educación, Luis Federico Duarte, calificó como una ‘chiripiorca’ la decisión del  contralor Óscar Arana y dijo que no era justo que por un informe realizado por la facultad de Artes de la Universidad Nacional se hubiera ordenado el cierre del colegio.

“La facultad de Artes no es competencia para realizar ningún tipo de estudios de esta categoría”, dijo.

A su vez, se mostró muy preocupado por la situación que han tenido que enfrentar los estudiantes del Carlos Arango Vélez, pues la zona a donde fueron trasladados, ubicada entre el centro comercial Plaza de las Américas y la avenida Primera de Mayo, “es una zona terrible para el desarrollo de cualquier estudiante”.

Pues según Duarte, ese sector está inundado de casas de prostitución, moteles y se ha observado venta de estupefacientes en sus alrededores.

La Personería de Bogotá entrará a investigar a las personas involucradas en este hecho para gestionar las sanciones pertinentes.