ENTREGA V #UNAÑODESPUÉSDELBRONX

Atención de habitantes de calle, un tema sobre el que aún no se dialoga

Un año después de la toma del Bronx, sigue el debate sobre cómo tratar a quienes habitan las calles y sufren de un problema de adicción. Todos los actores opinan que la ciudad debe discutir al respecto y proponen alternativas de atención que se acoplen a su realidad. Último censo fue en 2011

El último censo de habitantes de calle señala que en Bogotá hay al menos 12.000. / Gustavo Torrijos.

El Bronx no sólo era una república independiente del crimen, como lo llamaron las autoridades. Les guste o no, también era el hogar de centenares de habitantes de calle. No sólo compartían con sus pares. Allí encontraban un lugar para consumir su droga sin señalamientos y dormir en un colchón que, aunque sucio y desbaratado, era mejor que la acera y la intemperie.

Cuando intervinieron la olla más grande del país, según los registros de Integración Social, fueron atendidos 2.000 habitantes de calle. Después del ciclón de los primeros días, sólo 500 ingresaron a un proceso de rehabilitación. El resto volvió a las calles y, según investigadores, se han reorganizado en pequeños grupos. Hoy los ciudadanos se siguen quejando por tener que verlos regados por Bogotá, pero muy pocos han convocado a un debate sobre qué hacer y cómo tratar a esta población. La discusión está en mora. (Lea: La calle como opción de vida)

Para Juan Carlos Garzón, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), hay varios cambios que debería asumir la administración, si no quiere que exista una mutación de lo que fue el Cartucho y luego se rearmó en el Bronx. El primero es transformar la oferta institucional. “Cuando salieron del Bronx, muchos encontraron una oferta rígida, con reglas inamovibles. Ellos son nómadas, usuarios de bazuco y marihuana, y en los centros del Distrito no pueden consumir, estar con sus mascotas o llevar sus pertenecías. Eso es una barrera”.

Lo que también le preocupa a la FIP es que los indigentes que no ingresaron a los programas del Distrito han tenido que lidiar con la hostilidad de la Policía, que los dispersa para evitar nuevos espacios de agrupamiento. Según su rastreo, los habitantes de calle se están reubicando en el centro o los alrededores. “Hoy los vemos en San Bernardo o el caño de la Sexta. Estos lugares son cómodos para ellos y sacian sus necesidades”.

Aunque muchos han intentado rastrear sus movimientos, hay algo en lo que coinciden investigadores y el Distrito: falta un censo actualizado que diagnostique la situación de esta población en la capital. El último se hizo en 2011 y estableció que en la ciudad había alrededor de 12.000. Para Garzón, la falta de datos incide en que no exista una política pública exitosa: “El Bronx es prueba de ello. En la investigación nos preguntamos: ¿cómo podemos abordar un problema que ni siquiera conocemos en detalle?”.

Por eso, en parte, hay un cambio constante en el enfoque de las políticas públicas, lo que repercute en la atención de los indigentes, porque no hay continuidad en los programas. En un informe llamado Destapando la olla, de la ONG Pares en Acción Reacción Contra la Exclusión Social (Parces) y el Centro de Pensamiento y Acción para la Transición (CPAT), hay una preocupación por la consolidación “de un modelo de atención ajeno a la realidad de los habitantes de la calle”. La ONG asegura que en estos momentos el modelo se basa en la abstinencia y recomienda que haya un abanico de posibilidades para los indigentes, que les “permita tener en cuenta la gama de beneficiarios y así responder de manera más eficiente a todos los retos que surgen”.

Tanto Parces y CPTA como la FIP sugieren a la administración explorar otras estrategias, como la creación de centros de consumo controlados y de lineamientos para reducir las barreras de acceso a la salud. A propósito de esta propuesta, la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó el martes, en primer debate, un proyecto que, entre otras cosas, crearía este tipo de centros de consumo. El proyecto, que ya se implementó en Brasil, busca reducir daños asociados al consumo de drogas.

Según las organizaciones, con esto se atacaría un problema de salud pública, porque los adictos podrían consumir en sitios supervisados e incluso se podría empezar a disminuir las dosis de manera controlada. Además se atacaría la inseguridad, porque no estarían a merced de las mafias y la estigmatización, porque no serían tratados como delincuentes. En cuanto a este último punto, Carlos Garzón, investigador y exsubdirector de Integración Social, insiste en la importancia de cambiar la percepción del habitante de calle. Si bien la mayoría de ellos tiene un problema de adicción, no todos tienen relación directa con organizaciones criminales. Varios se dedican a reciclar, a vigilar parqueaderos, lavar carros y pedir limosna: “Eso deben entenderlo los ciudadanos, pero principalmente las autoridades y la Policía”. (Lea: Óscar Javier Molina: una muerte en el olvido)

Garzón advierte que ha habido políticas erráticas en la atención de habitantes de calle. Le preocupa que Bogotá caiga en un modelo de asistencialismo, que al final sólo ayuda a enriquecer a los traficantes, porque ya no tienen que preocuparse por darles beneficios, pues la atención la reciben de la administración. “A veces muchos entran, comen, duermen, lavan su ropa y de nuevo salen a consumir lo que las mafias les venden”, señala.

Y agrega: “Si el Distrito tuviera unos instrumentos adecuados, que dialogaran mejor con la situación de los habitantes de calle, seguro el diseño de las políticas los seduciría de mejor manera. El Estado podría gastar millones dándoles comida y camas, pero si no hay una estrategia de dignificación para incluirlos como parte del paisaje urbano, todo va a seguir igual. El objetivo, al final, es sacarlos del consumo de la droga, así sea un procedimiento lento”.

Pero nada de eso es posible si los protagonistas del debate no asisten. Si bien los habitantes de calle tienen opiniones divididas, pues algunos quieren rehabilitarse y otros quieren seguir consumiendo, todos están de acuerdo con que merecen una vida digna. Mónica López, una de las últimas personas que habitan el Bronx, piensa que lo más importante es aceptar que la elección de este estilo de vida es legítima. “Me gusta el bazuco y lo consumo por convicción. Pero quisiera vivir mejor. Tener un trabajo y comer bien. No quiero que me digan qué debo hacer en un centro de Integración Social, uniformarme o aprender oficios. Quiero ser recicladora y tener un lugar para hacer mi trabajo”.

Alberto López de Mesa, exhabitante de calle y columnista de este diario, cree que lo ideal es abrir espacios para dialogar entre la población, las organizaciones y el Distrito. Aclara que, aunque tengan una adicción, los indigentes son conscientes de su realidad. El inconveniente en la discusión es que, según él, los tratan como interdictos.

Abiertos al diálogo

“La discusión hay que darla y estamos abiertos. Son bienvenidas las investigaciones y sugerencias”. Con esta frase, María Consuelo Araújo, secretaria de Integración Social, abre la puerta para que en la ciudad haya un debate sobre los habitantes de calle. Y no sólo quiere que se discuta la política, sino también que se conozca.

Está segura de que si las herramientas, las estrategias y los servicios no se renuevan, es difícil ayudarlos. Por eso es prioritario que exista un diálogo con la ciudadanía y un trabajo interinstitucional para variar la oferta y controlar que no surjan nuevos Bronx. En la Secretaría de Seguridad, cuenta la funcionaria, se adelantan más operativos, y en Salud continúan prestando su atención con sus unidades móviles. Aclara que esos servicios son sólo médicos.

En cuanto a la propuesta de una alternativa como los centros de consumo, Araújo explica que desde la Secretaría de Salud se ha planteado que no hay un sustento científico que indique que el bazuco pueda ser sustituido. “Ya se ha comprobado, por ejemplo, que la heroína puede reemplazarse con metadona. Aún falta ahondar en el bazuco, la droga que más consumen. Hoy se adelantan investigaciones para saber qué hacer”. De todas formas, aunque existan resultados, el debate debe ser nacional.

La clave del éxito, dice, es perseverar. En la Alcaldía hay una directriz de intentar sacarlos de la droga y ofrecerles una vida digna. En unos meses comenzarán con un piloto de centros noche, para recicladores y sus hijos, que incluyen jardines infantiles, duchas y comedores. Araújo entiende que varios prefieran la calle y reitera su compromiso para que Bogotá sea una ciudad tolerante con la habitabilidad de calle: “Ellos, gracias a la Constitución, tienen derecho a vivir ahí, siempre y cuando eso no atente contra los derechos de las otras personas”.

Aunque reconoce que siempre se puede mejorar, expone cifras que, para ella, demuestran que hay resultados: uno de cada cuatro habitantes de calle que salieron del Bronx hoy están en rehabilitación, 300 tienen trabajo y este año han sido atendidos 12.000. “Entendimos que no sólo se trata de ayudar en el proceso de desintoxicación. Faltaba una parte: vinculación laboral. Cuando ellos se sienten productivos para la sociedad, es menos probable que recaigan. Claro, con un acompañamiento posterior”.

Ahora bien, su principal tarea es hacer el censo de esta población junto con el DANE, que podría empezar el próximo semestre. “Ya firmamos el convenio, por $2.000 millones. La idea es dejar las danzas de los números y tomar decisiones acertadas de acuerdo con lo que esto nos arroje”.

Su preocupación hoy es el aumento del consumo de marihuana en estratos 1 y 2: “Los menores consumen desde edades más tempranas. Hay que contrarrestar con prevención. Hay que ser honestos con quienes desean consumir y decirles a qué están expuestos”. La secretaria de Integración espera que cada día existan más libertades, pero asimismo un trabajo del Estado para enseñar a la gente cómo tratar estas sustancias, que a veces se salen de las manos.

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