La auditoría al Acueducto

El contralor Diego Ardila detalla parte del informe que revelará en 15 días. Sobre el Sistema Integrado de Transporte, advierte que están prohibidos los subsidios a la tarifa.

El contralor de Bogotá, Diego Ardila, insiste en que el SITP no está listo. / Óscar Pérez
El contralor de Bogotá, Diego Ardila, insiste en que el SITP no está listo. / Óscar Pérez

Esta semana el contralor de Bogotá, Diego Ardila, sacudió a la administración con la publicación de un informe de auditoría a la contratación distrital, que revela concentración de contratos, algunos con el mismo objeto y otros sin verificar la idoneidad del contratista, durante estos primeros seis meses de gobierno de Gustavo Petro.

Las revelaciones fueron refutadas ayer por el mandatario (ver recuadro arriba), pero el asunto no termina aquí. En esta entrevista el contralor detalla su reciente auditoría: una que hizo a la Empresa de Acueducto y que verá la luz en 15 días. La conclusión del ente de control, en principio, es que en el Acueducto se han realizado contrataciones “por fuera de los principios constitucionales”.

Además, anuncia que investigará la “gratuidad” que por 20 días tuvo el pasaje de la Fase III de Transmilenio e insiste en que no hay garantía fiscal para una rebaja permanente.

En la administración dicen que usted está ejerciendo un control previo que está prohibido por la Constitución...

No estamos coadministrando, nosotros tenemos la posibilidad jurídica de ejercer un control preventivo y en ese sentido estamos actuando.

¿Usted está persiguiendo a la administración?

No se trata de eso y nos gustaría que nos vieran más como un socio estratégico. Hace poco estuve en Medellín en un foro sobre control fiscal y me encontré con la grata experiencia de que allá, tanto al gobernador como al alcalde, les gusta el control fiscal que acá no.

¿Hay amiguismo y nóminas paralelas en la administración Petro?

Sobre el tema del amiguismo no me es dable entrar a pronunciarme, pero por supuesto que existe más de una nómina paralela y lo decimos con cifras. En la administración central la planta vale $349 mil millones, en tanto que la contratación por prestación de servicios vale $531 mil millones. Y en un 52% más está excedida la nómina paralela. Nos preocupa porque la regla general debe ser la licitación pública y no se está haciendo.

Pero el alcalde asegura que bajo su mandato se ha reducido la prestación de servicios...

Lo que pasa es que, por una parte, se disminuyó el número de contratos por prestación de servicios. Pero por otra parte, éstos están aumentando en la Secretaría General y en la Alcaldía.

¿Hay detrimento?

Eventualmente estos hechos se pueden convertir en irregularidades. Aquí hablamos, por ejemplo, de concentración de contratos en el sector salud, en donde a un solo contratista llamado Drogas Boyacá se le adjudican de manera directa 45 contratos, por $6.506 millones.

Se viene una auditoría al Acueducto, ¿qué encontró?

Se trata de una auditoría que tendremos lista en unos 15 días, es decir, seguimos haciéndola, pero parcialmente se puede decir que hay 200 contratos por valor de $13.504 millones que se realizaron para prestación de servicios, lo que equivale al 42% de los contratos suscritos a mayo de este año. Llaman la atención contratos para publicidad, cuyo objeto no correspondería a la misión de la empresa, y muchas asesorías judiciales.

¿Contratos con objetos distintos al del Acueducto?

En principio, hay tres contratos de publicidad por $960 millones cuyos objetos no corresponderían a la misión de la empresa.

¿Y muchas asesorías judiciales?

Se celebraron 64 contratos, por $4.164 millones, para asesorías judiciales y apoyo legal, y no nos explicamos cuál ha de ser la dimensión de los procesos de tipo judicial y legal que demanden tal número de representaciones.

¿Qué más encontraron?

De los 250 contratos, por valor de $31.943 millones, firmados por el Acueducto entre enero y mayo, 227 se financiaron con recursos de funcionamiento y cinco con dineros para inversión.

Arranca esta semana el SITP con una reducción en la tarifa. ¿Hay garantía fiscal para ello?

Consideramos que no y así se lo hicimos saber a la Alcaldía en junio pasado. Más teniendo en cuenta que los subsidios sólo se pueden dar en tres casos.

¿En cuáles?

Para discapacitados, para estudiantes y la tercera edad, y siempre y cuando los apruebe el Concejo. Eso dice la Ley 105 de 1993, en su artículo 3º numeral 9. Vamos a medir la afectación de las finanzas.

En cuanto a la “gratuidad” que durante casi un mes tuvo el pasaje de la Fase III, y que finalmente pagaron los bogotanos, ¿qué va a hacer?

Estamos verificando hasta dónde llegó ese monto, porque no está permitido. Sería otro subsidio no reglamentado.

El Distrito no ha podido sacar adelante la licitación de basuras y se dice que le entregarían el negocio al Acueducto, ¿qué opinión le merece esto?

En efecto hay comentarios y no vemos ese proceder de manera afortunada. Lo que corresponde es abrir el proceso de licitación. Hay $2.500 millones que se comprometieron para configurar los pliegos y no se ha hecho nada. Ahí se puede generar un daño al patrimonio público.

El alcalde había pedido un control excepcional fiscal para Bogotá y una reducción en el presupuesto de su entidad, ¿esta es su manera de responderle?

Las auditorías de la Contraloría no responden a esos embates de la administración. Nosotros hacemos un control de manera integral y así lo vamos a seguir haciendo.

 

últimas noticias