Autoridades en alerta por planes de Farc para atentar contra acueducto en Bogotá

A la arremetida de la guerrilla de las Farc en las últimas dos semanas se suma la denuncia del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo sobre amenazas que presuntos miembros del frente 53 de este grupo armado ilegal han realizado sobre líderes comunitarios de varios barrios del nororiente de Bogotá.

Al respecto, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, ya le envió un informe de riesgo de inminencia al alcalde Gustavo Petro en el cual se recogen las amenazas de atentar contra la infraestructura del acueducto comunitario que surte de agua a 14.500 habitantes de los barrios altos de Chapinero y Usaquén.

La Defensoría del Pueblo recibió las denuncias de los dirigentes de la Asociación de Servicios Públicos Comunitarios (Acualcos), quienes aseguran que desde hace tres semanas vienen siendo víctimas de amenazas y extorsiones por parte de presuntos integrantes del frente 53 de las Farc.

Según información de la comunidad, la Dirección de Derechos Humanos del Distrito ya ha sido informada de las amenazas sin que hasta el momento la Administración Distrital haya tomado medidas para proteger la vida de estos líderes y ni la infraestructura del acueducto comunitario.

Al respecto, el director de Derechos Humanos y de Apoyo a la Justicia de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, Camilo Castellanos, afirmó que, al contrario de lo expresado por la Defensoría del Pueblo, el gobierno distrital y la Policía Nacional prestan apoyo y seguridad a los vecinos de los barrios del nororiente de la ciudad que han reportado llamadas extorsivas presuntamente a nombre de las Farc.

“Los vecinos de los barrios San Luis, San Isidro (sectores I y II) y La Sureña, acudieron a la Dirección de Derechos Humanos y de Apoyo a la Justicia el pasado viernes 25 de enero y en esa misma fecha acordamos una cita con el coronel John Arango, responsable de Derechos Humanos de la Policía Nacional”, dijo Castellanos.

Agregó que el coronel Arango atendió a los vecinos el pasado martes 29 de enero y de inmediato acordaron medidas extraordinarias de protección, incluyendo la vigilancia del acueducto comunitario y que comenzaron a aplicarse de inmediato, con mayor vigilancia policial en todo el sector.

Castellanos afirmó que la carta de la que habla la Defensoría del Pueblo no ha sido radicada ante el despacho de Petro, pero que su dependencia la conoció porque fue enviada vía fax.

“Las determinaciones adoptadas con la Policía Nacional se hicieron en consenso con la comunidad, que además pidió un tratamiento discreto de la información y de las medidas de seguridad, contrario a lo que ha expresado la Defensoría del Pueblo en un comunicado”, puntualizó Castellanos.