Asomos de justicia en caso del grafitero

Casi cinco años han pasado desde que el joven grafitero Diego Felipe Becerra murió al recibir un disparo del patrullero Wílmer Alarcón, pero los procesos penales contra la decena de involucrados en el caso han arrojado pocos resultados.

Diego Felipe Becerra murió el 19 de agosto de 2011 en la localidad de Suba./Archivo
Diego Felipe Becerra murió el 19 de agosto de 2011 en la localidad de Suba./Archivo

En contraste, la justicia administrativa empezó a señalar responsables. El pasado 30 de junio, el Juzgado 38 Administrativo de Bogotá condenó al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional por la muerte del muchacho de 16 años, ocurrida el 19 de agosto de 2011 en la localidad de Suba.

Lo llamativo de la decisión administrativa, que les ordena a esas dos entidades a indemnizar a la madre y al padrastro de Becerra, es que está basada en el expediente del proceso penal, en el que los resultados han sido pocos. En ese sentido, en la sentencia se lee: “Con el expediente y su análisis, se encuentra acreditado que fue un miembro de la Policía quien de manera injustificada accionó su arma contra el joven Becerra, causándole la muerte. Y luego, con algunos miembros de la entidad, pretendió encubrir su actuar irregular, alterando la escena de los hechos, plantando un arma y presentando un informe que no correspondía con las verdaderas circunstancias”.

Lo que se discute en el proceso penal, es decir la responsabilidad de los procesados en la muerte de Becerra y en la aparente manipulación de la escena del crimen, se asume como un hecho en este fallo administrativo de primera instancia.

“Los medios de prueba recaudados en el proceso penal permiten concluir que se encuentra demostrada la falla del servicio en atención al manejo irregular por parte de miembros de la Policía, tanto en la situación en la que resultó fatalmente herido el joven, como de la posterior alteración de la escena de los hechos para encubrir el uso indebido de la fuerza”, dice el fallo, el mismo que fue apelado por el abogado de la familia de Becerra, porque el juez no accedió a todas sus pretensiones. La familia busca que, además de las indemnizaciones ordenadas a favor de Liliana Lizarazo, la madre, y Gustavo Trejos, el padrastro, también las ordene a favor de otros 15 familiares.

El juez además determinó que fue afectado el buen nombre de Becerra, puesto que la Policía intentó mostrarlo ante los medios como “un delincuente abatido durante una persecución”.

Así, mientras la justicia administrativa ya asumió posiciones claras, en lo penal los procesos poco avanzan, tanto que varios de los presuntos involucrados (13 de ellos estuvieron presos) han recuperado su libertad por vencimiento de términos. Es el caso, por ejemplo, de tres coroneles de la Policía: Nelson de Jesús Arévalo, José Javier Vivas y Jhon Harvey Peña, que salieron de prisión en los dos últimos meses.

Aunque se presume que fueron 27 las personas que estuvieron en la escena del crimen y pudieron haberla alterado, los únicos condenados son los patrulleros Freddy Navarrete y Nelson Rodríguez, y eso porque llegaron a un acuerdo con la Fiscalía en el que, a cambio de beneficios, admitieron su participación en la manipulación de la escena.

Miriam Pachón, abogada de la familia de Becerra, ha dicho que el proceso va lento, en parte, por las dilaciones promovidas por los defensores de los demás implicados. Los abogados de algunos de ellos han denunciado amenazas contra su vida. Aunque aún no es una condena en firme, la decisión del Juzgado Administrativo es el primer asomo de justicia en este caso.