"La atención a las mujeres no es suficiente"

Las comisarías de familia y la línea 1-2-3 serán reformadas luego del asesinato de dos mujeres y dos niños en la localidad de Bosa.

Jenny Losada denunció 10 veces a Hernando Hernández, su esposo, por maltrato físico y psicológico, en la Comisaría de Familia de Bosa. Los trámites no avanzaron y Hernández está hoy recluido en la cárcel Modelo de Bogotá por haber cometido, supuestamente, el asesinato de su esposa, de su cuñada y de dos de sus hijas. El hombre habría ejecutado el crimen con un machete en la madrugada del domingo 10 de noviembre.

Por este caso las comisarías de familia de la ciudad están en el ojo del huracán. El alcalde Gustavo Petro citó un consejo extraordinario de seguridad en la mañana de este martes y planteó nuevas medidas de seguridad en la ciudad. Además de implementar cambios en la línea 1-2-3, una de las acciones inmediatas consiste en reformar el modelo de comisarías de familia en la ciudad. Jorge Rojas, secretario de Integración Social, habló con El Espectador sobre estos cambios.

¿Cuál es la situación de las comisarías de familia?
Perdimos la visión y la importancia de las comisarías de familia como operadores de justicia. De enero a octubre, las 33 comisarías de familia han recibido 48.848 denuncias por parte de mujeres. A raíz de estas denuncias se dictaron 5.267 medidas de protección. En el caso de Jenny Losada, la comisaría le dio una cita para tres meses después. Están saturadas y la atención a las mujeres no es suficiente.

¿Qué medidas van a implementar?
Las comisarías son operadores de justicia, pero se ha confundido su rol. La Ley 1257 precisa que deben contribuir con la protección de los niños, las niñas y las mujeres, pero se han convertido en un escenario de conciliación de alimentos y de solución de riñas familiares. Conciliar es un trabajo de los jueces de familia y ahí es necesario que el Gobierno Nacional asuma su rol y designe los jueces. También le solicitamos al Congreso que tipifique el feminicidio como un delito autónomo en el Código de Procedimiento Penal.

El balance de las comisarías dice que en Bosa se han presentado 5.313 denuncias este año, pero solamente hay dos comisarías. ¿Son suficientes?
No, tenemos que revisar la posibilidad de reorganizarlas. El 72% de los delitos contra las mujeres se concentran en Kennedy, Ciudad Bolívar, Bosa, Usme y Suba. Vamos a abrir la comisaría permanente de Bosa, que se había cerrado hace dos años. Constituimos un equipo de 10 profesionales para hacer un proceso de descongestión en las localidades. En teoría, debería haber una comisaría por cada 200 mil habitantes. Hoy hay 33, lo que quiere decir que hay una por 220 mil.

¿Qué cambios habrá en las comisarías?
Todos los comisarios de familia son de carrera y son nombrados por concurso. Hay unos que llevan trabajando 30 años en esa función. Ellos necesitan ponerse a tono con los estándares internacionales de protección. Firmamos un convenio con la Universidad Nacional y en enero empieza un diplomado de actualización para los comisarios.

¿Cómo financiarán el proyecto?
Nuestro presupuesto está en discusión en el Concejo. Para comisarías hay una disminución, por eso queremos entregar el mensaje de que es necesario fortalecerlas.

¿Qué problemas se presentan en la línea 1-2-3?
En el caso de Bosa, la llamada al 1-2-3 fue transmitida a la Policía como un código que indica que hay una persona pidiendo auxilio, cuando en la llamada decían que ¡había un hombre con un machete golpeando a unos niños! En la segunda llamada, lo que se le transmite a la Policía es que había una riña familiar. A lo que la Policía responde: “No podemos entrar porque no tenemos una orden de allanamiento”. Pasaron cinco horas fatídicas y la Policía no entraba a la casa, pese a que sabían que la señora había sido maltratada en otras ocasiones.

¿Qué cambios van a implementar?
Proponemos que cuando se trate de violencia en contra de niños o de mujeres se dispare un código de alerta. Esto necesita un procedimiento técnico con el Fondo de Vigilancia y Seguridad (FVS), la Secretaría de Gobierno y la Policía. La idea es que cuando una mujer se sienta agredida llame a la línea 1-2-3 y que la respuesta sea inmediata y contundente.

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