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hace 11 horas

En ascuas por la zona de reserva campesina

La inestabilidad política de la administración distrital, trabas burocráticas y una demanda de inconstitucionalidad podrían acabar con la pretensión de los trabajadores agrícolas de la localidad más grande de la ciudad.

El plan de desarrollo de la ZRC fue financiado con recusos distritales, del gobierno local y de cooperación. / David Campuzano - El Espectador

Desde comienzos de siglo los campesinos sumapaceños afirman que viven, de hecho, en una Zona de Reserva Campesina (ZRC). Sin embargo, todavía no han podido constituirla legalmente pese a que desde agosto de 2012 adelantan los trámites de rigor ante el Incoder. El pasado 25 de enero era la fecha definitiva para la constitución de la ZRC pero, por cuenta del convulsionado ambiente político que vive la ciudad, sus pretensiones se frustraron. Ahora, una demanda de inconstitucionalidad podría dar al traste con esta iniciativa campesina.

Sumapaz es la localidad más grande de Bogotá. Caracterizada en más del 90% de su territorio por la ruralidad, ha sido el escenario de luchas agrarias desde el siglo XIX. En 1961 fue denominada por conservadores y liberales, como todas aquellas zonas de influencia comunista, una “república independiente”. En sus campos se desarrolló guerra entre el Estado y la guerrilla de las Farc y, aunque hoy no se registran combates con recurrencia, según sus pobladores, por cada sumapaceño hay dos soldados custodiando esta puerta de entrada a la capital.

En esta localidad, rica en biodiversidad y fuentes hídricas, cerca de 400 hogares campesinos asociados en Sintrapaz (Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Sumapaz) vienen exigiendo desde el año 2002 que se constituya una ZRC. Sus dinámicas sociales y la forma de división y uso del territorio (producto de las conflictividades históricas por el derecho a la tierra) casi que son las exigidas para que esta forma de organización sea declarada de facto. Sin embargo, saben que para proteger su forma de vida, los recursos naturales y la pequeña propiedad, deben buscar que el Gobierno les conceda la ZRC.

Por esa razón presentaron en agosto de 2012 la solicitud ante el Incoder para la constitución de una ZRC en 16 veredas de los corregimientos de San Juan de Sumapaz y Nazareth, ambos en territorio bogotano. Preocupados por los constantes rumores de la construcción de una hidroeléctrica que uniría las aguas de los ríos Sumapaz, San Juan y Pilar, y por la llegada de grandes compradores, los campesinos de Sintrapaz construyeron en tiempo récord el plan de desarrollo que exige la ley 160 de 1994 para que se constituya una ZRC.

Ese plan debió ser aprobado el pasado septiembre en una audiencia pública citada por el Incoder. Sin embargo, esta fue aplazada hasta el 25 de enero. Y, una vez más, fue postergada indefinidamente. La decisión del Gobierno les fue notificada a los campesinos sin exponer mayores razones. No obstante, en el Incoder se dice que era un problema dar este paso, por la incertidumbre que suscita la destitución del alcalde Gustavo Petro y la posibilidad de que su mandato sea revocado en las urnas el próximo 2 de marzo.

Además, esgrimen en los pasillos del Incoder, el alcalde Gustavo Petro podría aprovechar la audiencia para hacer proselitismo. No olvidan que en julio de 2013 el mandatario sostuvo un cruce de declaraciones con el Gobierno Nacional, pues dijo estar a favor de la constitución de la ZRC, y que la localidad de Sumapaz es un escenario electoral importante a pocos días de que se vote la revocatoria. Hasta ahora, oficialmente, no se ha fijado una fecha para la audiencia, después de la cual sólo quedará la firma del Consejo Directivo del Incoder para que se haga legal la Zona de Reserva.

Existen dos amenazas al proceso. Sintrapaz y la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina han sostenido en diversos eventos que existe un ‘veto’ de parte del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, para que se tramiten las 17 solicitudes de ZRC que están en trámite o en estudios, pues existe la teoría de que la declaratoria de esta figura de territorialidad es una victoria política de las Farc. Pero existe otra que está en curso en la Corte Constitucional.

La constitucionalidad de los artículos 79 al 84 de la ley 160 de 1994, que es la que reglamenta la figura de las ZRC, está en discusión por cuenta de una demanda presentada por el abogado Edward Álvarez Vaca que sostiene que los pueblos indígenas no fueron consultados cuando fue construida la ley. La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) hizo llegar su concepto a la Corte Constitucional apoyando al abogado y, aunque varios colectivos de abogados y de organizaciones campesinas han sostenido que la ZRC es a los campesinos lo que los resguardos y territorios colectivos a los indígenas y afros, el tiempo corre en contra de las pretensiones de los sumapaceños.