Ataques a Porvenir, un año sin resultados

Seis días después de las explosiones en dos sedes del fondo de pensiones, 13 personas fueron capturadas como presuntos responsables del ataque. Hoy están libres y procesados por hechos distintos. Denuncian seguimientos y exigen disculpas.

Los familiares de Los 13 hicieron un acto para conmemorar un año de las capturas. / Gustavo Torrijos
Los familiares de Los 13 hicieron un acto para conmemorar un año de las capturas. / Gustavo Torrijos

El 2 de julio de 2015 explotaron sendos petardos en dos sedes del fondo de pensiones Porvenir, al norte y el occidente de la ciudad. Seis días después, entre el revuelo mediático suscitado por lo que se catalogó en medios de comunicación como el “regreso del terrorismo a Bogotá”, las autoridades entregaron parte de eficiencia: anunciaron la captura de 13 supuestos miembros del Eln responsables de los ataques.

Un año después de las detenciones, las versiones de las autoridades quedaron desestimadas. Los 13, como se les conoce, están libres y finalmente fueron imputados por otros hechos, entre esos un tropel en la Universidad Nacional. Entretanto, de la investigación sobre los ataques a Porvenir no se conocen resultados concretos.

Por eso, hoy los familiares de los 13 y varias organizaciones que los han acompañado en el proceso judicial no sólo alegan su inocencia, sino que le exigen disculpas públicas a la Fiscalía, a la Policía y hasta al presidente Juan Manuel Santos. “Las declaraciones del vicefiscal Perdomo y el general Palomino las vivimos llenos de indignación porque no hubo presunción de inocencia. Se habló de una vez de hasta 20 y 30 años de prisión sin siquiera terminar las audiencias preliminares. Los presentaron como los terroristas más buscados” sostiene Jesús Jiménez, padre de Luis Daniel Jiménez, uno de los 13.

“Son los responsables de todos los atentados mencionados en el 2014 y algunos en el 2015, pudieron participar en los atentados terroristas de la semana pasada en Bogotá”, dijo Jorge Perdomo, entonces Vicefiscal y hoy Fiscal General (e). Asimismo, calificó la redada como “una de las operaciones contra una estructura urbana de una guerrilla más importante en los últimos años”.

Por su parte, el entonces director de la Policía Nacional Rodolfo Palomino declaró que “existen enormes elementos, suficientes indicios que nos llevan a considerar, por qué no a afirmar, que son los autores de los atentados que se produjeron en Bogotá”. Hubo también felicitaciones públicas del presidente Santos por el “gran golpe”. Pero la contundencia de esos pronunciamientos se empezó a desvanecer.

Tanto para los defensores como para los familiares, esos señalamientos, que se sostuvieron ante la opinión pública pero no ante los estrados, son la causa de los seguimientos que hoy denuncian. “Cuando los muchachos quedaron libres (en septiembre pasado) los empezaron a seguir. Luego, cuando pusieron los petardos en Cafesalud (el 20 de abril de este año) fueron señalados por redes sociales, como si fueran responsables, porque quedó en el imaginario que ellos son los culpables de lo de Porvenir”, dice Gloria Silva, una de las abogadas de los 13.

Los familiares denuncian que hay vehículos y personas sospechosas que rondan sus casas, e incluso toman fotos. “Creen que están chuzados porque hay patrones de ruidos en las llamadas que hacen los familiares. Uno de los padres dice que escucha voces de fondo cuando llama”, cuentan desde la Campaña Somos Dignidad, que acompaña a los 13. Y agregan que a los lugares de trabajo de los familiares han ido desconocidos a preguntar por los 13 y han hecho comentarios intimidantes. “Los amigos han recibido amenazas directas por su relación con los muchachos”. Ante lo que califican como la falta de garantías jurídicas y de seguridad, algunos de los 13 evitan llevar una vida pública. Otros habrían salido del país.

Las fallas en el proceso

En medio del revuelo mediático tras las capturas, el 8 de julio de 2015 comenzaron las audiencias. Las diligencias avanzaban y, para sorpresa de los medios, no se mencionaban los ataques a Porvenir. La Fiscalía expuso su material probatorio: interceptaciones telefónicas y fotografías, sobre todo. Finalmente imputó a los 13 en dos grupos: al primero, conformado por David Rodríguez, Heiler Lamprea Flórez y Gerson Yacumal, le endilgó los delitos de rebelión, terrorismo y violencia contra servidor público. Ellos fueron señalados como responsables de siete ataques perpetrados en la ciudad, con explosivos, entre 2014 y 2015. La Fiscalía, además, aseguró que son milicianos del Eln.

El segundo grupo estaba conformado por 10, entre defensores sociales, contratistas del Distrito, como Paola Salgado, y estudiantes. A ellos se les señaló de haber participado en las revueltas del 20 de mayo de 2015 en la Universidad Nacional. Antes de esos disturbios se habrían reunido, según el ente investigador, con líderes guerrilleros y habrían transportado papas bombas.

Ante la exposición de la Fiscalía, la juez los envió a todos a prisión. En La Modelo y El Buen Pastor estuvieron hasta el 11 de septiembre pasado, cuando un juez, en segunda instancia, revocó las capturas y las medidas de aseguramiento.

Para el juez, la legalización de las capturas no se hizo dentro de los tiempos legales. La juez de garantías, al sobrepasar las 36 horas permitidas para adelantar la diligencia, argumentó -a partir de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia- que los tiempos se podían extender de acuerdo a la complejidad del caso. Pero en segunda instancia se determinó que la jurisprudencia que citó aplicaba sobre las capturas hechas en altamar, y no para este caso.

En cuanto a la decisión de enviarlos a la cárcel, se estableció que la juez “no valoró los elementos materiales probatorios para determinar cuál fue la participación de cada una de las personas implicadas, vulnerando con ello el derecho al debido proceso y de defensa”. Es decir, no hubo suficiente motivación ni se particularizaron las razones por las cuales cada uno debía ir a prisión. La Fiscalía apeló las decisiones de segunda instancia, que tendrán que ser resueltas el próximo 10 de agosto.

Por esas fallas, además del manejo mediático que las autoridades le dieron al caso, cursa una denuncia ante el grupo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, “porque hubo señalamientos que ejercían presión sobre los jueces. A ellos les da miedo pronunciarse contra la opinión pública y el presidente”, asegura la abogada Silva.

Por ahora, los 13 están a la espera de las audiencias preliminares que habrá en agosto, para que finalmente empiece el juicio por los delitos que se les atribuyen que, en todo caso, no incluyen los ataques a las sedes de Porvenir. Mientras tanto, sobre los verdaderos responsables de esos atentados hoy no se sabe nada.