Así plantea la Alcaldía modificar el presupuesto de Bogotá para el resto del año

El sector educativo se llevó los mayores rubros armonizados.

Foto: María Alejandra Castaño Carmona

Tras un mes de haber sido aprobado el Plan de Desarrollo de Claudia López, este martes se llevó a cabo la Comisión de Hacienda en el Concejo de Bogotá, en la cual se presentó el Proyecto de Acuerdo que pretende reajustar el presupuesto anual del Distrito, acorde a los planes de la alcaldesa y las necesidades de la ciudad para hacerle frente a la pandemia.

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Mediante un proceso de armonización, se pretende que en lo que resta del año, la prioridad de los rubros sea para los sectores que más demanda de recursos los requieren, como lo son el de la educación (31 % de la inversión), seguido del de salud, con un 23 %; movilidad con 20 % e integración social que se llevaría el 11%.  

Para complementar, se presentaron las adiciones por mayores recursos, que implica que, por medio de los excedentes financieros del año pasado, se le sume la inversión a diferentes entidades que lo requieren. El primer puesto se lo llevó la Secretaría de Educación, para la que se solicita una adición de $34.332 millones, con el fin de dotar con 100.000 dispositivos de acceso para la conectividad a los niños de los colegios distritales, para que así puedan realizar sus actividades académicas en esta etapa de virtualidad y mitigar la brecha digital en la ciudad.

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Por otro lado, se presentaron recursos adicionales por 204 millones en el Instituto Distrital de la Niñez y Juventud, con los que se busca contribuir con el desarrollo de capacidades y ampliación de oportunidades para la inclusión social y productiva de los jóvenes.

Con 3.120 millones de excedente, se pretende contribuir en el reforzamiento estructural de los espacios del Jardín Botánico, con el objetivo además de generar empleo. Asimismo, para el Instituto para la Economía Social, el Distrito solicita la adición de 4.364 millones, con el fin de invertir en el fortalecimiento de las plazas de mercado; para la Caja de Vivienda Popular, con una destinación 1.162 millones pensados para el implementación de un soporte técnico para reconocer viviendas construidas sin licencia de construcción en barrios legalizados urbanísticamente.