“En audiencia no han vinculado a procesados con petardos”: Comité de Presos Políticos

El representante del Comité de Presos Políticos dice que hasta el momento solo hay pruebas de la participación de estos en una protesta estudiantil y no su participación en los ataques en Bogotá.

El Espectador / Cristian Garavito

Franklin Castañeda, director del Comité de Presos políticos, una de las cinco organizaciones de derechos humanos que defienden a 11 de los 13 capturados por su presunta participación en algunos de los atentados con petardos que se han registrado en Bogotá, asegura que hasta el momento la Fiscalía no ha demostrado que los procesados tengan alguna relación con estos ataques y, en cambio, han dicho que todo apunta a que se relacionan con una protesta estudiantil, que derivó en tropel durante el 2014.

Esto, luego de que el propio presidente de la República, Juan Manuel Santos, dijera con prisa en su cuenta de Twitter el 8 de julio: “Capturadas 11 personas del Eln, responsables de petardos en Bogotá. Felicitaciones a @PoliciaColombia y @FiscaliaCol -¡Pagarán por atentados!”.

En la tarde de este viernes la Fiscalía imputó cargos a estas personas en los juzgados de Paloquemao y se espera que descubra nuevos elementos de prueba que sostenga las detenciones. De lo contrario, deberán ser liberados.

Por argumentos de “seguridad nacional” las audiencias de legalización de allanamientos, captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento se hacen a puerta cerrada, ¿qué se ha podido conocer de estos procesos?

Le puedo decir en términos generales, durante las audiencias de control de garantías, la Fiscalía expuso que supuestamente encontró propaganda subversiva, panfletos, como una bandera del Eln. También presentaron elementos absurdos como literatura del Ché Guevara y una gorra con una estrella, el emblema del Ché.

A estas alturas no han presentado nada que los vincule con los ataques a las sedes de Porvenir.

¿Qué más tenía la Fiscalía en su poder, que pueda servir como prueba?

También la Fiscalía dijo que tenía interceptaciones telefónicas, computadores y memorias USB. Aunque las responsabilidades son individuales. Se supone, afirmó la Fiscalía, que las investigaciones llevaban un año y medio y que las interceptaciones y seguimientos partieron de una protesta que derivó en tropel. El presidente de la República, el alcalde, el vicefiscal de la Nación, el director de la Policía Nacional y el de la Metropolitana de Bogotá salieron apresuradamente hace dos días a endilgar los atentados y decir que se habían capturado a los que pusieron los petardos, pero hasta el momento la Fiscalía no ha dicho nada en audiencia sobre eso.

El vicefiscal, en entrevista con la W radio, dijo después que esa es tan solo una “hipótesis que se está averiguando”, pero públicamente ya los habían condenado por terrorismo.

¿Qué preguntas le haría a la Fiscalía sobre este caso?

Le preguntaría: ¿si esta es una investigación que hicieron con un juicioso y estricto seguimiento desde 2014, por qué no tomaron las precauciones y previnieron los petardos? Más bien todo apunta a que se trató de una salida mediática en un momento en que el Gobierno debía mostrar resultados en un instante crítico de popularidad.

¿Y a la Policía?

Le diría: ¿Era necesario un helicóptero para detener a estas personas o se quería causar solo un escándalo y la imagen de una policía efectiva y de alto impacto?

¿Qué errores asegura han cometido las autoridades en este caso?

Por ejemplo, se indicó públicamente que uno de los detenidos era profesor de la universidad Nacional y luego les tocó desmentir esa información cuando la universidad los rectificó. Cuatro de los siete muchachos sindicados públicamente de participar de los petardos estaban en un evento de la Universidad Pedagógica el día de los hechos. La Fiscalía aseguró que algunos celulares fueron rastreados cerca del centro comercial Avenida Chile, diagonal a donde explotó uno de los petardos, pero no dijo que exactamente en ese lugar queda la Universidad Pedagógica.

¿Algo más?

También dijeron que capturaron a dos personas en flagrancia, y paradójicamente, fueron las primeras que recuperaron su libertad, porque no existía ninguna prueba de la Fiscalía que los pudiera vincular al proceso, los detuvieron en la casa de otra de las detenidas sin atender que se trataba de un apartamento estudiantil que estaba arrendado por cuartos. Que sea un proceso tan mediático y político ejerce una presión indebida a la justicia.